Alrededor de cinco horas le tomó a la Fiscalía hacer la reconstrucción de los hechos del ataque al edificio de la Contraloría, sucedido el 12 de octubre pasado, durante el paro indígena.

La diligencia se cumplió este sábado, dentro del proceso penal iniciado contra 34 personas, entre ellas seis menores de edad, por la destrucción de las instalaciones que fueron incendiadas.

A los sindicados la policía los detuvo en el edificio y los acusaron en primera instancia de terrorismo, pero luego la Fiscalía cambió la figura delictiva por las de sabotaje, paralización de servicios y destrucción de documentos públicos.

La diligencia judicial estuvo a cargo del fiscal general subrogante, Wilson Toainga, quien convocó a 27 de los procesados, con sus respectivos abogados, pero no acudieron siete de ellos.

La abogada Mariana Yumbay indicó que sus tres defendidos pertenecen a la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).

Aseguró que están señalados injustamente, “ese día ingresaron por la mañana al edificio y la Policía los detuvo en las gradas cuando subían hacia la terraza, antes de que se produzca el fuego”, que devastó a la Contraloría.

Además estuvieron en la reconstrucción los 100 policías del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía (GOE) y militares que colaboraron en el despeje del área y arrestaron a los sospechosos.

Los implicados indicaron a  los agentes de criminalística, que tomaron fotos y grabaron los testimonios, lo que hicieron el día de los hechos, cómo ingresaron al sitio y dónde estuvieron al interior.

Uno de los fiscales que intervino en la diligencia aseguró que el caso está avanzado un 80% y que solo falta la pericia de los vídeos que rescataron de la edificación, luego de lo cual estarán en capacidad de formular cargos a los responsables.

La fiscal general Diana Salazar dijo anteriormente que se ha recabado abundante evidencia sobre lo sucedido y que todo apunta a un ataque planificado.

La funcionaria señaló que presentará ante los jueces la verdad de cómo se planificó, concertó y llevó a cabo la agresión a la Contraloría, así como a cada uno de los sitios afectados durante las protestas de octubre. Luego de que fueron liberados el pasado mes, todos los investigados tienen medidas cautelares de presentación semanal a la Fiscalía y prohibición de salida del país. (I)