Después de que el pasado martes, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificara por unanimidad el proyecto de Ley que permite que prefectos sean elegidos únicamente por los ciudadanos de la zona rural, presentado por el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare), ayer el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador mantuvo una reunión en la Asamblea Nacional para anunciar que se podría reconsiderar la calificación.

El prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, dijo que faltaría una sola firma para lograr esta reconsideración que esperan, según anunció, sea la de la asambleísta Soledad Buendía. Esta solicitud ya tiene la aprobación de tres miembros del CAL: Carlos Bergman, Luis Fernando Torres y Patricio Donoso.

Agregó que tuvieron el apoyo del presidente de la Asamblea, José Serrano, para dar paso a la reconsideración.

La propuesta presentada por Congope fue asumida por la asambleísta Verónica Arias. Baroja resaltó que Congope está integrado por representantes de los gremios de las juntas parroquiales. “Esta propuesta no ha sido respaldada por el conjunto de los gobiernos parroquiales, solo por algunos”, aclaró.

Agregó que los 23 prefectos sí se encontrarían unidos para rechazar la propuesta “que afecta los derechos de los ciudadanos de primer orden”.

En este sentido, aclaró que el dividir lo rural y lo urbano es como generar ciudadanos de primer y segundo orden. Esto implicaría una discriminación que afecta a la estructura político administrativa del Estado. “Hablamos que la provincia es una, íntegra, no hay división”.

El prefecto de Pichincha dijo que este tema tendría que tratarse de una reforma no solo constitucional sino también constituyente porque afecta la estructura del Estado y los derechos de los ciudadanos. “¿Por qué restringir al ciudadano de lo urbano a escoger a sus autoridades provinciales? Tenemos 40 cantones en el país que no tienen juntas parroquiales. Ellos no tienen ninguna posibilidad y esa discriminación atenta a los desechos constitucionales de ejercer el voto y a ser elegido”.

Señaló que los alcaldes ya no tendrían razón de ser y debería hacerse una reforma constitucional.

Se refirió también sobre la asignación de recursos que se vería afectada por la propuesta. Actualmente, la asignación está enfocada en el volumen de la población, su densidad y el tamaño del territorio. Al restringir las elecciones también habría una restricción del presupuesto a una tercera parte de lo que reciben actualmente. Eso obligaría a una reestructuración de los gobiernos provinciales.

“Hay que preguntar a los del Conagopare, ¿cuál es el papel de las juntas parroquiales en la propuesta?”.

Baroja enfatizó que se comprometen a acabar con la estructura inequitativa de campo-ciudad. “El campo le nutre a la ciudad de la alimentación y fuentes de agua, pero la extrema pobreza sigue ahí”.

Pidió trabajar en conjunto para superar estos problemas de extrema pobreza en las parroquias del país. “Es un proyecto fuera de lógica”, tildó y anunció que si fracasa la reconsideración, acudirán a demandas de inconstitucionalidad y a la movilización social. (I)