Marcó el camino a la reinstitucionalización del país. El presidente Lenín Moreno consiguió eso con la consulta popular para que el país vuelva a la democracia, recupere libertades y cambie temas en la Constitución elaborada por el correato en 2008.

Ecuador sufrió dos grandes atentados durante la década del gobierno anterior: el primero fue económico debido al desfalco y la deuda externa oculta de $ 70.000 millones, así como por los actos de corrupción que le costaron al erario $ 40.000 millones, según estimaciones de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA). El segundo ataque fue a la institucionalidad, porque las entidades fueron tomadas y desmanteladas por Correa.

La consulta fue un golpe político para Rafael Correa, quien impuso reelegirse indefinidamente a través de una enmienda constitucional en el Legislativo. Pero, en menos de un año, se quedó sin organización política, sin su exvicepresidente Jorge Glas, condenado a seis años de prisión por asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht; y sin sus autoridades afines en la Contraloría, Fiscalía y cortes.

Esta especie de “goleada” de Moreno contra su excompañero de fórmula se concretó el 4 de febrero de 2018, cuando el 73% de los ecuatorianos apoyó al Presidente y a sus siete preguntas en la consulta: la lucha contra la corrupción, la eliminación de la reelección indefinida y la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana.

Además, la no prescripción de los delitos sexuales, la prohibición de la minería metálica en sitios protegidos, la derogación de la Ley de la Plusvalía y el incremento del área protegida del Yasuní.

Quizá para la ciudadanía, uno de los temas más importantes fue declarar la muerte civil a los funcionarios y candidatos  corruptos, y prohibir que las empresas corruptas contraten con el Estado.

El politólogo y docente de la Universidad Andina, Gustavo Isch, resaltó que, estratégicamente, Moreno cumplió más allá de lo pensado. “Ha recuperado las instituciones, las libertades y los reductos del correísmo son depurados. Cada vez hay menos y están más golpeados. El objetivo de Moreno se ha cumplido bastante bien”.

Otro tema fundamental de la consulta fue la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana en manos del correísmo. Para esa tarea, Moreno envió una lista a la Asamblea para designar a los siete integrantes y devolver la institucionalidad al país: Julio César Trujillo (+), Luis Macas, Luis Hernández, Eduardo Mendoza, Pablo Dávila, Xavier Zavala y Myriam Félix.

De la mano de Trujillo, quien fue presidente del organismo transitorio, se designó a las nuevas autoridades de control y de justicia.
Todo esto bajo un proceso legal, veedurías ciudadanas y concursos de merecimientos. El Transitorio cesó funciones a la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura, Corte Constitucional, Procuraduría y ocho superintendentes. En Contraloría mantuvo al subrogante Pablo Celi.

Para el docente de la UDLA y politólogo César Ulloa, Moreno halló en la consulta no solo un mecanismo de democracia directa para que el pueblo se pronuncie, sino que configuró una estrategia para desmarcarse del correísmo en lo que se refiere a sentar nuevas bases en las instituciones mediante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. (I)