Una de las heridas que siguen abiertas en Colombia, cuando se aceleran las conversaciones de paz entre la guerrilla y el Gobierno en La Habana, es el despojo de tierras a que han estado sometidos los indígenas desde hace casi un siglo.  

Aunque en medio del conflicto, la administración del presidente Juan Manuel Santos, impulsó en el Congreso una ley de restitución de tierras este programa está apenas en desarrollo y son muy pocas las tierras devueltas.

Una de estas acciones ocurrió hace pocos días en el departamento de Antioquia, en la zona bananera del Urabá, una región que desde hace 40 años ha sido foco de las acciones de la guerrilla.

En medio de las bananeras está Vegas de Segovia, una vereda del municipio de Zaragoza (Antioquia), situado a 750 kilómetros de Bogotá.

Allí cerca de un millar de familias pertenecientes a los indígenas zenúes, recibieron 1.200 hectáreas de tierra.
Esa escena es descrita por Aída Suárez, presidenta de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), quien al expresar su reconocimiento por estas primeras soluciones de tierras a la comunidad zenú, no deja de mostrar su preocupación por el desplazamiento de los indígenas en su región, ya que aunque ha disminuido la violencia, todavía quedan comandos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos de las bandas criminales paramilitares, conocidas como bacrim.

DATOS

La Unidad de Restitución de Tierras reporta que a la fecha más de 100.000 hectáreas fueron restituidas, y en promedio cinco personas cada día recuperan sus predios

El informe conocido por EL TELÉGRAFO destaca además el trabajo que se ha adelantado especialmente con los grupos étnicos, teniendo en cuenta que existen medidas cautelares interpuestas a la fecha.

Las acciones benefician a más de 6.000 familias pertenecientes a comunidades negras e indígenas de Colombia, en un total de aproximadamente 192.851 hectáreas en varias partes del país.Según datos de la ONU, el departamento del Chocó es el que más ha sufrido por causa del conflicto. El organismo considera que las prioridades humanitarias en esta zona tienen que ver con las consecuencias del conflicto armado: desplazamiento, reclutamiento forzado, presencia de minas antipersonales y otros artefactos explosivos, restricciones en la movilidad y barreras para acceder a derechos como la salud, entre otras.

Esta problemática se replica en varias regiones de Colombia, pero principalmente en el departamento del Cauca, donde vive la mayor parte de los casi 1,5  millones de indígenas del país.

La comunidad indígena se divide en 81 etnias diferentes, con 64 distintas lenguas y con 14 familias lingüísticas. El grupo más numeroso son los paeces, cerca de cien mil, que habitan en el suroccidente del país, en los dos flancos de la cordillera Central, en el departamento del Cauca, donde la mayoría de la población cultiva en las tierras reconocidas legalmente como resguardos indígenas.

Precisamente en el Cauca, entre paeces, guambianos y yanaconas, surgió en 1972 la primera organización reivindicativa indígena contemporánea, el Consejo Regional Indígena del Cauca, (CRIC).

Los paeces, los wayú, los emberaes y los indígenas nariñenses representan el 56% de la población indígena colombiana. El resto se divide en 77 grupos distintos.

El presidente de la Asociación de Cabildos Indígenas Urbanos de Bogotá (Ascai), Édgar Otavo, no solo responsabiliza del despojo de tierras al conflicto armado, sino también “a empresas multinacionales que explotan minerales, petróleo y recursos naturales de provocar desplazamiento de comunidades indígenas y estas poblaciones son obligadas a vivir en zonas periféricas (urbanas y rurales) donde la marginación social e institucional se convierte en el pan de cada día”.

Señala Otavo que aunque el Gobierno ha impulsado la ley de restitución de tierras “para los indígenas es muy poco lo que se les ha devuelto, porque incluso muchas comunidades no han podido regresar a sus regiones. Todavía hay miedo de que la guerra no se acabe y sigan muriendo gente inocente”.

Otava sostiene que “los indígenas U’wa de Cubara, los nueve pueblos indígenas de Casanare y demás pueblos de Tolima, Huila y Cundinamarca denunciaron cómo las actividades de explotación minera y de recursos naturales, principalmente petroleras y los megaproyectos de desarrollo representan la muerte para las comunidades y la destrucción natural y cultural”.

Esto fue confirmado por el representante de los U’wa en Boyacá, Armando Tegría, quien indicó que “la explotación petrolera y la construcción de la carretera binacional que atraviesa el territorio U’wa conllevan al exterminio social y cultural de este legendario pueblo que, otrora, le diera la vuelta al mundo denunciando los atropellos de la Oxy, lo que impidió que esta compañía les arrebatara el petróleo, considerado por los indígenas las venas de su territorio”. (I)

Informalidad afecta las devoluciones

Existe una preocupación teniendo en cuenta que los índices de actualización de la información catastral en Colombia se concentran en las zonas urbanas, pese a que más de un 89% de las solicitudes de restitución “se presentan sobre predios rurales y sobre 909 municipios del país”.

Las organizaciones han advertido además que “la institucionalidad encargada de la información de los procesos de dotación de tierras y de adjudicación de baldíos, posee un débil inventario georreferenciado de los procesos adelantados”

Sumado a la problemática anterior, persiste la cultura de la informalidad en el sector rural que lleva a que existan cifras significativas todavía no identificadas de procesos de adjudicación, que no han sido registrados y posiblemente tampoco existan en los inventarios catastrales.

Las organizaciones concluyen entre otros aspectos y haciendo referencia a un eventual acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que en el posconflicto se deben generar condiciones “para que esa sociedad, esas organizaciones que fueron exterminadas puedan resurgir en sus comunidades”.

“Para que las comunidades puedan retornar, para que los hechos victimizantes no se repitan y para que las condiciones del futuro sean mejores que las del pasado de violencia”, concluye la Unidad de Restitución de Tierras sobre las condiciones de las devoluciones. (I)

La identificación de víctimas se complica

La identificación de víctimas de la matanza hace 30 años en el Palacio de Justicia en Bogotá evidenció esta semana las dificultades para hallar a los miles de desaparecidos en el conflicto armado de más de medio siglo en Colombia.

Las confusiones a partir de la atribución errónea de identidades en estos casos siembran un manto de duda sobre otros que se creían cerrados, según expertos.

Los restos de tres mujeres, de los 11 desaparecidos tras la toma guerrillera del Palacio de Justicia y su sangrienta recuperación por parte del Ejército, fueron finalmente entregados el martes a sus familiares, luego de que dos de ellas hubieran sido confundidas con otras víctimas durante años.

Los huesos de las empleadas de la cafetería del edificio, Cristina del Pilar Guarín y Luz Mary Portela, reposaban en tumbas atribuidas a María Isabel Ferrer, visitante del Palacio, y a la magistrada auxiliar Libia Rincón.

Los de Lucy Amparo Oviedo, también visitante, habían sido exhumados en 1998 de una fosa común en un cementerio de Bogotá, pero identificados recién ahora.

Ahora, los parientes de Ferrer y Rincón comienzan desconcertados la búsqueda de sus familiares.

Un centenar de personas murió y 11 fueron reportadas desaparecidas entre el 6 y 7 de noviembre, cuando la extinta guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19) tomó el Palacio de Justicia y el Ejército lo recuperó con tanques de guerra. (I)