El futuro del Consejo de Participación Ciudadana es un tema de alta intensidad política, pero en la sesión de la tarde de este martes la Asamblea Nacional se convirtió en una congeladora.

Indiferentes, 11 de los 20 legisladores de la Revolución Ciudadana (RC) que asistieron miraban sus celulares o  sus computadores mientras exponían sus colegas Héctor Muñoz (SUMA); Mae Montaño (independiente) y Jaime Olivo (Pachaktutik).

Solo cuatro de los integrantes de esa bancada se registraron para defender la vigencia del Consejo de Participación Ciudadana.

Esa misma apatía se observó en el sector de Alianza PAIS, donde las curules vacías predominaban en ese bloque y donde nadie de los que estuvieron presentes se atrevió a hablar en el pleno.

Buena parte de sus miembros prefirieron acompañar a la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, en el inicio de un debate ciudadano sobre el mismo tema: ¿qué hacer con el Consejo de Participación?

La mayoría de asistentes estaba en el ala derecha del pleno de la Legislatura, con los representantes del Partido Social Cristiano (PSC), de CREO, de SUMA  y de la Bancada de Integración Nacional (BIN).

En ese sector fue bien recibida la propuesta del asambleísta Héctor Muñoz, quien propuso el inicio del debate legislativo para cortar, es decir limitar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana, especialmente para nombrar las autoridades de los órganos de justicia y de control del Estado.

Su intención es que se devuelva esa atribución a la Asamblea Nacional.

Esta propuesta será, de acuerdo a Muñoz, mediante una reforma constitucional que es el camino más corto para terminar con la potestad de ese organismo.

El Consejo de Participación Ciudadana fue creado en la Constitución de 2008 con cuatro poderes. Además de nombrar a las autoridades de los citados organismos,  también debía  promover la participación ciudadana, el control de lo público y luchar contra la corrupción.

El legislador Fernando Callejas, de CREO, aprobó la idea de su colega Muñoz.

Él sostuvo que el Consejo no cumplió nada para lo que fue creado, sino que fue un instrumento para que allegados al régimen del expresidente  Rafael Correa se apropiasen de todo el poder político.

Por eso, recordó que en el 2018 más del 60 por ciento de los ecuatorianos aprobó en las urnas la terminación de las funciones del Consejo y permitir que un organismo de transición evalúe y ordene los problemas del pasado.

Además, dispuso que sus nuevos integrantes sean escogidos no por las fuerzas políticas sino mediante sufragio universal.

Un año después, en las urnas solo una candidata, Rosa Chalá, de la papeleta de nacionalidades y migrantes consiguió superar al voto nulo con un 38 por ciento.

Pero el resto de los virtuales siete consejeros tuvo proporciones menores. Es decir, que empezarán sus funciones débiles, sin la base de un respaldo ciudadano consolidado y mayoritario.

Para la independiente Mae Montaño, no solo se deben cambiar las atribuciones del Consejo para nombrar autoridades, sino que se las debe eliminar de la Constitución. 

Para la legisladora esmeraldeña el organismo se convirtió en un ente burocrático.

Por ejemplo, el Consejo falló en su rol de investigar los casos de corrupción. Según los datos de la entidad, recibió 742 denuncias entre el 2015 y 2017, pero solo apenas 138 fueron investigadas y aun así ninguna terminó en sentencia.

Para el socialcristiano Henry Cucalón es bueno que se abra el debate legislativo sobre el tema. Él cree que la reforma a las atribuciones del Consejo es una buena iniciativa. Pero sostuvo finalmente que el pueblo deberá definir el futuro del organismo en las urnas.

El debate legislativo terminó con más sillas vacías. La presidente encargada Viviana Bonilla suspendió el debate hasta mañana. (I)