Una vez que Mónica Rodríguez asumió como presidenta subrogante del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), el pasado 9 de mayo, tras la renuncia de Patricio Baca Mancheno, se encontró con una “incómoda situación”: la suscripción de contratos.

Uno de ellos -explicó- es el contrato 007 que fue suscrito por el TCE y José Luis Moreno Macías para la “contratación de productos y servicios comunicacionales para el fortalecimiento de la imagen del TCE”, valorado en $ 145.600.

Ese monto incluyó la realización de encuestas para medir el desempeño del Tribunal en el país. Eso costó $ 20.000. Además, $12.500 fueron usados para crear el Manual de Marca del Contencioso, de 134 páginas. También se creó un video infomercial con animaciones en 3D; un jingle de la canción símbolo del TCE ($ 7.000); una cuenta oficial de Twitter ($ 10.000) y Facebook ($ 10.000); el logotipo ($ 5.000), entre otros.  

A Rodríguez también le llamó la atención el contrato 013 suscrito el 7 de noviembre de 2014 que significó una reforma en la Programación Anual (PAC) para viabilizar los fondos para la suscripción del contrato.

El objetivo era la “contratación de productos y servicios comunicacionales para el posicionamiento del TCE a través de la utilización de las herramientas de la Tecnología de Información y Comunicación (TIC)” a un costo de $ 207.213.

El ganador del concurso fue Amauri Chamorro, acusado de manejar los trolls center en el gobierno de Rafael Correa.

Del monto total del contrato, $ 18.316 se destinaron para la elaboración del cronograma y plan de trabajo para el desarrollo de las actividades. $ 54.948 se usaron para el plan estratégico de comunicación digital y el diagnóstico comunicacional del Tribunal.

Y $ 109.896 cobró Chamorro para elaborar la plataforma virtual, las piezas comunicacionales, el plan de pauta en redes, la gestión de redes, la capacitación del uso y la administración de las comunidades virtuales. Todo el contrato fue ejecutado en 45 días.

Rodríguez se expresó sorprendida tras encontrar que en la institución existen “más de 15 pagos con tarjetas de crédito a la cuenta de Twitter y Facebook del Tribunal para que se haga el tema de retuiteos, promoción (…). No puedo permitir que gente pague de su dinero la promoción y difusión de una cuenta para Twitter”.

El Tribunal pasó de tener 600 seguidores en Twitter a más de 22.000 actualmente.

Rodríguez envió a la Contraloría los dos contratos antes mencionados para que los audite. En cuanto a los contratos administrativos, en 2015 se aprobó la elaboración del Estatuto Interno del TCE por $ 24.000, pero posteriormente se hizo una nueva contratación por la reforma del Estatuto, por lo que se pagaron alrededor de $ 21.000.

El inconveniente, según Rodríguez, es que el estatuto nunca se llegó a implementar totalmente en el Contencioso Electoral porque supuestamente los ministerios de Trabajo y Finanzas no aprobaron la nueva estructura orgánica del Tribunal. Por eso, el TCE sigue trabajando con el Estatuto de 2010 y con parte de 2015. Estos dos contratos también serán auditados por Contraloría.

Rodríguez es evaluada por el Consejo de Participación Transitorio y allí se determinará si continúa o no en el cargo.

El expresidente del Contencioso Electoral, Patricio Baca Mancheno, manifestó que Rodríguez conocía de estos contratos ya que ingresó en noviembre de 2016 y fue designada vicepresidenta.

“Los documentos son públicos. ¿Por qué la señora saca los documentos ahora y cuando fue Vicepresidenta nunca dijo nada?”, se preguntó. Para él se quiere aparentar que “está luchando contra la corrupción”. Denunció que con “mala fe y dolo” busca “afianzarse y apalancarse en la lucha contra la corrupción”.

Sobre el contrato 007, el expresidente explicó que para ello no se contrató al que “pasaba por la calle” sino al más apto, el cual debía cumplir ciertas condiciones estipuladas en la ley.

Dijo que una cosa es abrir cuentas personales y otra una cuenta oficial de una institución del Estado. “Decir que se ha pagado   $10 mil por crear una cuenta en Twitter es engañar a la ciudadanía. Es un todo lo que se contrató, respecto a seguridades, branding (...)”.

Justificó el precio de ese servicio específico al detallar que ese lo pone el contratista “porque se contrata un todo, no solo la creación de una cuenta”.

Recordó que antes nadie conocía al Tribunal y luego del contrato y tras los beneficios de impulsar la imagen, el ente es conocido y reconocido.

Respecto al contrato 013, cuyo contratista es Amauri Chamorro, Baca Mancheno destacó la experiencia del oferente, sin embargo señaló que “al señor Chamorro no le había visto nunca hasta antes de 2014, excepto cuando se produjeron reuniones de trabajo sobre estos temas (contrato)”.

Reconoció que Chamorro dio una charla en el Tribunal en el 2017, cuando Mónica Rodríguez era vicepresidenta del Contencioso y “por qué ahí no reclamó la presencia del señor Chamorro. Que no sea maldiciente la señora al decir que se estaban haciendo las cosas a escondidas”, puntualizó.

Sobre las reformas al PAC manifestó que eran necesidades de la entidad. (I)