La viceministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Nadia Ruiz, informó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas las acciones que el Estado ecuatoriano ha tomado sobre las recomendaciones realizadas en 2012.

La rendición de cuentas se hizo en Ginebra, en el marco del Segmento de Alto Nivel del 25º Período de Sesiones. Hace dos años Ecuador se sometió al Segundo Ciclo del Examen Periódico Universal y recibió 67 recomendaciones, de las que 64 fueron aceptadas.

Además asumió cinco compromisos voluntarios adicionales que tienen relación con la disposición del Estado ecuatoriano de socializar las recomendaciones y de crear un mecanismo de seguimiento y aplicación de las mismas. Dicho método consiste en una plataforma virtual denominada Siderechos, que será habilitada en el primer semestre del presente año. Para cumplir las recomendaciones relativas a la incorporación en la legislación nacional de las disposiciones de la Convención contra la Tortura, el 10 de febrero se promulgó el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Ruiz aseguró que este instrumento constituye un avance significativo en el fortalecimiento y consolidación de un sistema penal eficaz, con la garantía de los derechos de las personas como eje articulador.

En el COIP hay capítulos referentes a delitos contra la humanidad y a graves violaciones a los derechos humanos.

Por primera vez se tipificaron infracciones como la omisión de denuncia de tortura, la desaparición forzada y la violencia sexual en conflicto armado.

La funcionaria destacó que el COIP tipifica el feminicidio y sanciona la discriminación, incluso a la persona que la propague.

En relación con las recomendaciones hechas a la Comisión de la Verdad, creada para investigar las violaciones contra los derechos humanos ocurridas en el período 1984-2008 hasta 2013, la Fiscalía General del Estado ha realizado la judicialización de siete casos, informó Ruiz.

Otro avance expuesto fue que el 13 de diciembre de 2013 se expidió la “Ley para la Reparación de las Víctimas y la Judicialización de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad ocurridos en Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008”, que contempla la creación de estructuras institucionales y mecanismos para que se ponga en marcha la ejecución de medidas de restitución a las víctimas.

Paralelamente a este evento, el gobierno ecuatoriano presentó su estrategia para erradicar la pobreza extrema del país antes de 2017.

La responsable de la Secretaría Técnica para la Erradicación de la Pobreza, Ana María Larrea, participó en el evento ‘Detectando desigualdades como una herramienta efectiva de planeamiento para erradicar la pobreza y la exclusión social’, en el que presentó el atlas de las desigualdades del país.

“Estamos hablando aproximadamente de un 9% de la población ecuatoriana, un millón y medio de personas”, que se encuentran en extrema pobreza, dijo Larrea.

Crear servicios sociales de calidad, robustecer programas de provisión de agua y sanidad, proteger de forma integral el ciclo de vida de las personas y fortalecer las capacidades de la población son parte de la estrategia, sostuvo Larrea.

El objetivo es la inclusión económica y la incorporación social de los sectores tradicionalmente marginados, así como propiciar la participación ciudadana y la organización social.

Una acción concreta, por ejemplo, es dotar de agua potable y alcantarillado al 95% de la población.

Actualmente solo el 75% accede a este servicio. En cuanto al alcantarillado, solo el 65% de los ecuatorianos cuenta con él.

Además se pretende sacar de la informalidad laboral a millones de ecuatorianos que trabajan de forma precaria y sin cobertura social.

Datos

El 85% de la población urbana cuenta con agua potable, pero solo el 55% en las zonas rurales.

Solo el 65% de los ecuatorianos cuenta con alcantarillado, el 33% en las zonas rurales, y el 70% en las áreas urbanas.

Ana María Larrea aclaró ante delegados internacionales que paralelamente a la erradicación de la pobreza, el Gobierno quiere “cambiar la matriz productiva del país para dejar de ser exportadores de materia prima y convertirse en generadores de valor agregado, algo que se logra a través de inversiones en conocimiento”.