Víctor Manuel Olivo Pallo repudia que sus exabogados y dirigentes indígenas hayan vuelto un tema político el caso ‘La Cocha’, relacionado con el asesinato de su hermano Marco Antonio (17), cometido el 9 de mayo de 2010 presuntamente por 5 jóvenes indígenas de la comunidad La Cocha, en la parroquia de Zumbahua (Cotopaxi).

Por ese hecho la justicia indígena los sancionó y luego fueron procesados por la justicia penal ordinaria, por lo que Víctor presentó una acción extraordinaria de protección para que la Corte Constitucional (CC) dilucide quién tiene la jurisdicción para sancionar esos delitos.

El 30 de julio pasado, la CC determinó que no hubo doble juzgamiento y resolvió nuevas normas de aplicación obligatoria para autoridades indígenas, administrativas y jurisdiccionales. Se estipuló que la justicia indígena solo se aplicará a casos internos, mientras que los delitos contra la vida, así se cometan en comunidades, serán tramitados por la justicia penal ordinaria.

Sin embargo, el fallo de la CC no pudo ejecutoriarse y regresar el expediente a la Corte Provincial de Cotopaxi para seguir el juzgamiento de los implicados porque se presentaron recursos de ampliación y aclaración, lo que no se aceptó porque fue impulsado sin la autorización de los familiares de la víctima.

¿Quiénes presentaron recursos judiciales sin su autorización?
Lamentablemente, mis exabogados Raúl Illaquiche Licta y Carlos Poveda Moreno, tras la sentencia que emitió la CC, presentaron un recurso de ampliación y aclaración sin mi autorización ni la de mi familia, nunca nos consultaron.
Por ello el 6 de agosto pasado, en calidad de legitimado activo (que tiene la capacidad jurídica y está legalmente facultado para actuar), presenté a la CC el desistimiento y renuncia de esos recursos. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) también presentó un recurso similar.

¿Ellos sí les consultaron?
El presidente de la Conaie, Jorge Herrera, lo que hace es copiar el mismo texto que presentaron mis exabogados sin mi autorización, por eso presenta iguales recursos y tampoco me consultó, no fue autorizado dentro de este caso.

¿Considera que el proceder de ellos entorpeció el fallo de la CC?
Evitó que se ejecutoríe la decisión de la CC. Creo que ellos no trataron de ayudar, sino dilatar el proceso,  no querían que entrara en vigencia la sentencia para que se aplace el tiempo, para esperar otros 4 años; yo no podía dejar que eso ocurra.

¿Cree que esas actitudes buscan volver político el tema ‘La Cocha’?
Lamentablemente el tema de mi hermano y del caso ‘La Cocha’ se ha convertido en político. Han actuado sin autorización de mi familia. Además Illaquiche se ha pronunciado muchas veces al igual que Lourdes Tibán (asambleísta de  Pachakutik y esposa de Illaquiche).
Por eso quiero dejar públicamente en claro que mis exabogados Illaquiche y Poveda quedan desautorizados de topar el tema ‘La Cocha’ y fundamentalmente el tema de la familia ‘Olivo’. Pedimos respetar nuestros derechos y la no revictimización de la familia Olivo.

Tras la decisión del pleno de la CC de no aceptar esos recursos, ¿qué destino tendrá el proceso judicial contra los implicados, qué viene?
Con el desistimiento que presenté ante la CC y la aceptación en estos días entrará ya en vigencia la sentencia de la CC y entonces tendrán que remitir todo el expediente a la Corte Provincial de Cotopaxi para que se reinstale la audiencia de juzgamiento de los 5 procesados en el caso ‘La Cocha’.

En la justicia indígena y la justicia penal ordinaria, cada cual cumplirá su papel, ¿qué criterio le merece esto tras el fallo de la CC?
Yo soy el más convencido en creer en la justicia indígena, pero para resolver los casos internos, no para que conozca y sancione asesinatos y homicidios, eso lo debe resolver la justicia ordinaria.
Es más efectivo que se cumpla una sentencia de la justicia ordinaria antes que de la justicia indígena.

¿Qué acuerdos no se respetaron tras la aplicación de la justicia indígena en el caso ‘La Cocha’?
Un ejemplo de ello es que los 5 procesados por la muerte de Marco Antonio no tenían que estar o acercarse a la parroquia de Zumbahua (Cotopaxi), debían estar fuera de la comunidad durante 5 años, pero no hicieron caso y, lamentablemente, siguen ahí, como si nada. Entonces indigna que no hayan acatado una resolución  elaborada en la comunidad. Tampoco han realizado labores comunitarias, nunca se cumplió eso y, al contrario, mis hermanos y primos sufrieron amenazas.