Durante estos 9 años de gestión de Rafael Correa la inversión social asciende a $ 56 mil millones. Ese desembolso ha permitido que la ayuda a personas necesitadas se multiplique por cuatro.

Los recursos también han logrado reducir la pobreza. Más de 1,5 millones de ecuatorianos han superado esta situación y la pobreza extrema se ubica por segundo año consecutivo en un solo dígito. La clase media era en 2006 el 29%, en 2014 fue del 41%. Desde hace 9 años se ha inaugurado una obra emblemática cada 15 días, en todo el territorio.

Hoy presentamos 9 historias, tres por cada generación, que retratan las transformaciones en el país y los desafíos aún por lograr. Podrá conocer los planes y sueños de dos jóvenes y un deportista de alto rendimiento, quienes tuvieron acceso a becas, gracias a su excelencia. También está el agricultor de la Costa y el indígena que evidencian los cambios en su lugar de trabajo. Conocerá a dos homosexuales, quienes ya no temen salir a la calle y ser discriminados.

Además, conocerá a una trabajadora del hogar que por fin tuvo un reconocimiento, a la docente jubilada que vive con tranquilidad de su pensión y a una madre con discapacidad que hoy puede sostener a su familia. (I)

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Alan Márquez / exabanderado del Vicente Rocafuerte de Guayaquil.

"Antes, en el país entraba a la universidad el que tenía más dinero"

Alan, de 19 años, en marzo próximo empezará a estudiar la carrera de Ingeniería Mecatrónica en la Universidad de las Fuerzas Armadas de Latacunga. Foto: Miguel Castro / El Telégrafo

El día que realizó el juramento de la bandera, Alan Márquez tuvo que  perderse el enlace ciudadano, que veía junto a su familia. De ese episodio han transcurrido 2 años. El joven recuerda que los sábados eran sagrados para él. De esa manera se mantiene informado de la gestión que el presidente Rafael Correa realiza y ha ejecutado a lo largo de estos 9 años de mandato, que precisamente se cumplen hoy.

Alan tenía 10 años cuando Correa asumió su mandato. Cursaba el cuarto año de la primaria en una escuela fiscomisional y le faltaban dos años para ingresar al colegio Vicente Rocafuerte, en el que fue elegido abanderado y uno de los mejores estudiantes.

Para el joven guayaquileño, que cumplió 19 años recientemente, una de las obras más importantes en estos casi 10 años ha sido la revolución educativa. “Se le dio un giro de 360 grados a la educación al aprobar leyes en beneficio de las  personas necesitadas declarando la educación pública totalmente gratuita y darle muchas oportunidades a jóvenes y niños que en muchas ocasiones, por carencias económicas, no podían acceder a una educación digna. Eso para mí es el pilar fundamental”.

Agrega que antes muchos maestros se dedicaban a la politiquería  y no enseñaban. Ahora, en su lugar hay docentes capacitados y con una mejor preparación. Además, Alan resalta la remodelación que se hizo con su colegio: “Me habría gustado estar en las nuevas aulas, pero me siento orgulloso de que ahora los compañeros disfruten de instalaciones renovadas”.

Otro de los logros que ha visto a nivel educativo se dio en las universidades. Hace 9 años era imposible pensar que el ingreso a una institución se lograra de forma meritocrática, como ocurre en la actualidad con el ENES (Examen Nacional de Educación Superior).

“Antes entraba el que tenía más dinero y el que no tenía se quedaba afuera. Ahora se puede acceder a una educación gratuita y de buena calidad y estudiar carreras que antes solo se podían ver en universidades privadas”.

En su caso, Alan consiguió un cupo para estudiar mecatrónica en la Universidad de Fuerzas Armadas de Latacunga, a la que ingresará en marzo próximo. “A mí me interesa contribuir a esa innovación y conocimiento que necesita el país”.

Reconoce que es todo un desafío estudiar una carrera ambiciosa, lejos de su familia.

