El canciller de Uruguay, Luis Almagro, inauguró ayer la III Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), con la intención de fortalecer este sistema garantista.

Durante el discurso inaugural, Almagro remarcó que el sistema interamericano tiene que adaptarse a los nuevos tiempos. “Uruguay va a bregar para que estos cambios, en función de la evolución de la sociedad y en función de políticas cada vez más garantistas, sean cada vez más vigentes en función del derecho y de la política”, manifestó.

“Si logramos eso, Uruguay apoyará todas las hipótesis de máxima que garanticen la plena vigencia de los derechos humanos en este continente, sin ninguna cortapisa como lo ha hecho hasta ahora”, subrayó.

Previo a la apertura, Almagro mantuvo una reunión con su similar de Ecuador, Ricardo Patiño, indicaron fuentes de la organización.

En la cita, el diplomático ecuatoriano reconoció el rol histórico del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) “y esto nos empuja a fortalecerlo, para que nos permita consolidarlo”.

El funcionario aclaró que América Latina vive un momento histórico distinto, las dictaduras militares han sido reemplazadas por estados consolidados institucionalmente, los cuales afrontan nuevos desafíos. “Hay países donde se asesinan periodistas, pero no porque el gobierno los manda a matar sino que es el crimen organizado”, comentó.

La reunión de Montevideo, que concluirá hoy, girará en torno a tres temas: universalización del SIDH, consideración de cambio de sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y equilibrio financiero y estructural de las relatorías.

Todos estos temas ya fueron discutidos en sendas reuniones en Guayaquil y Cochabamba, celebradas el año pasado.
Fue a partir de estos tres puntos que Patiño hizo una evaluación de cuánto se había avanzado luego de las decisiones adoptadas en estos encuentros.

Sobre la universalización del tema, se acordó crear una comisión integrada por representantes de Haití, Uruguay, Guatemala y México. Ellos debían visitar a países no signatarios del Pacto de San José e invitarlos a formar parte del mismo. Además de organizar un foro de estados parte y no parte de la Convención para debatir este instrumento internacional.

“El foro no se realizó. Tampoco conocemos de visitas a los países para invitarlos a formar parte del sistema”, lamentó Patiño. El objetivo, dijo, es “revisar si algo no funcionó bien para retomarlo”.

En cuanto al segundo ítem, que era analizar un eventual cambio de sede de la CIDH, que actualmente se encuentra en Estados Unidos, país que no ha ratificado el Pacto de San José, Ecuador y Uruguay debían elaborar un informe con las consideraciones técnicas y presupuestarias de tomar esa decisión.

El documento ya está elaborado y fue distribuido ayer, en Montevideo, a las delegaciones de los países americanos.

En el tercer punto, el equilibrio de las relatorías de la CIDH, Patiño recordó que solo una, la de la libertad de expresión, goza del rango de “especial”. Él reconoció que ese tema solo se tocó en Guayaquil y no en Cochabamba. Por lo que hoy, durante el segundo día de reuniones, ese será el eje.

El tema ha sido bautizado como ‘Visión de la CIDH y sus Relatorías’. Al final de la jornada se aprobará la Declaración de Montevideo.

Ecuador, junto a los países de la ALBA, impulsa las reformas del SIDH, las cuales giran en torno a los tres puntos antes mencionados.

La semana pasada, Patiño efectuó una gira por el Caribe (que alberga a la mayoría de países no signatarios del Pacto de San José) para dialogar sobre esta iniciativa.

Antecedentes

Uruguay, Argentina, Bolivia, Ecuador y Haití están representados por su ministro de Exteriores y Brasil por su vicecanciller, mientras que Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Surinam han enviado una delegación.

Dos países han denunciado el Pacto de San José: Trinidad y Tobago y Venezuela. Este último Estado participó en los encuentros del año pasado de Guayaquil y Cochabamba, pero en el de Montevideo no porque se hizo efectiva su renuncia a la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).