En abril de 1994, la ciudadanía estaba movilizada. La intención del expresidente Sixto Durán-Ballén de privatizar parcialmente el IESS, Petroecuador y los servicios de telecomunicaciones y electricidad como parte de un ‘plan de modernización del Estado’, hizo que los trabajadores salgan a las calles.

La Cámara de Comercio de Quito, entonces presidida por Andrés Pérez Espinoza, y el Gobierno calificaron esas manifestaciones de ilegales e intentaron amedrentar a los trabajadores con sanciones. Pérez declaró a la prensa que las manifestaciones detenían el desenvolvimiento productivo del país: “Es necesario terminar con el chantaje al que cada cierto tiempo nos somete el sindicalismo público”, expresó.

Pese a todo, el Gobierno empezó a renegociar la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Club de París. A cargo del proceso estuvieron el exgerente del Banco Central del Ecuador (BCE), Augusto de la Torre, y la presidenta de la Junta Monetaria (JM), Ana Lucía Armijos, quienes 2 años más tarde participaron en el primer capítulo del salvataje bancario aprobando un crédito millonario para el Banco Continental.

Una vez firmada la carta de intención (1995), que disponía una serie de medidas de ‘ahorro’ público, el FMI hizo un primer desembolso de $ 21,2 millones, destinados al pago de la deuda. Analistas económicos de la época ligaron el proceso de modernización del Estado con los compromisos asumidos por Durán-Ballén con los multilaterales.

En medio de esa efervescencia, el Gobierno envió al Congreso un paquete de leyes urgentes concatenadas con la Ley de Modernización (vigente desde el 31 de diciembre de 1993), entre ellas, la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, que sustituyó a la Ley de Bancos, y ampliaba su gama de servicios bajo el concepto de ‘banca múltiple’.
El debate fue mínimo y la prensa poco analizó el impacto, aunque ya  algunos analistas advertían sobre los problemas de la banca. Según el experto Víctor Hugo Albán, parte de esa desinformación se debió a la falta de periodistas especializados en temas monetarios.

La iliquidez que consumía al sistema bancario obligó al BCE a inyectar S/. 100.000 millones para recapitalizarlo, pero la situación no mejoró y a fines de 1995 varias casas bancarias (Intermil, Cavalgsa, Investvalores y Corfinsa) fueron intervenidas. La noticia generó especulaciones sobre un posible congelamiento de depósitos y, para tranquilizar al mercado, la JM anunció un ‘plan de asistencia financiera’ que permitía al BCE otorgar créditos subordinados de hasta el 100% del patrimonio técnico del banco.

La banca no solo presionó públicamente al gobierno de Durán-Ballén para que allanara el camino al salvataje, como ocurrió con el Banco Guayaquil de Guillermo Lasso (ver gráfico), sino que ofrecía tasas de interés de hasta el 15% a los depositantes. En la práctica se dio un retiro masivo de depósitos. Así, el 20 de marzo de 1996, el Continental recibió del BCE el primer crédito subordinado por S/. 485.400 millones. Y Lasso, como vocal de la JM, argumentó que la crisis del Continental era el caso típico “de pérdida de confianza en una institución bancaria que se ha visto afectada por una serie de rumores”, cuando ya se conocía de las operaciones irregulares de dicho banco. (I)

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¿Qué pasó con los créditos  que recibió el Continental y el dinero de sus clientes?