El exvicentino asegura que este proceso no es perfecto, pero  que se debería apoyar  en vez de criticar sin fundamentos. “En vez de oponerse a todo hay que contribuir con ideas para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos”. (I)

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Anggie Avegno / deportista del Plan de Alto Rendimiento

"La vida de los atletas cambió con el Ministerio del Deporte"

Anggie, de 19 años, resalta el desarrollo deportivo en el país con los logros internacionales alcanzados, mientras se prepara para ser nutricionista. Foto: Cortesía

Para Anggie Avegno, campeona mundial de canotaje, todo empezó hace 7 años en el sur de Guayaquil, mientras visitaba un parque. Allí su atención se posó en un grupo de pequeños que, sin dificultades, recorría en canoas las aguas del Estero Salado.

La piragüista se inició cuando apenas tenía 12 años y -a su criterio- desarrollarse en el canotaje fue complicado debido a la falta de implementos adecuados e infraestructura deficiente, así como el poco apoyo para las competiciones.

“En muchas ocasiones me molestaban los hombros porque tenía una pala muy grande para mi estatura (1,52 m), pero pese a ello la pasión por este deporte me dio las fuerzas necesarias para seguir adelante”, recuerda con un brillo de satisfacción en sus ojos claros.

A pesar de todo, Anggie continuó y poco después superó a las compañeras que la dejaban rezagada durante las primeras pruebas en las que actuaba.

“Mi vida es el canotaje, me siento libre... es lo que me llena. No es un trabajo ni pasatiempo, es una lección de vida que aprendo con cada impulso. Y es que cuando sé que estoy cerca a la meta surge de mi interior una fortaleza para lograr lo que otros no pueden”.

La guayaquileña sabe que ahora la práctica del canotaje es muy distinta a la de hace algunos años, gracias al nacimiento del Plan de Alto Rendimiento, que ha servido para mejorar el nivel de esta disciplina y el de muchos otros deportistas.

“Ahora pienso no solo en estudiar y salir adelante en el canotaje, sino también dejar una semilla en aquellos que me ven, así como en los que se inician en esta disciplina. Con el pasar del tiempo anhelo convertirme en una nutricionista y tener un gimnasio que les sirva a todos. Esto es posible gracias al apoyo que se recibe. Es una forma de devolverle algo a la sociedad y a la vida”, reflexiona la atleta.

“La vida de los deportistas cambió con el Ministerio del Deporte, esta entidad nos brindó la ayuda que tanto necesitamos; ahora somos atendidos en todos los aspectos, algo que en poco tiempo dará grandes resultados al país”.

“El caso de Anggie es muy especial, ella es una persona que tiene mucho talento, perseverancia y apoyo, por eso está entre las mejores del mundo, algo que ni siquiera se pensaba que pudiera darse en este país”, refiere el entrenador de la atleta, el argentino Sebastián De Cesare.

“El crecimiento de Anggie va de la mano de lo que le brindó el Ministerio del Deporte y el Plan de Alto Rendimiento. Si hubiésemos seguido como antes, con gobiernos anteriores, no se habría conseguido nada de lo que tenemos ahora”, manifiesta De Cesare. (I)

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Grace Neira / becada en la Universidad de Azuay.

“Las becas dan una oportunidad a personas que no tienen recursos”

A sus 18 años, Grace ya piensa en su futuro, quiere continuar con sus estudios en el extranjero, luego de graduarse con la beca que tiene en la Universidad de Azuay. Foto: Fernando Machado / El Telégrafo

No se considera ‘matona’ (estudiosa), pero sí muy dedicada. La beca que recibió del Gobierno a través de la Senescyt le ha permitido a Grace Estefanía Neira estudiar diseño de interiores en la Universidad de Azuay, sin embargo, su aspiración es también dedicarse en el futuro a la arquitectura, pero fuera del país.

Su profesor, Álvaro Larriva, recién el martes se enteró de que tenía una beca del 75% que le permite a la estudiante seguir esta carrera. “Para mí, todos los estudiantes tienen la misma oportunidad de aprendizaje”. Además, expresa su satisfacción porque haya estudiantes que se esfuerzan para conseguir una ayuda, en este caso del Gobierno.

