Las deudas y retrasos en obras públicas y dependencias municipales deterioradas son, entre otros, los principales problemas que han heredado las nuevas autoridades seccionales, inicialmente en 9 cantones del país, 5 de los cuales son de la provincia del Guayas.

Esta situación ha motivado a los alcaldes de esas jurisdicciones a solicitar auditorías para conocer los estados financieros reales de sus cabildos.

Una de las medidas más radicales fue la adoptada en Durán, provincia del Guayas. Allí la alcaldesa Alexandra Arce logró que el Concejo, por mayoría de votos, frenara los pagos a fideicomisos y contratos por obra pública, para ponerse al día con los sueldos de los empleados y trabajadores, que llevaban 2 meses sin recibir sus haberes.

Además, desde hoy hasta el 9 de junio las dependencias municipales cerrarán la atención al público para ordenar la información, procesos y servicios que presta el Cabildo. Las áreas de recaudación de tesorería, rentas, catastro, pago de planillas de agua potable, bomberos y recolección de basura sí laborarán con normalidad.

La idea es concentrar esfuerzos en trabajos emergentes; por ejemplo, identificar a todo el personal contratado. También se organizarán documentos, se adecentarán por completo el edificio y las áreas de atención al público, se incluirá la señalética interna de orientación y se remodelarán varias dependencias, entre otras acciones.

La alcaldesa Alexandra Arce, de AP, sostuvo que “no es posible continuar atendiendo en medio del desorden, el caos, la basura y la desorganización heredadas”.

El prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, en entrevista con EL TELÉGRAFO, calificó de lamentables los problemas en las transiciones en varios cantones.

Los hechos, dijo, se concentran en los municipios con administraciones prolongadas y la justicia será la que determine responsables.

El pasado 15 de mayo, en el cantón Milagro, en un canchón municipal fueron encontrados facturas de agua potable, estados financieros, comprobantes de pago e incluso contratos del cabildo parcialmente incinerados.

La fiscal Susana Amores explicó que los documentos serán examinados por la Unidad de Criminalística de Guayaquil para determinar su procedencia y contenido. Hay dos detenidos para investigaciones.

“Hemos encontrado estados financieros de 2007, 2008 e incluso de 2013, comprobantes de pago de 2013 y también contratos, en llamas; vamos a hacer el proceso adecuado y darles a conocer a los milagreños estas graves anomalías”, declaró la alcaldesa Denisse Robles, también del movimiento oficialista.

A estos escenarios se suman los ya conocidos en Muisne (Esmeraldas), cuyo alcalde, Eduardo Proaño, recibió un edificio municipal en caos.

En Manta, la nueva autoridad ha solicitado a la Contraloría una auditoría a la construcción de la terminal terrestre, que debió ser entregada en diciembre del año pasado, como señalaba el contrato, pero fue aplazada, primero para marzo, y luego para este mes; sin embargo, los trabajos aún no concluyen.