Un consejo de participación ciudadana, en el que se incluya en lo posible a la mayor parte de los sectores de la sociedad, es el objetivo que debe procurar el Ejecutivo en caso de que el Sí triunfe en la pregunta 3 de la consulta.

A más de ello, que sus integrantes no tengan vínculos políticos, para lo cual es necesario que se elabore un instructivo que sirva como un control.

Este es el criterio de analistas consultados sobre el tema, luego de que el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció el pasado domingo, en una entrevista, que el Ejecutivo trabaja en el perfil de las 7 ternas para integrar el consejo transitorio.

“Deberán ser los mejores hombres de la Patria”, dijo el Mandatario, y, por ello, pidió ayuda a la ciudadanía para que sugiera nombres a fin de conformar el listado definitivo que será elegido entre 21 personas.

Garantizó que en su debido momento dará a conocer tanto las postulaciones como a los seleccionados.

David Rosero, quien fue consejero de Participación Ciudadana en el período 2010-2015, es partidario de que las ternas sean conformadas por representantes de sectores como la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), Frente Unitario de Trabajadores (FUT), cámaras empresariales, Colegio de Abogados, universidades, periodistas y pueblos y nacionalidades indígenas.

Para el exconsejero, la idea de la invitación del Mandatario sobre las propuestas ciudadanas asegura que de esta forma se constatará la transparencia en la entidad.

“La idea es que la institucionalidad no pase de un dueño a otro dueño, por ello la terna que envíe el Ejecutivo debe abrirse a la sociedad civil para recibir nombres de hombres y mujeres honestos de diferentes sectores de la ciudadanía”, sostuvo el exfuncionario.

Sin embargo, este debe ser un proceso que se asuma con mucha responsabilidad, recomienda el constitucionalista Kléber Sigüencia, quien manifestó que la ciudadanía está en su libertad democrática de proponer candidatos a dichos puestos, pero el Gobierno debe tener en cuenta que este tipo de dignidades deben reunir requisitos estrictos, tanto en la práctica como en lo teórico.

“Van a tener entre sus manos la designación de autoridades de diferentes áreas de control porque yo como ciudadano puedo sugerir a mi papá como un buen profesional, pero eso no es garantía de que dicha moción cumpla con el trabajo, el análisis exhaustivo y lo que se necesita en el rol”, indicó Sigüencia.

Incluso propone que se redacte un instructivo que sirva como un filtro en el listado de los postulantes, previo al recibimiento de las propuestas de la sociedad.

El perfil que plantea contempla tres características: conocimiento y dominio de temas entre lo político, lo social y la representatividad.

A ello debe sumarse una hoja de vida “intachable” y que de preferencia no tenga afinidad con alguna organización política, además de que sea probo y posea destrezas para la evaluación de las actuales autoridades del CPCCS. No descarta otra cualidad, que es la trayectoria social que tenga el postulante en el país.

Luego de esto tendrán que ser evaluados en temas actitudinales y psicológicos.

El presidente Lenín Moreno adelantó que para 2019 el país tendrá los integrantes definitivos del Consejo de Participación Ciudadana, como resultado de la elección popular y de las propuestas enviadas desde la sociedad.

El doctor Jorge Zavala Egas explica en cambio el proceso que permitiría al país un nuevo consejo de carácter permanente.

En el supuesto caso de que gane el Sí en la pregunta 3 “empieza a correr el reloj para la nueva designación de las autoridades del CPCCS”.

Esto tiene un motivo, según Zavala, y es que inmediatamente después de que en el Registro Oficial se anuncie la proclamación de resultados, cesan las funciones de los actuales consejeros y automáticamente el Ejecutivo queda “habilitado” para presentar a la Asamblea Nacional las siete ternas del consejo transitorio, cuyos elegidos tendrán la potestad de “ratificar o defenestrar” a los actuales consejeros. “Durante este proceso, que queda en manos del Ejecutivo y el Legislativo, se debe convocar en un plazo de seis meses a elecciones para que en sufragio popular se escoja el nuevo consejo y en un plazo de 6 meses más, tal como lo exige la ley, contemos con un nuevo consejo”.