Grace estudió en el colegio Asunción y siempre estuvo entre las primeras estudiantes del curso. Cuando rindió el examen de nivelación no se sintió satisfecha porque quería estudiar arquitectura, pero solo alcanzó 830 puntos y no los 850 que necesitaba para ingresar a la Universidad de Cuenca, pero no se dio por vencida. Postuló por las becas y alcanzó el puntaje requerido para estudiar diseño de interiores en la Universidad de Azuay.

Si no fuera por esta beca, cada ciclo (cada cuatro meses y medio) sus padres deberían desembolsar $ 1.800, un egreso que su familia no está en capacidad de hacer. “Es lo mejor que me pudo pasar para no perder la oportunidad de estudiar”, dice mientras camina por los patios de la universidad, que está ubicada en la parte sur de la ciudad y es catalogada como un centro de estudios con altos costos.

“Lo que ha hecho el Gobierno al premiar con becas es dar la oportunidad a personas que no tienen los recursos, ya que muchos se quedaban al margen de los estudios”. Considera que este incentivo debería continuar para dar mayores oportunidades a los alumnos del país. Para Grace, el tener una beca le obliga también a ser responsable en sus estudios, señala que esta responsabilidad no la ata a su casa o a la universidad. “También tengo mis ratos para disfrutar al menos una vez a la semana, en especial los viernes”. Cuando ingresó a sus clases, sus compañeros se sorprendieron al ver que un equipo periodístico la acompañaba. “Si solo pasa en el celular”, comentó uno de ellos, lo que causó risa, mientras el profesor Larriva, por su parte, indicaba que el esfuerzo también tiene su recompensa, y es mucho mejor cuando se trata de estudios.

“Termino esta carrera y me voy a Argentina. Quiero ser una profesional de la arquitectura y luego servir a mi país”, manifiesta Grace, quien cuenta con el apoyo de sus tres hermanos para obtener su título lo más pronto posible; asimismo, tiene el respaldo de su madre, quien trabaja con un grupo de arquitectos. (I)

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Carlos Isaías / integrante de la comunidad GLBTI

"Caminar de la mano de mi pareja, sin miedo, es un gran logro"

En su casa, ubicada en Carcelén, Carlos Isaías (derecha) y José Luis Cabrera (izquierda), junto a su mascota Cholita, que la adoptaron hace un año y seis meses. Foto: Álvaro Pérez / El Telégrafo

Desde pequeño supo que no le gustaban las niñas, que su inclinación sexual era otra. Cuando cumplió 17 años, en 1999, su hermano gemelo descubrió que era gay y se lo contó a sus padres. Ese fue el último día que Carlos Isaías durmió en la casa de sus progenitores; después de la noticia, ellos le pidieron que se fuera y no volviera más.

Desde entonces Carlos empezó a trabajar: limpió pescados en un mercado del centro de Guayaquil y vendió bebidas en los buses, hasta que conoció a David, su primera pareja. Juntos viajaron a Quito para buscar mejores opciones laborales. Sin embargo, después de 10 meses Carlos decidió volver al puerto principal para iniciar sus estudios de Economía en la Universidad Estatal de Guayaquil.

Lo hizo en el 2000, tres años después que Ecuador dejó de imponer cárcel -de entre cuatro y ocho años- a quienes se declaraban gais, lesbianas, transexuales o transgéneros. El Código Penal lo sancionaba hasta 1997.

A pesar de la reforma, la discriminación pasó por encima de la ley. Carlos recuerda que nunca ocultó su preferencia sexual y eso hizo que sea víctima de malos tratos.  En mayo de 2005 su pareja, David, se suicidó frente a él, se cubrió de un líquido volátil y se quemó. Pasó 15 días en el hospital hasta que a causa de un paro cardíaco murió.
Después de un año conoció a José Luis Cabrera, su pareja actual, en agosto próximo cumplirán una década juntos.

Durante el tiempo en el que permaneció en su ciudad natal, Carlos incentivó y participó de las marchas del Orgullo Gay, las cuales se realizan desde 1998 en Quito, y a partir del  2006 en el puerto principal.

