Tras de la captura del prefecto del Guayas Carlos Luis Morales, la madrugada del miércoles 3 de junio, por una investigación por la supuesta compra de suministros médicos con sobreprecio, los alcaldes del Guayas convocaron una reunión para analizar la situación legal de la autoridad provincial.

El encuentro se llevará a cabo en Guayaquil el jueves 4 de junio y en él se prevé analizar -entre otros asuntos- una posible destitución. El concejal Luis Almeida, delegado del Municipio de Guayaquil en el Consejo Provincial, es partidario de esta medida.

“Para mí debe ser separado, ya es hora de que se castiguen estos actos de corrupción. Si el juez confirma la orden de detención, el Consejo deberá sesionar inmediatamente, yo plantearía destituirlo para dar un ejemplo”.

Otros alcaldes como Edson Alvarado (Santa Lucía) y Daltón Narváez (Durán) aseguran que se debe esperar la resolución del proceso judicial antes de pensar en un posible relevo.

“Si en el proceso de investigación, él no demuestra (su inocencia) y un juez lo sentencia ya queda detenido y en ese momento deberá haber un proceso de relevo”, consideró Narváez.

El artículo 333 (literal d) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), señala como causal de destitución el "despilfarro, uso indebido o mal manejo de fondos", siempre y cuando esté "legal y debidamente comprobado".

Este mismo cuerpo legal detalla el proceso de destitución, que inicia con la entrega de una denuncia por escrito y pruebas al órgano legislativo del Gobierno Provincial, el cual remitirá la denuncia a la Comisión de Mesa que calificará y, en caso de hallar causales, dará paso a la apertura del expediente.

Esta comisión, que actualmente está conformada por el Prefecto Carlos Luis Morales; Francisco Asan, alcalde de Milagro y Ángela Herrera, alcaldesa de Alfredo Baquerizo Moreno, dispondrá un plazo de 10 días receptar la presentación de pruebas de cargo y descargo.

Superados este tiempo, el Prefecto o quien se encuentre subrogando sus funciones, deberá convocar en los cinco días posteriores una sesión del Concejo, para escuchar los argumentos y votar la moción, que requiere el apoyo de tres cuartas partes de sus integrantes para aceptarse. (I)