Hoy,  a partir de las 09:00, se inició un foro taller con la participación de varios representantes de diferentes organizaciones sociales con el fin de discutir sobre los alcances del Decreto 016, vigente desde junio de 2013.

Uno de los participantes, José Luis Maldonado, representante de la organización Sumak Kawsay de los Valles del Nororiente del cantón Quito, cree que este decreto priva a las organizaciones de una participación ciudadana directa.

“Ahora estamos obligados a socializar los proyectos que surgen desde las comunas y barrios a las diferentes instituciones públicas. Lo que nos preocupa es que estas agrupaciones no siempre dan respuesta a estos requerimientos", expuso Maldonado.

Mientras tanto, José Chiza, representante del Colectivo de Organizaciones Sociales y Culturales de Pichincha, explicó que este taller fue una oportunidad única para reflexionar sobre la incidencia política y social del Decreto 016 que –según afirma- limita a las organizaciones sociales.

“Es fundamental mantener la autonomía de las organizaciones sociales y este Decreto obliga a las agrupaciones a inscribirse en el Registro Único de las Organizaciones de la Sociedad Civil. De esta manera se establecen niveles de intervención que buscan limitar muchas de nuestras acciones”, aseguró.

Chiza añadió, además, que a nivel de organización social tienen ciertas dificultades con el Estado, porque este no tiene la capacidad para responder, de manera inmediata a las iniciativas y requerimientos de estas agrupaciones.

Promueven una ley de barrios
Durante este foro, el asambleísta alterno de Ximena Ponce de Alianza País,  Segundo Campoverde, indicó que en esta reunión también se abordó el acceso a la tenencia de la tierra, un tema que ha sido postergado y que requiere un tratamiento especial. Al mismo tiempo, aseguró que son alrededor de 300 barrios los que se encuentran en proceso de regularización.

“Es necesario proponer una ley para regularizarlos, eso significa plantear un cuerpo legal que contemple una sólida estructura jurídica", aclaró Campoverde. 

Sobre este tema, Carlos Calderón representante del Barrio Vista Hermosa de San Juan de Calderón, señaló que aunque el barrio tiene 20 años de existencia, aún no está legalizado.

“No tenemos agua potable y tenemos que contratar a los tanqueros que nos cobran $ 40. Nosotros también somos ecuatorianos y queremos ser partícipes del buen vivir”, subrayó.