La pareja recuerda que antes las expresiones afectivas que se demostraban en público eran objeto de burlas y agresiones. Una vez intentaron ingresar al Malecón Simón Bolívar de Guayaquil tomados de la mano y se les impidió el paso, incluso los detuvieron. Con el paso del tiempo y la gestión realizada a favor de los derechos de la comunidad GLBTI, Carlos y José Luis pasean sin restricciones por las calles de la capital, ciudad en la que radican hace 3 años.

En su casa ubicada en Carcelén, en el norte de la urbe, Carlos y su pareja viven con Emili, una chica transexual que hasta hace cuatro años portaba una cédula de identidad en la que se mostraba el nombre de Emilio Barre. Eso cambió gracias a las leyes nacionales que reconocen la identidad de género.

Uno de los pendientes que tienen Carlos y José Luis es lograr la inscripción de su unión de hecho, que no se ha concretado por trámites personales. Consideran que una vez que lo hagan los dos estarán amparados por la ley y gozarán de los mismos derechos que un matrimonio civil. (I)

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José Daniel Cuyo / agricultor de Ciudad del Milenio

Los ojos de José atestiguaron el progreso de Zumbahua

El campesino José, de 37 años, dice que nunca antes, hasta 2007, había llegado un presidente a visitarlos en la pequeña parroquia Zumbahua. Foto: Roberto Chávez / El Telégrafo

Hasta hace una década la agrícola localidad de Zumbahua, parroquia rural de Pujilí, en Cotopaxi, era una de las más pobres del país. Paradójicamente esta típica población de la serranía ecuatoriana, en la que germinan la cebada, arveja, avena y otros granos y cereales andinos, varios años atrás estaba sumida en el desempleo, analfabetismo y abandono.

Pese a tener uno de los encantos naturales más fascinantes, visitados y geológicamente importantes del país, la laguna de Quilotoa, allí los niveles de pobreza eran preocupantes y la población joven optaba por migrar a la capital. José Daniel Cuyo, agricultor local de 37 años, fue testigo de una profunda  transformación de este sector productivo así como de la ganadería, artesanía y el turismo, en los últimos 9 años.

Según cuenta -para él-, el olvido de los gobiernos resultaba más perjudicial que las heladas, incendios y otros fenómenos naturales. “Si bien el nombre de la parroquia constaba en los mapas, hasta 2007 nunca un representante del Gobierno central nos visitó para constatar nuestras necesidades, prioridades y calidad de vida. La despreocupación de entidades estatales y ausencia de recursos públicos dificultaban la apertura y asfaltado de las vías de acceso, así como caminos internos, aspecto básico para el desarrollo de un pueblo”, asegura mientras va de camino a su parcela, a 5 minutos del centro parroquial, donde siembra haba, avena, papa y chocho.

El asfaltado y señalización de la vía Zumbahua-Quilotoa, Latacunga-La Maná, que pasa por Zumbahua, y el Paso Lateral de Latacunga, carretera que facilita el acceso a Pujilí desde el norte y sur del país, inaugurados entre 2011 y 2015, son resultado de la inversión estatal enfocada en fortalecer el cultivo y comercialización de productos agrícolas.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) invirtió en estos anillos viales un aproximado de $ 313,5 millones. Esto también ha favorecido al sistema turístico de la población ubicada a 4.000 metros sobre el nivel del mar, pues las principales operadoras turísticas del país ahora incluyen al Quilotoa en su lista de recomendaciones.

Gracias a la construcción del Centro de Salud tipo B y la presencia de la Unidad Educativa del Milenio Cacique Tumbalá, ubicada en la entrada de Zumbahua, la calidad de vida de los 12.700 habitantes de la parroquia se ha elevado. Por esta razón, los dos hijos menores de Cuyo estudian en este plantel y su esposa es maestra en otra escuela del lugar.

