El eventual éxito del proceso de paz en Colombia no relajará militarmente a Ecuador, porque el desarme de las FARC podría agravar problemas en la frontera como narcotráfico y minería ilegal, dijo en entrevista con la agencia AFP el ministro de Seguridad, Homero Arellano.

“Ecuador será otro de los beneficiarios de la paz, pero sabemos también, desde el sector de seguridad, que esta paz presupone momentos difíciles”, afirmó Arellano.

El principal riesgo, advierte, está en que una desmovilización de las FARC, con unos 7.000 combatientes, dé lugar a bandas que se involucren mucho más en el tráfico de drogas y la minería ilegal.

“Nosotros prestamos mucha atención a que grupos ilegalmente armados puedan ya no obedecer a sus mandos, y pudiesen dispersarse e incorporarse a bandas de delincuencia organizada, y eso es sumamente peligroso”, declaró.

Una situación similar se presentó con la desmovilización de los paramilitares colombianos en 2006. Cientos de excombatientes se organizaron en bandas criminales que también operan en la frontera.

“Muchos que están en la selva no querrán escuchar” el llamado al desarme, y podrían convertirse en un nuevo problema de seguridad común, por lo que Ecuador no dejará de estar pendiente de “esta frontera especial”. “Estamos pensando en nuevas formas de patrullaje, en el establecimiento de unidades de vigilancia de frontera con infraestructura especializada”, indicó. (AFP)

DATOS

Ecuador, que en los últimos años desplegó unos 10.000 uniformados en la frontera de 720 km con Colombia para evitar el paso de rebeldes, padece los efectos del conflicto armado más prolongado del continente: acoge a unos 55.000 refugiados, destina al año unos 120 millones de dólares en el resguardo limítrofe y ocupa en ello un 20% de su pie de fuerza.

Después de restablecer plenamente relaciones diplomáticas en 2011, al cabo de una ruptura de casi tres años por una incursión militar colombiana, Quito y Bogotá están trabajando de la mano para mejorar la seguridad en la frontera mediante la regularización o destrucción de pasos ilegales por donde circula el contrabando de drogas y armas, además de combustibles.