La intervención de la Superintendencia de Compañías  (SC) frenó la intención de los exdueños de Ícaro S.A. de proceder a  la disolución voluntaria y anticipada de la empresa. Tras una investigación del órgano de control se tramitó de oficio la disolución de la compañía aérea, al descubrir que se violó la Ley de Compañías y sus reglamentos internos, en desmedro de accionistas, de instituciones públicas y privadas, de exempleados y  clientes.

Las investigaciones de la SC determinaron que el objetivo del expropietario de Ícaro, Guido Saltos Martínez, era no responder por las deudas. Se estableció que la empresa incurrió en 3 causales de disolución previstas en la Ley de Compañías (ver subnota).

A fin de precautelar el derecho a la defensa de la compañía, mediante  Resolución SC.IJ.DJDL.Q.11.3506 del 8 de agosto de 2011, se declaró la disolución de Ícaro, hoy en liquidación, y se designó como primer liquidador al economista Darwin Jaramillo Granda. Esa resolución fue publicada en la prensa el 26 de agosto de 2011. Hasta la presente fecha, han actuado 5 expertos.

Álvaro Ortiz Rea, esposo de Sofía Saltos (hija del exdueño de Ícaro) y exgerente de una de las 9 empresas afines a la compañía a donde se traspasaron bienes, dijo a EL TELÉGRAFO que lo actuado por la Superintendencia y los liquidadores “fue ilegal, se cometieron muchos abusos”. Así mismo, aduce que jamás les notificaron del proceso; desconoce que se haya efectuado alguna publicación con respecto a una resolución o invitación a alguna junta de accionistas”.

En la actualidad, las deudas de Ícaro, por mal manejo administrativo, ascienden a $22’187.096,87; de los cuales el 95,4% corresponde a instituciones públicas (gráfico).

Según el registro del Servicio de Rentas Internas (SRI), entre 2002 y 2007 Ícaro reportó altas sumas por Impuesto a la Renta, que coinciden con la época en que la compañía extendió sus rutas a destinos nacionales e internacionales.

En 2009, el órgano tributario realizó una auditoría interna que reveló que las ganancias, sobre todo en 2004 y 2005, fueron superiores a las reportadas, generando un perjuicio al Estado de 6’892.836,14 más multas e intereses, y un valor pendiente por IVA no declarado de 2’012.872,65 más multas e intereses.      

Y fue en 2011 que se descubrió que la empresa llevaba varios años con problemas económicos, los que no pudieron ser superados.

Según un informe de la Contraloría, el presidente de Ícaro dejó de transferir al Estado impuestos recaudados. Saltos afronta ahora cargos por supuesta defraudación tributaria (numeral 13 del art. 344 del Código Tributario); por retención de aportes patronales, según el artículo 78 de la Ley de Seguridad Social; y por peculado, por supuesta retención de tasas aeroportuarias.

Los  exempleados de Ícaro entrevistados por EL TELÉGRAFO:Leonel Ludeña, ex director de Mantenimiento e Ingeniería; Luis Acosta Estrada, exinspector de Control de Calidad; Byron Mina, exjefe de Entrenamiento; Vicente Capelo, supervisor de Mantenimiento; y Guillermo Giraldo, de Operaciones, coinciden en que su expatrono  los perjudicó y que “no fue un asunto político, sino una mala administración, por lo que Guido Saltos y su familia tienen que responder”.

Según Víctor Hugo Damián, actual liquidador  y representante legal de Ícaro, el SRI tuvo que aplicar la Ley de Defensa de Derechos Laborales para  vincular a las compañías a las que Saltos transfirió desde 2010  los bienes de Ícaro, lo que permitió a la Superintendencia  pagar a los 167 exempleados.

El funcionario estimó que el resto de proveedores, personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, prácticamente quedarían sin cobrar sus acreencias debido a la carencia de patrimonio de la compañía. “Desde ningún punto de vista se puede hablar de persecución política. En mi caso voy a cumplir, en noviembre próximo, 2 años como liquidador de la compañía, en el que he visto que los señores Saltos, pese a haberles solicitado que colaboren, que devuelvan por ejemplo los libros de las aeronaves, nunca lo hicieron”, manifestó Damián.

Dijo además que los exdueños no entregaron un informe de contabilidad, en debida forma, al momento de designarse el primer liquidador. De eso hay reportes del primer liquidador donde se señala que la contabilidad estaba colapsada, pues no se entregaron libros ni bienes para continuar la liquidación.

Los Saltos emiten declaraciones y hacen reuniones en Miami

El excapitán Guido Saltos y su hijo Estevan, quien también era directivo de Ícaro y de otras 9 empresas afines a las que traspasaron bienes de la compañía para evitar los embargos, huyeron a inicios de 2012 a Miami (Estados Unidos).

Desde allí han asegurado, en entrevista a medios de comunicación, entre ellos Expreso, que se trata de una persecución política, por lo que están reuniendo información para acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a exponer su caso. Para ello contarían con el apoyo de periodistas y políticos de oposición ecuatorianos, con quienes se han reunido en Miami, según se observa en fotos colocadas en marzo pasado en la red social Facebook de Estevan Saltos.

Guido y Estevan aparecen, por ejemplo, junto a Juan Carlos Calderón, exeditor de Expreso y de la revista Vanguardia, y actual director del portal de noticias PlanV. Para conocer qué relación mantiene con la familia Saltos, si conoce la situación de Ícaro, cuántas veces se ha reunido con Estevan y Guido Saltos, y si cree que existe una persecución política en contra de esa familia, se remitió un correo electrónico a Calderón, pero hasta el cierre de edición no ha contestado. También se intentó ubicarlo vía telefónica.

En las fotos, Estevan aparece junto a la política Martha Roldós; al caricaturista Javier Bonilla (‘Bonil’); al sindicalista Fernando Villavicencio, prófugo de la justicia por estar implicado en el delito de injurias al presidente Rafael Correa; y a Emilio Palacio, exarticulista del también sentenciado diario El Universo y ahora refugiado en Miami.

En Ecuador, en cambio, el asambleísta de CREO, Andrés Páez, pidió a la Súper de Compañías, en mayo pasado, información sobre el proceso de liquidación de Ícaro.