Esto ha impedido que la población más joven migre hacia ciudades vecinas. Otro de los beneficios para la agricultura local es el Seguro Campesino, institución que protege a la población del sector rural del Ecuador con programas de salud integral. (I)

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Carlos Neira / agricultor de la Comuna Calicanto - Santa Elena

"Nosotros ayudamos a la economía de nuestro país"

Carlos tiene 50 años y es uno de los pilares de la organización comunitaria. Su producción se ha duplicado con semillas certificadas, asistencia técnica y riego. Foto: Karly Torres / El Telégrafo

En la mayoría de parroquias del país, el sector rural suele caracterizarse por ser un espacio lleno de vegetación en el cual, generación tras generación, sus habitantes cultivan en pequeños huertos y crían animales para el consumo familiar. Sin embargo, eso no sucede en todas partes. En Ecuador existen localidades donde el suelo ha perdido condiciones de producción, una circunstancia que suele obligar a las personas a abandonar sus tierras y a dirigirse hacia la ciudad para trabajar en cualquier actividad que les permita subsistir.

Esto le sucedió a Carlos Neira, quien nació en Calicanto, una comuna de 7.400 hectáreas situada en el centro de Santa Elena que, si bien no es muy conocida fuera de la Península, constituye el ámbito de vida cotidiana para más de 100 familias. Al evocar sus años de niñez, con cierta nostalgia, Carlos Neira recuerda que los campos eran verdes pero que, a partir de 1998 aproximadamente, empezaron a tornarse amarillos y luego permanecieron grises: “La tierra se agrietó y solo brotaban palos secos”. Por ello, él creyó que era imposible que el campo reverdeciera y volviese a ser productivo.

Hace un par de años, sin embargo, los moradores se propusieron recuperar la tierra y su comuna, que estaba abandonada como si fuese un pueblo fantasma de aquellos retratados en las películas del Viejo Oeste. Poco a poco, sin embargo, esa realidad está desapareciendo y volviéndose un mal recuerdo.

Una comitiva de comuneros y él consiguieron que el Ministerio de Agricultura los incluya en el ‘Proyecto Integral para el Desarrollo Agrícola, Ambiental y Social de Forma Sostenible del Ecuador’ (Pidaasse) y, de esa manera, lograron acceder a riego y beneficiarse de una inversión de miles de dólares. A través del tono de sus palabras, Carlos evidencia su entusiasmo por lo que el Gobierno Nacional ha hecho por su comunidad: “Es la primera vez que un presidente cumple con lo que ha ofrecido”.

A similitud de muchos otros que han recuperado sus formas tradicionales de subsistencia, este agricultor no solo podrá mantener a su familia sino que aportará también a reducir las importaciones de maíz necesarias. “Nosotros ayudamos a la economía de nuestro país. Mientras más sembremos, menos importaremos, más empleo generaremos”, dice.

Hasta el momento en su comunidad ya han cosechado dos veces gracias al riego. A la distancia las 80 hectáreas de maíz parecen un lunar verde que proporciona esperanza a todos quienes moran en Calicanto. En esta localidad, además, Carlos preside el Banco Comunal, en el cual los socios depositan una cuota para pagar los gastos colectivos. Ahora él es parte de una empresa agroproductiva. (I)

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Lorena Taques / beneficiaria de la Setedis

"Antes no se cumplían las leyes para las personas con discapacidad"

Lorena Taques, de 51 años, tiene discapacidad física debido a la polio que sufrió de niña. Mediante la ayuda de la Setedis emprendió un negocio propio. Foto: Eduardo Escobar / El Telégrafo

Lorena Taques Palacios, quien tiene discapacidad física, recibió en dos ocasiones ayuda directa del presidente Rafael Correa cuando ella lo buscó. Recuerda que tras acudir 30 veces al Ministerio del Litoral en Guayaquil consiguió ser vista por el Mandatario, que al escucharla pidió a uno de sus asesores que tomara sus datos y “en menos de 10 días ya estaba trabajando en un Call Center”. En este empleo, que le permitió mejorar su calidad de vida, duró 2 años.     

La segunda ayuda ocurrió durante un enlace ciudadano al que acudió. Mientras transmitían el video de cuando la niña con Síndrome de Down le ponía la banda en la posesión como nuevo Presidente, “no podía dejar de llorar,  veía reflejada mi historia en ella porque mi hija tiene discapacidad intelectual. No sé cómo y hasta ahora me lo pregunto, pero sentía que el Presidente me quedaba viendo, y no estaba equivocada porque luego un asesor se acercó y me preguntó qué me pasaba, qué deseaba y le dije que si bien tenía trabajo, no me alcanzaba”.

