Su despacho es grande como un departamento. Con una sala para recibir, comedor y una estación de cocina. Sobre un mueble hay dos fotografías de sus hijas y en otro un balón de fútbol de un equipo de Imbabura. El presidente de la Asamblea, César Litardo, conversó con EL TELÉGRAFO acerca de la agenda parlamentaria, las críticas al Legislativo, el paro de octubre y el año preelectoral.

La agenda parlamentaria se hizo en poco tiempo. ¿Cuáles son los proyectos prioritarios?

La elaboramos en 15 días y pedimos a las comisiones el estado de los proyectos de ley. Nos reunimos con los presidentes de bancadas y el Consejo de Administración Legislativa. Los proyectos están divididos por ejes: empleo y productividad; inclusión y derechos; seguridad ciudadana y reformas institucionales; y lucha contra la corrupción. Priorizamos 13 proyectos de ley para el primer semestre de este año. Uno de los más importantes es el de Pesca, va a segundo debate porque es un requisito que la Unión Europea exige al país. Se tramitará la próxima semana o máximo en 15 días. También está el Código de la Salud que lo debatiremos esta semana, entre otros.

¿Por qué se han demorado tanto y no ha caminado junto al Gobierno en la aprobación de leyes anticorrupción?
Hay una línea muy fina entre la constitución legal y su aplicación, en ese contexto hemos trabajado muy de cerca con el Gobierno. En el Código Orgánico Integral Penal (COIP) aprobamos el decomiso, fue vetado por el Ejecutivo y la Corte Constitucional se pronunció. Hay que tener mucho cuidado y hacerlo de manera clara para que no le reste constitucionalidad.

¿Por qué tanto cuidado con la aprobación de leyes anticorrupción? Los ciudadanos creen que no se ha hecho lo suficiente en ese tema.

Existe una normativa para sancionar la corrupción. Lo  complejo es que para recuperar lo robado se necesita un proceso judicial muy largo, además de la cooperación con otros países y el mecanismo es muy complejo. Existen tres proyectos sobre la Extinción de Dominio y la próxima semana nos reuniremos para determinar su viabilidad, hay algunas dudas en temas de constitucionalidad y no queremos caer en ninguna ilegalidad. Todos debemos trabajar no solo la Asamblea Nacional, nosotros haciendo que las cosas sean más sencillas, pero también debe hacerlo el Poder Judicial.

¿Cómo conseguir gobernabilidad en una Asamblea tan dividida?

Uno de los grandes retos de la segunda presidencia de la Asamblea era llegar a consensos y acuerdos. Podemos revisar las últimas votaciones, en el veto al Código de la Democracia, por ejemplo, hubo unanimidad. Lo mismo ocurrió con la Ley de Emprendimiento, las reformas al COIP, la Ley de Desaparecidos, que han sido votadas casi el 90% por unanimidad. Significa que no sacamos un proyecto a votación sin antes procesarlo con todas las bancadas.

En las 39 leyes aprobadas en 2017 hubo 4 dudas jurídicas que le costaron el cargo al secretario de la Asamblea.

No todo es tan sencillo, no hay que medir las leyes por la cantidad, sino por la calidad. Siempre hay un nivel de complejidad en su aprobación por los intereses que pueden generar en los sectores políticos de la Asamblea. Pero la mayoría del pleno aprueba y respetamos la democracia. Sobre el secretario de la Asamblea y la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, él renunció por su voluntad. Hoy trabaja en el despacho de un asambleísta. Más que una equivocación hubo la interpretación de un vacío legal. Por eso hicimos que el pleno interprete ese vacío.

En los 10 últimos años se aprobaron 156 leyes y la mayoría son reformadas. Hay 55 que tienen reglamentos. ¿Qué clase de leyes tenemos?

Por eso es importante el Sistema de Mantenimiento y Seguimiento de una Ley que creamos la semana pasada.  Más allá de que no hay un sistema perfecto, tampoco hay una forma para medir la eficacia de una ley. Es importante un proceso, es un hito histórico para la Asamblea y permitirá alertarnos. Es una estructura tecnológica que cargará el antes y el después de la ley. Es un seguimiento para garantizar lo establecido en la ley y la Constitución, que las normas tengan objetivos, que se midan, tengan indicadores y que conozcamos el costo de una ley. A veces, los asambleístas proponen proyectos demagógicos y eso implica gastos para el Estado.

Durante el paro, la Función Legislativa fue muy criticada porque no actuó como algunos esperaban.
La historia reconoce nuestro accionar, teníamos la misión de garantizar la estabilidad. Al final, teniendo la voluntad de sesionar era físicamente imposible hacerlo. El 91% de los asambleístas del país son de provincia. No había forma de movilizarse a Quito y el acceso a la ciudad era imposible. Más allá de eso fuimos garantes de la estabilidad democrática. Cualquier pronunciamiento de la Asamblea en esos días era un exhorto. No podíamos tomar una decisión de derogar el Decreto 883.

¿Por qué la Comisión Ocasional de investigación del paro hizo un informe tibio?

Estuvo integrada por varias bancadas, la Comisión presentó un informe que puede ser cuestionado por unos y por otros no. La Justicia debe hacer su trabajo y hallar responsables. No podemos generar más que un informe, la Comisión hace un acompañamiento y seguimiento a la Justicia.

Es un año preelectoral habrá la participación de asambleístas para reelegirse, ¿eso afectará  al Legislativo?

Espero que no, nuestra responsabilidad es estar hasta el último día en funciones en la Asamblea, no es legislar y trabajar en función del Ejecutivo o de un partido político, sino del país. Es nuestro mandato, nos eligieron para trabajar cuatro años y tenemos que hacerlo. La posiciones políticas e individuales quedan a un lado.

La opinión sobre el Legislativo es mala. ¿Qué dice usted?

Generalmente, los parlamentos en el mundo no tienen buena aceptación. Hay dificultades económicas y los sectores políticos están golpeados. Hay que trabajar para salir de eso, necesitamos leyes positivas, menos escándalos en la Asamblea y acuerdos democráticos. (I)