Desde que Gina Benavides recibió el encargo por parte del Consejo de Participación Transitorio (CPCCST) de dirigir la Defensoría del Pueblo el pasado 3 de mayo se inició un trabajo de aproximación primero con el personal administrativo y misional para preparar un plan de reforma que espera cumplir en seis meses.

Sin embargo, Benavides advirtió que a la entidad se le han asignado demasiadas competencias en los últimos años, lo que “ha generado una gran presión; estoy hablando de unas 20 normas que han trasladado procesos y tengo personal aquí que está saturado”, comentó la funcionaria encargada.       

¿Cómo encontró a la Defensoría del Pueblo?
Como primera percepción, hay demasiadas competencias. Tengo personal que está saturado porque tiene que tramitar temas sobre la ley de acceso a la información pública y otros que están trabajando en el área de usuarios, defensa al consumidor, que tienen alta demanda; atención a grupos prioritarios, derechos de la naturaleza.

Desde la perspectiva de voluntad institucional existe el ánimo de atender todo, pero ya las capacidades humanas y también los recursos económicos no nos dan y esto lo estoy percibiendo desde la oficina central, pero ahora voy a analizar lo que sucede en provincia donde también debe haber la misma presión.

¿Cuáles atribuciones están demás?
Por ejemplo hay competencias derivadas de la ley del Anciano, ley de Turismo, ley de Erradicación de la Violencia Contra la Mujer, ley de Discapacidades. Me parecen  importantes, pero son carga extra para mis equipos.

En los últimos años se han acumulado competencias que disuelven el propio mandato de la Defensoría. El 60% de las denuncias que recibimos son reclamos de consumidores, el 30%  cumplimiento del debido proceso y lo que sería la esencia del trabajo de esta entidad, que es la activación de acciones constitucionales para defender derechos, es apenas el 10%.

¿Qué propone para resolver esto?
Tendría que implementar procesos de priorización, pero tenemos límites y no depende de mi voluntad, pues son competencias dadas por ley y no las puedo dejar. Aquí tengo que impulsar un proceso de reforma legal para que me quiten estas atribuciones, promover reformas que necesitan algunas leyes. Será un trabajo con la Asamblea.

Entonces, ¿qué pasaría con las nuevas competencias que otorgarían a la Defensoría las reformas a la Ley de Comunicación planteadas por el Ejecutivo?
En este punto quisiera decir que la Defensoría no ha sido consultada para ver cuáles son nuestras capacidades como para que nos puedan entregar estas nuevas funciones; las reformas las he leído a partir de que se hizo pública la propuesta que estamos analizando con mi equipo.

¿Qué opina de las reformas?
El aspecto positivo que resaltamos es que la propuesta reproduce el discurso de Derechos Humanos al asumir a la comunicación como un derecho y no un servicio público. Sin embargo, tenemos preocupaciones por las tres facultades que se nos quiere dar en este proyecto referidas al otorgamiento de medidas de protección o restitución, la segunda de activar o patrocinar las garantías constitucionales y la tercera intervenir en los casos que correspondería derivar a las autoridades judiciales pertinentes.

¿Cuál es la preocupación?
Las dos últimas competencias las tenemos sin necesidad de ninguna ley porque están en la Constitución, pero la primera, sobre las medidas de protección y restitución, nos preocupa porque es una medida precautoria al derecho que está a punto de ser violado.

Entonces se pone una medida de protección como un impedimento para que no se concrete. En el caso de la comunicación es complicado porque tendríamos que aplicarla antes de que suceda; entonces podríamos caer en los rumores, lo que nos llevaría a la censura previa y esto tenemos que evitar. Hay que analizar bien esta parte.

¿No está de acuerdo con emitir medidas de protección?
La Defensoría no estaría de acuerdo. En esto tiene que haber un posicionamiento claro; estamos hablando de la protección de un Derecho Humano y cuando esto pasa quienes deben actuar son los jueces. Aquí tiene que haber una idea clara. De acuerdo a nuestro propio ordenamiento constitucional todos los jueces se convierten en constitucionales cuando hay violación de derechos. La Defensoría no es un ente sancionador.

¿Presentó a alguna autoridad estas observaciones?
Nos hemos reunido con el Secretario de Comunicación. Quise manifestar mi posición. En este momento preparamos el informe que presentaremos a la comisión de la Asamblea que tramitará el proyecto. Otra propuesta es que nos saquen del directorio del Cordicom. La Defensoría no puede ser juez y parte, pues no dicta políticas públicas. (I)