A los 2 meses esta madre soltera recibió una llamada del Ministerio de Relaciones Laborales para que trabaje en el Hospital de Infectología. Allí permaneció durante 2 años, pero debido a una deuda como garante nuevamente perdió el trabajo.  

Lorena, quien quedó huérfana a los 14 años, ha vivido tragedias seguidas: tuvo que superar la muerte de su hijo, que tenía osteosarcoma, y quedar desempleada tras ser despedida del trabajo en uno de los hospitales de la Junta de Beneficencia por defender sus derechos laborales, cuando más necesitaba el dinero. Asegura que su perseverancia ha sido el motor para luchar por ella y su hija Karlita (20 años), quien recibe un bono de $ 50 dólares de la Setedis. En junio de 2015, Lorena tuvo el acompañamiento de la unidad para emprender un negocio de frigoríficos en Mucho Lote, con el que se gana la vida a diario.

Asegura que en estos 9 años de Revolución hay ciertas cosas que la gente no quiere reconocer, a pesar de que son evidentes, como los cambios en la salud. “Los hospitales hoy son buenos, ir al baño de un centro público antes daba vergüenza, ahora se ve que permanecen limpios, y la atención es de buena calidad. Un día una chica sufrió un accidente en el recinto Palenque, y gracias a su seguro campesino fue llevada a un hospital de la Junta, en donde fue atendida en semipensionado, en una habitación con aire acondicionado. Todo lo pagó el Seguro Social. Antes el pobre no se podía dar esos lujos”.  

Otro de los logros que menciona es el reconocimiento que tienen la personas con discapacidad. “Este Gobierno se ha preocupado por nosotros. Alguien puede decir que antes también existían leyes, pero no las hacían cumplir porque no les importaba a los anteriores gobiernos. Lo que mi Presidente (Correa) ha logrado, no lo ha hecho nadie”. (I)

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Mery Unda / maestra jubilada

"Los maestros cambiamos las piedras por el diálogo"

La docente destacó los cambios para los educadores, que comprenden mejores condiciones laborales, sueldos dignos, capacitación y reconocimiento. Foto: Mario Egas / El Telégrafo

Sentada en el sofá de su casa, Mery Unda, maestra jubilada de 66 años y madre de tres hijos, recordó las experiencias vividas durante su época en el magisterio. Sus anécdotas se fueron construyendo a lo largo de 39 años y 7 meses de trabajo. En ese tiempo hizo de todo, pero sin duda su mayor esfuerzo, según dice, fue ejercer una profesión que era maltratada y poco valorada hasta hace algunos años.

Corría el año de 1974 cuando se inició. Sus primeros años los realizó en la comunidad de Mar de la Tranquilidad (Santo Domingo de los Tsáchilas), allí colaboró con la población para organizar una precooperativa, con la cual pudieron obtener los recursos necesarios para construir una escuela, a la que nombraron ‘La Escuela sin nombre del Mar de la Tranquilidad’, recuerda.

El tiempo transcurrió y Mery tuvo la oportunidad de trabajar en varias instituciones hasta convertirse en directora de la Escuela Luis A. Martínez, ubicada en el sector de las 5 Esquinas, en el sur de Quito, a pocas cuadras de su vivienda. Desde ahí rememora que los derechos de los maestros fueron vulnerados durante muchos años.

“Antes la vida del maestro era un desastre”. Con esa frase Mery resumió la situación que durante años tuvieron que soportar los docentes. A su criterio, los gobiernos de turno poco o nada abonaron para mejorar la situación del gremio. Por eso, dijo, se vieron obligados a recurrir a las calles a reclamar por los sueldos impagos y las bajas remuneraciones.

“Si no se hacía el paro, si no se tiraban piedras, no nos cancelaban los sueldos”, recordó, al tiempo de señalar que, desde que la Revolución Ciudadana asumió el poder, las piedras fueron sustituidas por el diálogo, obteniendo resultados positivos para el magisterio.   

