Los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) acudieron este miércoles a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para presentar un informe en relación a las competencias de control desde que asumieron sus cargos en marzo de 2010 hasta la fecha.

Los consejeros expusieron ante los legisladores que en total se emitieron 558 expedientes de investigación resueltos por el pleno del Consejo; de todos esos 20 casos se encuentran en trámite para investigar.

En 2010 el CPCCS recibió 237 informes de rendición de cuentas; mientras que en 2011 un total de 242. Al año siguiente se registraron 1.410; en 2013, 7.014 y en 2014 esta cifra ascendió a 6.422 informes.

El presidente del organismo, Fernando Cedeño, resaltó que el índice de transparencia es un instrumento de medición de prácticas transparentes que fue parte de esta gestión.

Mónica Banegas, vicepresidenta del CPCCS, señaló que en la lucha contra la corrupción, el Consejo ha trabajado no solo para buscar sanción, sino también prevención.

A esta rendición de cuentas se suma que dentro de las acciones para incentivar a la ciudadanía se registran 393 veedurías; 620 defensorías comunitarias; 9 observatorios y 424 comités de usuarios. Además, de 104 escuelas de formación ciudadana; 214 asambleas locales, 951 procesos de sensibilización con los gad para el fortalecimiento del sistema de participación.

Finalmente, Banegas entregó un sobre con información confidencial a María José Carrión, presidenta de la comisión legislativa.

De acuerdo con la Constitución de la República, entre los deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadanas y Control Social se encuentran las acciones relacionadas a investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación ciudadana o generen corrupción. También debe emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad, formular las recomendaciones necesarias e impulsar las acciones legales que correspondan.

De igual manera, a esta institución le compete organizar el proceso y vigilar la transparencia en la ejecución de los actos de las comisiones ciudadanas de selección de autoridades estatales. Por otra parte, debe contribuir a la protección de las personas que denuncien actos de corrupción, tal como lo determina el artículo 208 de la Carta Magna. (I)