Una de las debilidades en la lucha contra la corrupción es la falta de jueces especializados, considera el Ejecutivo, y por eso elaboró reformas a la Ley Orgánica de la Función Judicial.

Así lo aseguró el secretario anticorrupción de la presidencia, Iván Granda, quien entregó  el proyecto al presidente de la Asamblea, César Litardo. El titular de la legislatura se comprometió a pasarlo de inmediato a la Comisión de Justicia para que elabore el informe respectivo.

La iniciativa pretende que el Consejo de la Judicatura prepare y habilite jueces anticorrupción distritales, específicos para esos delitos, de manera que el tratamiento judicial sea más eficiente.

Aclaró que no se trata de jueces sin rostro, como existen en otras legislaciones, pero los magistrados escogidos tendrán la competencia exclusiva para tratar este tipo de delitos. Es decir, no se trata de jueces penales comunes sino expertos en dos materias: anticorrupción y crimen organizado. En este sentido se plantea que tengan jurisdicción en base a distritos.

El funcionario recordó la necesidad de actualizar la ley para una mejor lucha contra los ilícitos que se cometen en perjuicio del Estado y se eviten procedimientos que alerten a los sospechosos.

Por ejemplo, si la Policía necesita hacer un allanamiento hay jueces que han señalado que deben notificar a las partes con la fecha y hora de la diligencia.

Granda comentó que esto sucedió recientemente con un juez en la provincia de Los Ríos, al que le llegó un pedido de allanamiento a la casa de una persona acusada de sicariato. El magistrado adujo que la ley le obligaba a notificar al señalado.

Otro caso sucedió en Quinindé, provincia de Esmeraldas, donde la policía identificó un lugar de tráfico de municiones en el que estaban implicados funcionarios públicos. Pero se frustró la irrupción oficial porque el juez argumentó que debía notificar a las partes.

El secretario manifestó que está señalada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) la reserva judicial, pero algunos magistrados no la aplican por cuanto recurren a otras normativas, como la Ley de la Función judicial. “Con la implementación de jueces anticorrupción esto ya no pasará”, afirmó Granda.

Las reformas también consideran el nombramiento de fiscales anticorrupción de la misma manera, especializados en esta área. Adicionalmente a esto, el Primer Mandatario enviará hasta fin de mes la ley de extinción de dominio para la recuperación de capitales y bienes adquiridos con el producto de la corrupción.

“La especialización en materia anticorrupción necesita de un enfoque transversal para que la ciencia jurídica sirva como una herramienta preventiva”, comentó el jurista Esteban Ron.

Por eso considera que este es un importante paso en el marco de la distinción de la justicia. “Ahora nos corresponde darle continuidad para obtener resultados pragmáticos”, comentó. (I)