Agrega  que una de las primeras acciones que ejecutará será la evaluación de las autoridades designadas por el antiguo CPCCS. (I)

La mediación sobre el caso Assange causa inquietud
El anuncio del presidente Lenín Moreno respecto de que el país busca una mediación “de gente importante” para resolver la situación del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ya genera las primeras reacciones.

Para el excanciller José Ayala Lasso no es clara la idea de una eventual mediación. “El Presidente no dejó claro entre quién será la mediación, si entre Ecuador y (Julian) Assange o entre el país y Gran Bretaña”.

No obstante propuso tres salidas al problema internacional: la primera, que el fundador de WikiLeaks se entregue a la justicia británica, aunque esta es una opción poco probable.

Una segunda alternativa, según Ayala Lasso, es que Gran Bretaña le entregue un salvoconducto, sin embargo ese país ha dicho que no lo hará”.

Ante ello, otro escenario es que Ecuador ponga fin al asilo, aunque  eso pudo hacerse cuando Assange intervino en la política interna de otros países.

En ese sentido, Ayala Lasso sostuvo que una de las consecuencias de su presencia en la Embajada ecuatoriana es la generación de problemas que han dificultado que el país pueda ejecutar su adecuada política exterior.

“Eso perjudica al buen nombre de la nación”, sentenció el excanciller. En cambio, el director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Andina, Michel Levi, considera como un error que la Cancillería le haya otorgado la nacionalidad.

A su juicio existe una sola solución y es que el país debe aceptar las condiciones que ponga el Reino Unido, ya que considera que esa nación no aceptará que Assange salga del territorio sin cumplir con sus leyes.

Puntualizó que Gran Bretaña es un “país amigo” y descartó que la vida del australiano, ahora naturalizado ecuatoriano, corra algún peligro.

Considera también una ingenuidad de Ecuador que se le haya otorgado asilo al fundador de WikiLeaks y resaltó que en la actualidad ya no existe el proceso judicial que impulsó Suecia y que fue el motivo del estatus que se le concedió en su momento.

En la entrevista que concedió el Mandatario la noche del domingo, recordó que el asilo al ciudadano australiano, radicado en la Embajada de Ecuador en Gran Bretaña desde 2012, y que en diciembre pasado recibió la nacionalidad ecuatoriana, fue un “problema heredado” del anterior gobierno, el cual “causa más de una molestia” a su gestión.

Reconoció que dejó en libertad a la canciller María Fernanda Espinosa para que encuentre una solución en el caso Assange.

“Lastimosamente las cosas no siempre resultan como Cancillería ha planificado y en este momento el problema sigue latente”, manifestó al tiempo que aseveró que oportunamente se dará el nombre del mediador. (I)

Presidente Moreno llama a reflexionar bien el voto
En el espacio ‘El Presidente Informa’, el Jefe de Estado reiteró anoche a la ciudadanía que lea bien las preguntas de la consulta popular y que decida su voto con elementos de juicio. “Cada una tiene su razón de ser”.

Lenín Moreno destacó que, con la aprobación de ellas, el país tendrá más empleo, seguridad y bienestar. “Estamos en contra de la especulación del suelo, pero a favor de la reactivación de la construcción. La ley no ha afectado la especulación de los precios, por el contrario, ha hundido el sector de la construcción, generando muchas pérdidas de empleo y golpeando el patrimonio de las familias”.

Anunció que mañana, en Santo Domingo de los Tsáchilas, se cumplirá con el pago de todos los incentivos pendientes en esta provincia. “Entre las deudas que heredamos están los incentivos de jubilación o pagados, que ascendían a $ 1.171 millones”.

En lo que se refiere a la reconstrucción de Manabí, destacó que este 2018 serán $ 500 millones de inversión pública y que, en el primer trimestre, se colocarán $ 300 millones que incluyen proyectos de vivienda. (I)