Según la Ley de Compañías, las empresas pueden liquidarse, disolverse o cancelarse.

En el caso de Ícaro S.A., entró en proceso de disolución por un acción de oficio, al comprobarse que infringió la normativa.

13 numerales del artículo 361 de la Ley de Compañías se refieren a las causas por las que una empresa puede disolverse. En el caso de la empresa del excapitán Guido Saltos y su familia se aplicaron los numerales 6, 11 y 12 que señalan: “Por pérdida del 50% o más del capital social o cuando se trate de compañías de responsabilidad limitada; por inobservancia o violación de la Ley, de sus reglamentos o de los estatutos de la compañía, que atenten contra su normal funcionamiento o causen graves perjuicios a los intereses de los socios, accionistas o terceros; y, por obstaculizar o dificultar la labor de control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías o por incumplimiento de las resoluciones que ella expida”.

Según datos de la Superintendencia de Compañías, desde 2010 hasta el 19 de mayo de 2014 se han disuelto y liquidado 21.513 empresas.

De ese total, 2.506 fueron disueltas o liquidadas en 2010; 1.693, en 2011; 10.815, en 2012; 5.267, en 2013; y, del 1 de enero al 19 de mayo de 2014, suman 1.232.

Y a pesar de que la cifra de empresas liquidadas o disueltas es alta, el Ecuador tiene actualmente registradas un total de 74.118 compañías activas, de las cuales la mayor parte se concentran en Guayas con 34.268 (46,2%), seguida de Pichincha, con 22.049 (29,7%), Azuay, con 3.272 (4,4%), y el resto establecidas en otras provincias.

Para el director regional de Actos Societarios y Disolución de la Superintendencia de Compañías, Álvaro Guivernau, el  caso ‘Ícaro’ ha resultado complicado, ya que la compañía tenía un elevado pasivo -muchas deudas-, mientras que el activo es muy bajo como para cubrir las deudas o acreencias.

Eso ocurre -explica el funcionario- porque antes de que se declare la disolución de Ícaro o de cualquier otra compañía es necesario enajenar los bienes inmuebles, que son los que normalmente tienen el mayor valor dentro de la contabilidad de las empresas. “Problemas que se han suscitado son justamente estos dentro de un proceso de liquidación; para poder pagar el pasivo hay que necesariamente regresar a ver el activo”, remarcó.

Además, en el caso de Ícaro, la dificultad para agilizar el proceso de liquidación se dio porque, como lo estableció el primer liquidador de la compañía, no hubo contabilidad, y obligatoriamente se debió reestructurar todo eso. “Este es un problema que se da mucho en las disoluciones y liquidaciones que se declaran de oficio”, indicó el funcionario. Precisó que por lo general los representantes legales y accionistas no entregan la información necesaria para llevar a cabo el proceso, lo que complica la gestión de los liquidadores y los obliga a empezar desde cero, con una gran cantidad de haberes pendientes.

El director regional de Actos Societarios y Disolución, Guivernau, destacó que la Superintendencia de Compañías, órgano encargado del control de la liquidación de las empresas que incumplen con la normativa, ha cuidado de que los procesos se hagan todo dentro de los parámetros legales y reglamentarios, aplicables al caso, por lo cual, como en el caso de Ícaro, “va a ser muy complicado que lo cuestionen”.