El experto en periodismo y de nacionalidad española Daniel Barredo Ibáñez llegó al país como investigador del proyecto Prometeo. Ahí descubrió fallas en la comunicación institucional en entidades públicas y su escasa aplicación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC).

¿Qué es lo que más le llamó la atención en su investigación sobre el manejo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en entidades públicas de Ecuador?

Fue conocer la poca importancia que se da a las TIC, las cuales tienen un montón de beneficios para un país como Ecuador. Estas son su bajo costo, la posibilidad de interconectar a la gente y de transferir los resultados, en este caso de la Revolución Ciudadana, y que deben llegar de una forma más extensiva a la población.

¿Qué datos se revelaron durante ese estudio?

Cifras oficiales señalan que 4 de cada 10 ecuatorianos se conectan a internet. Si nos fijamos en los entornos urbanos, esta cifra se eleva. Por ejemplo se comprobó que 9 de cada 10 ciudadanos en Quito utilizan esta herramienta.

¿Por qué motivo se da esta diferencia en estos entornos?

Primero, por un problema de infraestructuras de conexión. A ello se suma lo económico, esto implica tener una computadora o un teléfono móvil con acceso a internet. Aún hay lugares en los que predomina la pobreza extrema.Uno de los motivos preocupantes es que se evidencia una analfabetización digital que es no conocer los beneficios potenciales.

¿Dónde se evidenció esto?

En un estudio que realizamos en la provincia de Chimborazo se comprobó que en la mayoría de los cantones no tenían cuentas de redes sociales, como Facebook y Twitter. Solo en tres localidades las tenían, pero quienes las usaban no daban cuenta de un conocimiento elevado de narrativa digital. Con ello nos dimos cuenta de que implican diferentes motivos desde lo económico hasta lo sociocultural.

¿En qué otros casos se evidenció un escaso aprovechamiento de las tecnologías de la información?

Observé en departamentos de comunicación institucionales que falta una mayor especialización. Las instituciones, tanto públicas como privadas, tienen un esquema aún tradicionalista. Prefieren inyectar miles de dólares en publicidad en medios de comunicación, antes que contratar a jóvenes comunicadores especializados en cada una de sus rutinas. Estos elementos apoyarían con información multisoporte en redes sociales, entre otros.

¿Cuál es la propuesta desde su experiencia y como especialista?

Un departamento mucho más horizontal, donde hay un líder, pero los demás integrantes conozcan cuál es el plan de comunicación y los límites. A partir de esto, todos pueden desempeñar su trabajo más autónomamente y no dependen de la autorización de terceros.

¿Cuál cree que es la clave para lograr esta propuesta?

Dotar a los comunicadores de una mayor autonomía. Es decir, una persona que maneja redes sociales ya no tendría que estar pidiendo permiso de manera continua al jefe departamental, que muchas veces pasa ocupado y no tiene tiempo de aprobar cada paso que hagan sus colaboradores.

¿Qué opina de que la Ley Orgánica de Comunicación no se refiere sobre la información generada desde las instituciones?

Junto a mi compañero José María Pérez Zúñiga realizamos un libro que publicaremos en un mes y medio con observaciones a la Ley Orgánica de Comunicación del país. Ahí se proponen unos cambios sustanciales, como el hecho de que se regulan los medios de comunicación, ¿pero qué pasa con la comunicación institucional? En el nuevo sistema de medios, tanto los públicos como los privados, tiene una importancia grande, pero los departamentos de comunicación institucional tienen una doble importancia para la cohesión.

¿Qué proponen?

Si queremos impulsar un mayor conocimiento de los progresos que se están llevando a cabo en el país, no nos queda más remedio que activar las instituciones.

¿En qué casos observó este problema institucional?

Uno de los factores del revés electoral de AlianzaPAIS, con su cabeza, el presidente Rafael Correa, el pasado 23 de febrero en las elecciones seccionales, fue la desactivación de las principales instituciones del Estado. En un estudio realizado por entidades académicas se comprobó que no informan de lo que hacen como institución. Solo lo hacen con la agenda de sus líderes ministeriales.

Creo que el presidente Correa es la única persona que está cargando con toda la responsabilidad en su cuenta de Twitter, pero no las instituciones con los reclamos y quejas ciudadanas. No pueden existir entidades con elevados presupuestos que en algunos casos superan los $ 100 millones y no cuentan a sus usuarios lo que hacen a través de herramientas digitales. Y esto es muy grave.