Los legisladores de la bancada del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC-MG) hoy se oponen a los dos proyectos de ley humanitaria y a la ley de finanzas, presentadas por el Gobierno para salir de la crisis de la emergencia sanitaria, económica y social.

Sin embargo, olvidan lo que hizo su partido al llegar al poder con León Febres-Cordero. El 5 de marzo de 1987, Ecuador registró dos terremotos de magnitud 6,1 y 6,9 en la escala de Richter, en los que cerca de 1.000 personas fallecieron y provocó afectaciones en infraestructura pública, sobre todo el Oleoducto Transecuatoriano.

También afectó la única carretera que unía Quito con los campos petroleros del Oriente. Según estimaciones de ese año, los sismos provocaron pérdidas económicas en aproximadamente $ 1.000 millones, lo que para ese entonces representaba el 7% del Producto Interno Bruto.

Tras ello, el gobierno del entonces presidente de la República y exlíder del Partido Social Cristiano (PSC), León Febres-Cordero, anunció una serie de severas medidas económicas para afrontar el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas.

Entre ellas constan: la suspensión del pago de la deuda externa a los bancos privados, incremento de los precios de los combustibles, un plan nacional de austeridad, aumento del valor del pasaje de la transportación pública y un congelamiento de los precios de un conjunto de productos esenciales.

Un año antes de dicho suceso, el gobierno de Febres-Cordero elevó del 6% al 10% la tarifa del impuesto a las transacciones mercantiles (ITM), que actualmente se llama impuesto al valor agregado (IVA).

Además, en el régimen socialcristiano hubo varias reformas a los impuestos a los consumos selectivos, hoy conocido como impuesto a los consumos especiales (ICE). Así, en 1985 se aumentó al 25% el tributo al consumo de cerveza y al 20% el consumo de bebidas gaseosas.

Pese a esos antecedentes, actualmente los legisladores del bloque del PSC han hecho varios reparos al proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que pasó su primer debate en la Asamblea.

Según Vicente Taiano, jefe de la bancada socialcristiana, dicha normativa constaría, en su mayoría, “de impuestos disfrazados de una solidaridad temporal”. El asambleísta indicó que ellos propusieron medidas alternativas para obtener liquidez. Una sería a través de la emisión, por parte del Estado, de títulos de créditos en materia tributaria, “que bien puede ser comprado por la banca, por grandes empresas o personas naturales”.

Sobre la postura del bloque socialcristiano, la legisladora del movimiento Alianza PAIS, Ana Belén Marín, manifestó que los parlamentarios de dicha bancada han tomado el tema de las contribuciones solidarias como nuevos impuestos. No obstante, cree que se debe evaluar todo lo que se quiere considerar como contribuciones y nuevas propuestas para estar en la capacidad de pedirle al ciudadano común que aporte.

Sostuvo que en el proyecto de Ley humanitaria se planteó un impuesto del 2% al patrimonio que está en Ecuador, pero que su registro está en paraísos fiscales.

Dijo que este tributo está dirigido para aquellas personas que, de manera antipatriota, han sacado el dinero del país, por lo que lo único que se propone es el retorno de esos recursos. “Esa es una de las propuestas que difiere totalmente de lo que se está mal informando para decir que ahora esta Asamblea quiere poner un impuesto al inmueble cuando es absolutamente falso”, enfatizó Marín.

Este lunes 4 de mayo de 2020, en una entrevista a Teleamazonas, el presidente del Legislativo, César Litardo, reiteró que el proyecto de ley humanitaria busca, en estos momentos complicados que vive el país, alguna manera de solidaridad para que los que más tienen apoyen a los que menos tienen en temas como salvar vidas y reactivar la economía de Ecuador.

Tras ello descartó que la Asamblea vaya a actuar de manera irresponsable en cuanto a los plazos establecidos para aprobar la normativa. (I)