Otra sombra cae sobre la gestión del excontralor, Carlos Pólit, hoy investigado por su supuesta relación en la red de corrupción de Odebrecht. Esta ocasión son los contratos de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) con el consorcio Mardcomsa-Marzam, donde aparecen como principales accionistas el prefecto de Manabí, Mariano Zambrano y su hijo Mariano Zambrano Vera, quien es asambleísta por la coalición Unidad Primero-AP.

Para la legisladora de CREO, Ana Galarza (foto), el excontralor dejó sin fiscalizar esos convenios pese a que violaban el artículo 62 de la Ley Orgánica de Contratación Pública, el cual prohíbe que la empresa del Prefecto y sus familiares cercanos tengan convenios en el Estado.

Galarza emprendió una investigación propia sobre los contratos de la Corporación Eléctrica. Por el momento ella espera que la Superintendencia de Compañías le certifique los nombres de los accionistas del consorcio Mardcomsa-Marzam. Luego pedirá a las nuevas autoridades de la Contraloría que verifiquen las acciones que se cumplieron para auditar esos convenios y por qué no se percataron de esa presunta violación a la Ley de Contratación.

Está segura que la respuesta a esas irregularidades estará en la relación -”una amistad íntima”- que existía entre el excontralor, el Prefecto y su hijo.

Sustenta su criterio en que Pólit arrendó su suite en Quito al hijo del Prefecto. Coincidencialmente, ese fue uno de los inmuebles allanados por la Fiscalía dentro de las investigaciones por las coimas de la  brasileña Odebrecht. El asambleísta Mariano Zambrano Vera públicamente ha dicho que alquiló ese inmueble por su cercanía con el Palacio Legislativo y negó cualquier relación con el excontralor.

No obstante, para Ana Galarza otra prueba de esa cercanía es la condecoración que el Prefecto manabita entregó a Carlos Pólit por sus años de trabajo frente a la Contraloría.

Además, Galarza  tiene en carpeta otras denuncias que han llegado a su despacho y que aseguran que el consorcio Mardcomsa pudiera estar involucrado en el abastecimiento de combustibles de los buques pesqueros chinos que amenazan nuestra reserva marina protegida en el archipiélago de las Galápagos.

Por todas estas dudas, la asambleísta exigirá una investigación inmediata.

La Junta Cívica Anticorrupción de Manabí también apoya este pedido para que las autoridades judiciales indaguen si las empresas del funcionario provincial estuvieron o no facultadas para firmar contratos con el Estado.

Fresia Villacreses, integrante Anticorrupción, dijo que representantes de la Junta Cívica estarán en la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea, donde pedirán que se emprenda una auditoría de estos contratos. Para ella es fundamental que el país conozca estas denuncias y que el sistema judicial dé su criterio sobre la legalidad de dichas negociaciones. (I)