La implementación del Sistema Nacional de Remuneraciones del Sector Público, los concursos públicos de méritos y oposición, los mecanismos de contratación pública, entre otros, son los factores que la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC) destacó en su informe, en el capítulo Ecuador.

El informe fue conocido ayer en Quito, en un acto que contó con la presencia de la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Raquel González; y el vicepresidente, Edwin Jarrín, quien leyó el informe.

En el documento se efectúa un balance de los avances y retos en materia de lucha contra la corrupción en el país, en el marco del Día Internacional Contra la Corrupción, que se conmemora hoy.
La Convención Interamericana es un tratado que tiene como finalidad impulsar la lucha contra este problema a escala internacional. La representante de Ecuador, para este tratado es Raquel González, presidenta del CPCCS.

Según el informe, la convención cataloga como buenas prácticas la implementación del Sistema Nacional de Remuneraciones del Sector Público, que según la evaluación, permite balancear los salarios de todos los servidores públicos.

Otro aspecto que destaca es la puesta en práctica del concurso público de méritos y oposición, que ayuda a conocer y reconocer a los ciudadanos que aplicaron y ganaron algún puesto dentro del Estado.

Se resalta la unificación y homologación de los salarios que reciben los servidores públicos, para lo cual el Ministerio de Trabajo se encarga de controlar el sistema.

Otro ejemplo de buena práctica es que “se corrigió el desorden remunerativo y los desfases en materia de recursos humanos”.

Sobre los concursos públicos de méritos y oposición, relievó que con ello la ciudadanía tiene ahora una mayor participación, tanto en el conocimiento de puestos vacantes como en la asignación de cargos, además de eliminar las dificultades que tuvieron los grupos minoritarios y que en otros tiempos fueron discriminados, esto es, antes de que existiera esta plataforma.

Respecto de la aplicación del Manual de buenas prácticas de contratación pública, dirigido por el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), es considerado como una guía que resalta los aspectos relevantes sobre la contratación pública, manteniendo la legalidad, igualdad, oportunidad, trato justo, transparencia e inclusión.

El informe destacó el programa ‘Contigo de ley’, que mantiene la Asamblea Nacional, que consiste en visitas a diferentes provincias del país, lo que permite la asesoría jurídica por parte de la presidenta del legislativo, a los ciudadanos, además de que con ello se logra una mejor fiscalización política.

Para la convención se trata de una buena práctica gracias a la descentralización de denuncias, antes concentradas en la capital, que ahora son receptadas en el cantón visitado por la legislatura.

Jarrín, vicepresidente del CPCCS, destacó que el país se encuentra ahora en el segundo lugar, de toda Latinoamérica, en percepción de corrupción, pero también ocupa el segundo lugar en la lucha contra la misma.

El informe fue firmado por Carlos Rodríguez, titular de Guatemala en el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención (Mesicic); y Luiz Marcelo Azevedo, del Departamento de Cooperación Jurídica en la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Otros beneficios

A más del control, las herramientas anticorrupción han traído otras ventajas. Como ejemplo, según el CPCCS, se destaca que las compras públicas han privilegiado a la economía popular y solidaria, así como también la participación de nuevos proveedores.

Según el organismo, existen más de 250.000 proveedores registrados en este servicio, de estos, 63.000 están registrados en 2015, de los cuales el 98% pertenecen a la economía popular y solidaria; este sector recibió un poco más de $ 100 millones este año, a través de los mecanismos de adjudicación implementados por la institución.

Otro eje de lucha anticorrupción son los avances en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente desde 2014, donde se tipifica por primera vez el delito de tráfico de influencias, se amplían los supuestos que configuran el delito de enriquecimiento ilícito, que incluye el caso del pago injustificado de deudas o la extinción de obligaciones.

Además se incorpora expresamente en el delito de testaferrismo a quienes aparenten como suyo el producto del enriquecimiento ilícito de servidores o exservidores públicos; se incorpora en el tipo perjurio y falso testimonio el faltar a la verdad en declaraciones patrimoniales; se determinan responsabilidades y penas para las personas jurídicas por el delito de lavado de activos, entre otros puntos.

El 31 de octubre de 2003, mediante una resolución, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió proclamar el 9 de diciembre como Día Internacional Contra la Corrupción, a fin de aumentar la sensibilización sobre este tema y establecer mecanismos para su prevención.

González destaca ejecución de plan

27.389 acciones de control se han hecho desde 2015

Solo en 2015 el 94,3% de instituciones presentaron su informe anual de acceso a la información pública. Aquello desde que se puso en marcha el Plan Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción, elaborado por la Función de Transparencia y Control Social (FTCS).

Así lo manifestó la titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Raquel González, tras señalar que este indicador es fundamental para que la ciudadanía acceda a la información pública de las instituciones.

Sostuvo que solo en 2015 y el primer semestre de 2016 se ejecutaron 27.389 acciones de control, de las cuales se han remitido 490 casos a Fiscalía por evidenciarse una actuación contra la ley.

En 2016 -añadió- el 82% de instituciones rindieron cuentas. Es decir, cerca de 5.000 instituciones públicas, medios de comunicación, empresas públicas y gobiernos autónomos descentralizados cumplen esta obligación.

Aunque recalcó que son muchos los avances en el establecimiento de políticas públicas, institucionalidad y normativa para combatir este mal, también es cierto que falta mucho por mejorar. “La lucha contra la corrupción no es un problema de una institución solamente, sino de todo el Estado: funcionarios públicos, sector privado y ciudadanía”.

Insistió en que si el ciudadano, el empresario y el funcionario público denuncian actos que pueden generar corrupción, las instituciones podrán investigar y sancionar aquel hecho.

Agregó que es importante fortalecer las instituciones de lucha contra la corrupción. “Como CPCCS no podemos sancionar bajo ningún concepto cuando evidenciemos un caso”, por lo que urgió una reforma fuerte en aquellos cuerpos legales referentes al tema.

Para el analista Winston Alarcón son importantes los avances en la lucha contra la corrupción. Destacó que el propio presidente Rafael Correa ha sido uno de los que han insistido en que se sancione a quienes incurrieron en una irregularidad, aunque sean máximas autoridades.

También destacó que si se aprobara la consulta relacionada con los paraísos fiscales, sería un gran avance en la lucha contra la corrupción en el país.

En cambio, el sociólogo Gaitán Villavicencio se mostró crítico del funcionamiento de la Función de Transparencia y Control Social, pues a su criterio no ha habido un real empoderamiento ciudadano para denunciar actos ilícitos.

Pese a ello tampoco es partidario de una eventual eliminación de esta función, sino que más bien debería encaminarse a una reestructuración para que cumpla con el rol sancionador. (I)