No solo mejoró el sueldo sino también el trato. Con la recategorización se reconoció el esfuerzo de los docentes. A Mery, por ejemplo, esto le significó un sustancial incremento salarial, pasando de $ 480 a $ 1.100. “Nunca me hubiera imaginado que podía ganar eso siendo maestra”, aseguró aún admirada por el radical cambio, puesto que antes lo máximo a lo que podía aspirar era a  entre $ 12 y $ 14 adicionales.

Pero los beneficios no se detienen ahí. Quienes culminan su etapa laboral ahora reciben un bono y jubilación dignos, que compensan su esfuerzo brindando a lo largo de la carrera. De no haberse dado estos importantes cambios, Mery calcula que hubiera recibido alrededor de $ 3.000 como jubilación y una pensión mínima. Las reformas permitieron que obtenga algo más de $ 50.000 y una pensión mensual de $ 800. El dinero lo invirtió en adecuaciones para su hogar. “Ahora sí siento que mi trabajo es recompensado”, finalizó. (I)

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Mary Cruz Sánchez / ama de casa remunerada

"Ahora nuestros derechos como trabajadoras del hogar se respetan"

La mujer, oriunda de Esmeraldas, llegó a Guayaquil muy joven a estudiar. Ahora es miembro de la asociación que vela por los derechos de las trabajadoras del hogar. Foto: José Morán / El Telégrafo

A los 19 años dejó su natal Esmeraldas para buscar en Guayaquil esa educación que le permitiera una mejor condición de vida. Ahora, con 49 años, Mary Cruz Sánchez no solo ha logrado su objetivo sino que es una entusiasta impulsora de los derechos de las trabajadoras remuneradas del hogar.

Esta mujer afrodescendiente partió muy joven de la parroquia Maldonado (cantón Eloy Alfaro), donde vivía con sus padres y hermanos, para continuar sus estudios secundarios en Guayaquil. La precaria situación económica la obligó a abandonar las aulas para trabajar como empleada doméstica puertas adentro con un sueldo que apenas le alcanzaba para subsistir. Pronto conoció a su esposo y con ello vinieron los hijos.

“Era una época en que no había guarderías y tenía que llevar a mis hijos al trabajo, esto demandaba mucho esfuerzo”, asegura esta mujer. Con su esposo hizo una casita rústica en medio del agua y del lodo en la cooperativa  Fuerza de los Pobres, isla Trinitaria (sur de la ciudad). En ese tiempo se accedía al lugar por puentecitos de madera, pues no había calles.

Todo cambió en 2008 cuando conoció la Asociación de Trabajadoras Remuneradas del Hogar, se afilió, y desde entonces se convirtió en una luchadora por la defensa de los derechos de las mujeres que, como ella, tenían que ganar su sustento con ingresos por debajo del salario mínimo vital.

Aún recuerda cuando el 24 de julio de 2009, con un grupo de agremiadas se reunió con el presidente Rafael Correa. Él escuchó sus problemas y en poco tiempo las conversaciones dieron frutos: “con este gobierno se logró el derecho de las trabajadoras del hogar a afiliarnos al Seguro Social y a ganar el salario básico unificado”, sostiene orgullosa.

No solo eso. La asociación tiene mayor acceso a instancias gubernamentales como el Ministerio de Trabajo, que a través de sus direcciones regionales, atiende y resuelve quejas de trabajadoras que no reciben el trato debido de sus empleadores, no perciben el salario que por derecho les corresponde o son despedidas sin una indemnización.

En lo personal Mary Sánchez tiene otro motivo para destacar el avance social de este gobierno: su segundo hijo, Anderson Vernaza Sánchez, obtuvo una beca para estudiar Medicina en Cuba; su primera hija, Lucy, se graduó de Administración, y su tercer hijo, Byron estudia Ingeniería en Sistemas, ambos en la Universidad  de Guayaquil.  

“Ahora que mis hijos son profesionales decidí terminar mis estudios; el año pasado los culminé en el colegio Don Bosco”, expresa. Al recordar el pasado afirma: “antes se ganaba entre 80 y 120 dólares, era a discreción del empleador, ahora no”. Pero advierte que falta camino por recorrer, pues hay mujeres que no conocen sus derechos y hay que concienciarlas. (I)