Las mesas de diálogo y de trabajo entre el gabinete ministerial y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) identificarán los conflictos de la organización. No existe una fecha para sellar acuerdos entre las partes, sin embargo algunos fueron resueltos.

El encuentro del pasado lunes entre el presidente Lenín Moreno y la Conaie aclaró el camino para resolver los ejes programáticos que propuso la organización el pasado 4 de julio: extractivismo, educación intercultural bilingüe, transporte comunitario, amnistías, entre otros.

La dirigencia indígena solicita que se firme un decreto respecto a las mesas de diálogo. Si bien, el Gobierno no aseguró nada, se analizará la propuesta. Desde Carondelet se informó, además, que al momento ya hay un decreto ejecutivo sobre los diálogos.

Miguel Carvajal, secretario (e) de la Gestión de la Política, explicó que las mesas seguirán, por eso habrá un constante diálogo entre la Conaie y los ministerios para resolver problemas y dificultades; la idea es construir el estado plurinacional.

Aunque ya hay avances como la entrega de sede en Quito -en comodato- por 100 años, existen temas como la construcción de territorio y el manejo de recursos naturales, sobre todo, del petróleo y minería, en sitios donde hay territorios indígenas, que serán analizados de manera permanente.

“Se busca tener una lógica de desarrollo que no afecte los territorios, la cultura, los recursos naturales renovables y que permita el desarrollo de actividades extractivas, que son fundamentales para la economía del país”, dijo Carvajal.

Al respecto, la Conaie exige a los representantes del Gobierno que   visiten periódicamente los lugares donde subsisten conflictos mineros, principalmente. El presidente Moreno se mostró abierto a esta iniciativa.

Jorge Herrera, presidente de la Conaie, detalló el acuerdo para que los ministros de Estado, en no más de tres meses, entreguen avances sobre los pedidos expuestos.

Gobierno pone límites

Uno de los temas de mayor debate fue el de la educación intercultural bilingüe, del cual la dirigencia se basa para generar el Estado plurinacional. Desde el Ejecutivo se advierte que el acercamiento con la Conaie no significará el reparto administrativo de la educación.

Aunque se efectuó una inversión en el último año de $ 9 millones en la educación intercultural, la mesa facilitará el desarrollo de nuevos textos, de propuestas de la malla curricular y de contenidos, así como de otros mecanismos de gestión.

También arrancará el trabajo para la reapertura de la Universidad Amawtay Wasi, suspendida desde noviembre de 2013, tras la evaluación del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces), al obtener la categoría E.

Entre los acuerdos destacan aumentar el número de estudiantes de educación superior que provengan de pueblos y nacionalidades.

Mediación para amnistías

La organización también pidió que el Ejecutivo presione a la Asamblea Nacional para que articule las amnistías en favor de 206 dirigentes que, según Herrera, son perseguidos políticos y procesados. La Conaie busca acercarse al presidente de la Asamblea, José Serrano, para tramitar dicha solicitud.

Respecto a la propuesta sobre la incorporación de la figura de transporte rural en la ley, Carvajal aclaró que en 90 días existirá una respuesta sobre el pedido, tras una investigación entre la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y la organización indígena.

Además, a las bases les preocupa que no haya una política agraria, en respuesta a las actividades extractivistas. Esos temas también formarán parte del folio de trámites dentro de las mesas de diálogo. “La idea es construir política pública desde las nacionalidades y pueblos”.

Finalmente, esperan que la Secretaría de la Política entregue el nombramiento a la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (Confeniae). El Ejecutivo espera que los problemas internos de la organización se resuelvan. (I)

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Aplicación de la justicia indígena entró al debate

Con el fin de analizar los inconvenientes que impiden la aplicación del sistema de justicia indígena y buscar mecanismos de solución, ayer se reunieron las autoridades judiciales con dirigentes de organizaciones indígenas del país.

En el encuentro quedó definido que en Ecuador hay un solo Estado, una sola Constitución para aplicar la justicia indígena y la ordinaria, y que es necesario establecer una agenda de trabajo para definir competencias de unos y otros.

Según el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Gustavo Jalkh, quien dirigió el encuentro, es necesario unir fuerzas para presentar a la Asamblea una propuesta de Ley de Coordinación de la justicia indígena con la ordinaria, en la que se planteen soluciones a los vacíos.

“También acordamos que esto no se resuelve en una sola reunión, sino que hay temas que se deben trabajar en un proceso, incluso de transformación intercultural”, manifestó.

La dirigente indígena, Nina Pacari, sostuvo que uno de los puntos por ser superados son los obstáculos que se presentan desde los estamentos del Estado, a la aplicación del pluralismo jurídico. Mientras que el titular de la Ecuarunari, Carlos Pérez Guartambel, resaltó la apertura de las autoridades de justicia al diálogo y se pronunció seguro de alcanzar acuerdos. (I)