¿Qué resultados presenta la Secretaría Anticorrupción?
Uno de los logros que ha obtenido la Secretaría desde su gestación -a mi modo de ver-, más allá de los casos que se han puesto exitosamente y otros que tienen procesamientos penales, es el trabajo que tiene que ver con la prevención, con la implementación de las unidades anticorrupción en las instituciones públicas, capacitaciones; el trabajo para obtener las certificaciones de norma ISO, la educación, la articulación con la sociedad civil y el esfuerzo porque la Comisión de Expertos Internacionales de Lucha contra la Corrupción en Ecuador (CEICCE) continúe en su fase dos.

¿Cuál es su opinión con respecto a que los miembros de la CEICCE tengan inmunidad?
Por disposiciones internacionales, quienes pueden tener inmunidad son los funcionarios que dependen de las Naciones Unidas o de organismos internacionales a los que el Ecuador está adscrito. Los comisionados nacieron con una figura ecuatoriana para crear la comisión y así generar las bases, los estatutos, la norma suprema de la misma.

Todos los comisionados son extranjeros, pero han venido al país en varias ocasiones y han tejido una red, una vinculación con los medios, la sociedad civil, para obtener información y procesar el estatuto, para que este no sea copy-page del extranjero, sino que refleje la realidad ecuatoriana. Ellos cuentan con nuestra aprobación.

¿En qué momento está el estatuto?
El documento debe presentarse en la ONU para que se apruebe la vía jurídica y así puedan obtener los comisionados la inmunidad que les brinda el organismo. Se busca terminar esa implementación; el proceso puede durar unos meses, pero la misma comisión de expertos continuará con la fase dos e implementarán las acciones que dicta el estatuto.

¿Cuándo se implementaría la fase dos de la Comisión?
Ya estamos en ese proceso, es muy posible que se dé un pronunciamiento oficial donde nosotros remitamos el documento a las Naciones Unidas, pero todo esto lo estamos articulando con ellos. Quiero que se entienda que el Ecuador y la Secretaría Anticorrupción llevan, trasladan y facilitan los procesos, pero quienes deciden, quienes están haciendo las cosas son directamente los miembros de la comisión, que fue creada en mayo pasado. Cancillería y la Secretaría servimos como artífices para generar la voluntad del Gobierno ecuatoriano para que la Comisión sea una realidad, un ente independiente.

Esto significa que la Comisión ha trabajado, pues mucho se criticó que el organismo no ha dado ningún resultado.
¿A qué se refieren con resultados? eso es lo cuestionable, se ha generado esa idea en el imaginario social de que la CICG viene a ser una suerte de CICG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala), pero son antecedentes diferentes. El organismo de Guatemala luchaba contra la impunidad de un Gobierno que tenía infestado en su germen las redes del narcotráfico, del crimen organizado y se quería quitar ese cáncer de la sociedad, pero esa no es la figura con la que nació la CEICCE.

La idea política, la visión del presidente Lenín Moreno, fue crear una  comisión para realizar el fortalecimiento específico de cara a la convención de la ONU contra la corrupción. En cada una de las áreas que la convención establece hay expertos: en prevención, en recuperación de activos, etc. Se busca ese fortalecimiento para que nosotros podamos generar políticas públicas que   ayuden a transparentar la gestión pública.

¿La demora en la justicia en casos de corrupción afecta al trabajo de la Secretaría?
Cada institución actúa dentro de su marco de competencia, la corrupción está organizada, camina rápido y busca la impunidad, mientras las instituciones no coordinemos y cada quien actúe por su lado, no vamos a poder hacer que cada sentencia deje de estar escrita en piedra y podamos recuperar lo robado (...) lo incautado pasa al remate, se vende y el dinero pasa al Estado y se convierte en desarrollo, eso es lo que estamos tratando de hacer en todos los casos que tenemos y existen sentencias. Pero alguna plata no está aquí, sino en el extranjero.

¿Cuál es el avance en la Ley de Extinción de Dominio que se encuentra en la Asamblea?
La Ley de Extinción de Dominio es una vía paralela, una acción patrimonial con independencia de lo penal, que ataca las propiedades. Qué es lo que ocurre para poder caerles a los bienes de las personas que cometieron actos de corrupción, que no logran justificar una propiedad o lo que tienen; lo que busca la ley es atacar las propiedades independientemente de los procesos penales.

¿La Ley es necesaria?
Hace dos semanas estuvimos en la Comisión de Justicia de la Asamblea, están muy entusiasmados que la normativa camine, porque necesitamos dar herramientas para luchar contra la corrupción, para atemperar las velocidades; la corrupción camina rápido, soborna, mientras el Estado no esté articulado y no tenga herramientas, la corrupción nos lleva ventaja en esta lucha.

Lo que busca la ley es acercar las ventajas, las distancias y poder recuperar rápidamente los bienes. Si Ecuador no logra expedir esta ley, el país se convierte en una suerte de paraíso fiscal para la delincuencia, puesto que aquí primero se necesita la sentencia para que pueda proceder a un decomiso, por eso estamos buscando otra vía, respetando la Constitución y los derechos fundamentales. (I)