El ministro del Trabajo, Carlos Marx Carrasco, destaca lo recopilado hasta ahora en los diálogos ciudadanos, con dirigentes y con los mismos trabajadores del país, así como la importancia de que la enmienda constitucional siga su marcha en lo referente al tema laboral.

Dice que el 15 de septiembre harán una pausa para evaluar los resultados del diálogo y que la huelga anunciada por un grupo de dirigentes sindicales de oposición son “acciones parapolíticas” y que, al igual que la última, “será un paro sin parados”.  

¿Cómo van los diálogos con los trabajadores, con los líderes sindicales y con los ciudadanos en general sobre la enmienda laboral?

Hemos tenido intensos, profundos y democráticos diálogos, llegando al más amplio nivel y conversando con ciudadanos en general, con trabajadores del campo y la ciudadanía, en relación de dependencia, independientes, autónomos, profesionales, universitarios, bachilleres y no bachilleres, amas de casa y empleadas remuneradas de los hogares, de varias zonas del país.
Hasta ahora hemos conversado con trabajadores y empleadores de casi  700 empresas, con dirigentes de asociaciones de funcionarios públicos y directores de talento humano de 900 instituciones a nivel nacional y territorial (cantonal o provincial). Hemos dialogado con la dirigencia de las centrales sindicales a nivel nacional, excepto el Frente Unitario de Trabajadores (FUT)-MPD que decidió autoexcluirse, pero hemos dialogado con el Parlamento Laboral y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

¿Qué les han expuesto en esos diálogos? ¿qué inquietudes?

Que no hemos informado lo suficiente, con profundidad, con la debida oportunidad, con claridad. Y de alguna manera el Gobierno como que ha permitido que ciertos medios de comunicación lleven la delantera y hayan informado de manera incompleta, inoportuna o tergiversada.

¿En qué aspectos o temas?

Por ejemplo, que no hay claridad sobre el verdadero alcance de las enmiendas constitucionales, particularmente las que tienen que ver con la unificación de las leyes en un solo cuerpo jurídico tanto para los llamados obreros y servidores entre comillas, que proteja los derechos y también norme las obligaciones de todos los trabajadores del sector público. Otro tema es el que tiene que ver con el 40% del aporte del Estado para los fondos de pensiones jubilares. Hay incomprensión sobre ello, pero una vez que conversamos a detalle el contenido de esa ley, la gente entiende y la respalda masivamente.

En el tema de la Ley de Herencias ha habido una mala interpretación, una tergiversación total. En los diálogos se ha identificado que esa normativa, a la mayoría, es lo que menos les preocupa. Se está entendiendo la importancia de lo público, lo fundamental en cuanto al papel del Estado en materia de incidir directamente en la distribución primaria del ingreso y en la distribución secundaria, esto es a través de políticas del trabajo. Por ejemplo, en el primer campo, a través de la política tributaria; en el segundo campo, en la generación de igualdad de oportunidades, sobre todo a través de la salud y la educación.

¿Hasta cuándo recabarán esas inquietudes salidas del diálogo?

El 15 de septiembre se evaluarán los resultados de este amplio diálogo y se definirá cuál sería la agenda...

¿Cuán importante es la ratificación de los convenios 151, 154 y 184 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y qué tan real es que su ratificación allanaría el camino para archivar la enmienda laboral propuesta por el Ejecutivo?

Primero: el tema está fundamental y casi exclusivamente en manos de la Asamblea Nacional, puesto que legal y constitucionalmente es el espacio para el tratamiento de dicho tema. Con o sin la ratificación de los  convenios 151, 154 y 184 de la OIT, es claro el consenso respecto de que debe existir una sola ley que proteja a los trabajadores del sector público. No tiene sentido mantener esta bifurcación o estas dos leyes que protejan a iguales, ya que debe ser una sola ley. Por consiguiente, mi opinión como ministro es que ahora es cuando más coherencia tiene la enmienda constitucional.
Insisto, el archivo no tiene sentido si es que se trata de tener una sola ley que proteja los derechos y las obligaciones de todos los trabajadores públicos. La enmienda es fundamental y, de hecho, en algunos países esa línea de gestión ya se aplica. (I)

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