Prefiere la academia a la función pública. Gustavo Vega, expresidente del Consejo Nacional Electoral Transitorio (CNE-T) y rector de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), conversó con este Diario sobre ese tema en medio de un taller del centro de estudios superiores.

¿Cómo fue trabajar en el Consejo Nacional Electoral por tres meses?
Supimos manejar con pinzas el consejo y de manera tal que casi el 99% de decisiones del pleno fueron por unanimidad y unidad.
La primera es gregaria y la segunda es madura y cerebral. Logramos esa unidad con base de la gobernanza estupenda. Los cinco consejeros funcionaron bajo mi liderazgo con una cordialidad política y humana.

Eso necesitamos, hay que buscar la gobernanza para no deshacernos en facciones en los momentos que hay que responder a Ecuador. El trabajo fue elegante, nítido, transparente, para nada sesgado y fruto de una gran convocatoria. Pero con los funcionarios del consejo fue más difícil.

¿Por qué?
Es una burocracia inmensa, que empezó con 200 en la época del correato y terminó en 1.040. Fue bastante complejo estar adentro del organismo. Busqué la manera de fungir de San Martín de Porres para que coman en el mismo plato perros y gatos. Otros ratos también actué de San Judas Tadeo y puse una vela para causas catastróficas.

¿Boicotearon el trabajo?
La mayor parte de funcionarios estuvo en un plan de serrucharnos el piso y de boicotear documentos. Por ejemplo, en la última sesión del pleno todo estaba listo para aprobar la convocatoria a la consulta popular, que fue solicitada por los campesinos de Quimsacocha, del cantón Girón en Azuay. Ellos quieren declarar los páramos libres de extracción minera.

Sin embargo, gente del CNE reemplazó parte de ese documento por otro, con el pedido de consulta popular del exvicepresidente Jorge Glas. Él proponía la extracción minera del 60% de esa zona. Hicieron un collage, de corte y pega. Pero nos dimos cuenta a tiempo y pedimos reelaborar esa parte.

¿Quiere decir que hubo un complot?
Es impresionante lo que vivimos allí. Tuvimos filtraciones permanentes del sistema Quipux, que es un correo interno, a los trolls externos. El objetivo era denostarnos para que la sevicia de la década pasada se expresara, a través de insultos y vejámenes. Pero eso nos resbaló, porque recibimos el 70% del respaldo ciudadano.

¿Qué resultados concretos tuvieron?
Uno de ellos es que de los $ 144 millones del Plan Operativo Electoral (POE) asignamos $ 99 millones, con mecanismos exigentes de rendición de cuentas. Les negamos recursos a varios partidos y movimientos políticos que no cumplían los requisitos. Ese fondo debe regirse por la ética, la legalidad y la transparencia. Además firmamos convenios con la Contraloría para vigilar que no haya desvíos de fondos públicos o privados en las campañas electorales.

Ustedes presentaron a la Asamblea reformas al Código de la Democracia.
Hicimos tres talleres con expertos en materia constitucional, de Derecho Político y Electoral, de Derecho y Democracia. También con informáticos, ingenieros y estadistas para que contribuyan al trabajo. Esas reformas son el primer borrador para que discuta la Asamblea en marzo.

Plantean eliminar el método D’Hondt. ¿Por qué?
Porque el índice D’Hondt avasalla a las minorías y privilegia a las mayorías. En 2004 se dio de baja ese método, pero se lo rehabilitó en 2012 y está en vigencia.

Ustedes señalan que el Código de la Democracia limita la libertad de expresión y propusieron cambiar ese articulado.
Ese tema no solo está en la Ley Orgánica de Comunicación, sino está metido de manera de subterfugio en el Código de la Democracia. Es una limitación y una invasión a la libertad de expresión. Para pautar en los medios se necesitan mil requisitos. Tuvieron que inventarse una cantidad de inhabilidades para no pagar. Por eso nuestra propuesta es agilizar el sistema, honrar las publicidades éticas y honestas, con base a la libertad de expresión.

La resolución del consejo sobre la OEA fue muy criticada...
Fue un proceso muy complicado. Resolvimos desistir de la veeduría de la OEA porque teníamos 11 veedores internacionales de categoría, honestidad y transparencia que cuiden las próximas elecciones.

Luis Almagro, secretario general de la OEA, se opuso a la consulta popular en contra de la soberanía de Ecuador en febrero de 2018. Además, aceptó en su equipo de trabajo a quienes fueron condecorados por el gobierno de Rafael Correa.

¿Por qué rechazaron la certificación internacional ISO 9001 también de la OEA?
No es confiable, es un reconocimiento técnico de procesos internos, no de ejecución de procesos electorales. Además es costosísima, solo la inscripción a la certificación cuesta $ 35.000.

Eso está a cargo de una empresa privada mexicana, contratada por la OEA para poner la certificación a su nombre en Ecuador. Es una oficina de marketing y de sinvergüencería para publicitar ese sistema. Es falso y perverso, por eso desistimos de ella.
 
¿Qué expectativa tiene del informe de la Contraloría sobre los siete últimos años del CNE?
Anticipo que será un escándalo. Por ejemplo, entregamos a la Contraloría varias consultorías faraónicas, con montos excesivos, que fueron realizadas por empresas ilegales y no registradas en la Superintendencia de Compañías. También encontramos el secuestro de la base de datos de las preguntas para los concursos de los exconsejeros.

A los participantes les dieron esa información para que ganaran. Todo eso está en un documento de 250 páginas. La Contraloría, a través de su equipo de trabajo en el Consejo Transitorio, nos felicitó por la transparencia.

¿En ese documento había algo sobre el expresidente del CNE, Juan Pablo Pozo, quien fue muy cuestionado por su cercanía al expresidente?
Pozo había cobrado $ 40.000 de viáticos por viajes continuos al extranjero. Mientras Nubia Villacís, también expresidenta del CNE, cobró $ 33.000 por viáticos. Para citar un ejemplo comparativo. El Consejo Transitorio tuvo cinco invitaciones al extranjero. No acepté ninguna de ellas, para mí, por una cuestión de honestidad y de ética.

Pero dispuse que viaje dos veces la actual presidenta del organismo, Diana Atamaint. También que la exconsejera Camila Moreno asista a dos eventos internacionales, que podían brindar una línea de aprendizaje. No les dimos ni un centavo, todo fue pagado por esos organismos internacionales. No despilfarramos el dinero de los ecuatorianos.

El nuevo CNE se instaló dividido ¿Cómo mira eso?
Creo que fue un acto inmaduro, súbito e impulsivo. Sin embargo, después de eso he sentido que tienen una actitud interesante. Tuvimos una sesión conjunta y les informamos sobre la función. Así debe ser un organismo civilizado, pero no es muy común en el país porque somos muy caníbales.

En la primera sesión del nuevo CNE hubo algunos errores. Ellos creían que podían desplazar la convocatoria a elecciones hasta el sábado. Pero la fecha máxima era el 21 de noviembre.

¿Es mejor regresar a la academia que estar al frente de la función pública?
La academia tiene sus propias dificultades, pero es un espacio de debate crítico. No tiene el mismo matiz de la política. Por eso solo acepté un Consejo Transitorio y la presidencia de este para enderezar el chaquiñán de la democracia y contribuir a institucionalizar el país.

Además fuimos nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, no por el Presidente de la República. Eso nos dio plena libertad y autonomía. Por lo tanto, soy un pez que regresa al agua, la universidad ha sido mi pasión y mi perdición. (I)