La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés) prefirió cancelar los programas de asistencia técnica y económica que llevaba adelante en Ecuador para los próximos tres años, antes que responder a las prioridades actuales definidas por la planificación nacional para la cooperación y en respeto a la soberanía nacional y los procesos de transformación políticos, económicos y sociales emprendidos por Ecuador.

Por ello, en septiembre de 2014 abandonaría el país, como lo recogió ayer la prensa nacional y extranjera, lo cual se produce luego de que en septiembre de 2012, la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (Seteci) informó que 26 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) extranjeras terminaron sus funciones en el país, porque no cumplieron con requisitos y -por ello- no se les renovó permisos de funcionamiento: 9 estadounidenses; 3 italianas, 3 españolas, 2 británicas, 1 argentina, 1 colombiana, 1 de Filipinas, 1 de Singapur, 1 de Dinamarca, 1 de Bélgica, 1 de Puerto Rico y 1 alemana.

En ese entonces, al igual que ahora, fuentes de la Seteci destacaron que “en caso de no cumplir con los requisitos solicitados (por esa Secretaría) se procederá a dar por terminadas sus actividades en el país. Toda ONG extranjera que desee cooperar y ejecutar proyectos de desarrollo en Ecuador está obligada a suscribir un Convenio Básico de Funcionamiento”.

La participación de las ONG extranjeras en el país, como todos los socios para el desarrollo de Ecuador, deben responder a las prioridades actuales definidas por la planificación nacional para la cooperación, fomentar el equilibrio territorial, la equidad en la distribución de los recursos, el fortalecimiento institucional; generar las condiciones para una adecuada transferencia de capacidades a los beneficiarios, a fin de garantizar la sostenibilidad de los procesos emprendidos con el apoyo de la cooperación internacional, en respeto a la soberanía nacional y los procesos de transformación políticos, económicos y sociales emprendidos por el Ecuador.

Tomando en cuenta eso, en noviembre pasado la Seteci notificó a la Usaid sobre la imposibilidad de ejecutar más acciones de cooperación en Ecuador sin que de por medio se cumpla con negociar un nuevo acuerdo entre ambos gobiernos.

Si bien la Seteci tomó en cuenta que existe un Acuerdo General para la Ayuda económica técnica y para propósitos afines suscrito entre ambos país en 1962, también se fijó en que no se adapta a las nuevas realidades económicas, políticas y sociales del Ecuador, razón por la cual ha trabajado en una propuesta de nuevo Convenio que se debería negociar y suscribir en el contexto de los Diálogos Políticos Bilaterales a cargo de la Cancillería ecuatoriana.

Además, se tomó en cuenta que el último programa bilateral de cooperación entre ambos países fue negociado en 2007 y actualmente los proyectos relativos a dicho Convenio están en fase de terminación y cierre, por lo que al no negociarse un nuevo programa de cooperación entre ambos Gobiernos, la Seteci decidió notificar a la Usaid que no se pueden realizar ampliaciones de plazo a los proyectos y tampoco el inicio de nuevos hasta negociar un nuevo programa bilateral de cooperación.

No obstante, el 5 de noviembre pasado la Usaid informó a la Seteci que cuenta con presupuesto para ejecutar nuevos proyectos por un monto de 18 millones de dólares, para cuatro nuevas propuestas.

En respuesta, la Seteci, órgano rector de la cooperación no reembolsable en el país, mediante oficio remitido el 26 de noviembre, reiteró a la Usaid “No podrá ejecutar ninguna actividad nueva ni ampliar plazos de ejecución de proyectos hasta que nuestros gobiernos negocien y firmen un nuevo convenio marco y de implementación de asistencia”.

Reacciones
Siete serían los proyectos de cooperación con EE.UU. canalizados por la Usaid que están en proceso de terminación y cierre en el Ecuador, mientras que otros continuarán ejecutándose según lo establecido y convenido (ver infografía).

Según datos de la misma Usaid, como cooperación financiera no reembolsable en los últimos seis años registra un promedio anual de 32 millones de dólares, de los cuales, el 70% se ejecutaron a través de organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales sin que se pueda profundizar más en los destinos de esos recursos.

La agencia Reuters y la prensa privada de Ecuador dieron ayer grandes espacios a la eventual salida de la Usaid de Ecuador. “Nuestros programas planeados de asistencia por 32 millones de dólares para los próximos años nos hubieran permitido asociarnos con los ecuatorianos para cumplir sus propias metas de desarrollo en áreas críticas”, destacó una carta de la Usaid enviada desde Washington a Ecuador el 12 de diciembre pasado.

Añade que tras 60 años de cooperación, cientos de miles de ecuatorianos se han beneficiado con más de 800 millones de dólares en asistencia para el desarrollo.

Ayer, la Embajada de EE.UU. en Quito, a través de un boletín, señaló: “Usaid había comenzado a incurrir en desembolsos significativos para cuatro proyectos puestos en marcha recientemente (dirigidos a la protección del medio ambiente y al fortalecimiento de la sociedad civil). Debido al congelamiento indefinido de las actividades, los proyectos no podrán continuar y su cancelación fue la única opción aceptable en función del presupuesto”.

“EE.UU. ha sido socio del Gobierno y del pueblo de Ecuador para impulsar sus prioridades de desarrollo. Nuestros esfuerzos comunes han enriquecido la vida de cientos de miles de ecuatorianos, han impulsado el desarrollo económico y social del país y han ayudado a conservar el medio ambiente”, concluyó.

Antecedentes

En julio de 2012, la Seteci dijo que indagará si el proyecto Costas y Bosques Sostenibles, financiado por la Usaid, está destinando recursos para desarrollar tareas que son competencia del Estado (ver gráfico).

La preocupación surgió por una posible violación al artículo 405 de la Constitución: “El Estado asignará recursos necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la participación de comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas protegidas en su administración y gestión. Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título tierras o concesiones en las áreas de seguridad...”.