Marco Albuja, embajador de Ecuador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), respondió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en su informe anual se refiere a supuestas "graves restricciones" derivadas de la Ley Orgánica de Comunicación sancionada por el presidente Rafael Correa.

"El Ecuador desea manifestar una vez más su posición crítica por la discrecionalidad en el manejo de la información y sesgos demostrados en la elaboración del Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión", subrayó Albuja en su intervención ante el organismo el pasado miércoles en donde exigió que se realicen rectificaciones y que circule una nueva versión del informe con las mismas.

En su respuesta, el Estado ecuatoriano recalca que toda información sobre supuestas declaraciones estigmatizantes, amenazas y agresiones, "han sido reiteradamente desmentidas" y, sin embargo, el informe "vuelve a incorporar datos que no han sido contrastados y los presenta de una manera sesgada y tendenciosa".

El representante ecuatoriano ante la OEA cuestionó que la CIDH no reconozca "los avances del país para incluir en la práctica del ejercicio democrático a personas con discapacidad, los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía, las personas en situación de movilidad humana y los extranjeros residentes en el Ecuador".

También manifestó su "profunda preocupación" porque, a pesar del esfuerzo realizado en el año 2013 por asignar recursos económicos de forma mas ecuánime, "sigue resultando alarmante el cada vez más escaso espacio que tienen las Relatorías y Unidades Temáticas dentro del Informe de la CIDH dando lugar a una ausencia de equilibrio en el mismo".

"Resulta perturbador que la CIDH insista en priorizar el tratamiento de un solo Derecho por sobre los demás", apuntó Albuja al referirse a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión que ha presentado un "anexo" compuesto por 634 páginas, mientras que los textos de las otras Relatorías son mucho menores.

Puntualizó que el Estado ecuatoriano ha elaborado una aclaración pormenorizada "de cada una de las erradas interpretaciones" que ha realizado la Relatoría con respecto al país, y tal como hiciera el año anterior las entregará por escrito a la Comisión y a todos los Estados Miembros con la petición expresa de que la CIDH rectifique el contenido de su información preliminar.

También recalcó que "la fijación elocuente que la relatora (Catalina Botero) ha demostrado para con el Presidente Rafael Correa y para con nuestro país reviste características alarmantes que le han hecho perder su profesionalismo, ecuanimidad y sabiduría, para el pueblo ecuatoriano muy lejos ha quedado la respetada catedrática referente de la lucha por los DDHH en su país y en AL. (América Latina)".

Ecuador solicita a la CIDH la "inmediata eliminación" de dos puntos del informe, "por sus evidentes falencias de forma y fondo ya que esta información tendenciosa debilita al Sistema Interamericano de Derechos Humanos". Uno de ellos es el que se refiere a responsabilidades ulteriores y señala que: "la Comisión Interamericana ha recibido información sobre la existencia de varios procesos judiciales contra periodistas, comunicadores y ciudadanos por la manifestación de expresiones u opiniones que altos funcionarios públicos habrían considerado ofensivas o calumniosas". En este punto cita al caso del exasambleísta Cléver Jiménez, del exsindicalista Fernando Villavicencio y del activista Carlos Figueroa, quienes fueron condenados por el delito de injurias contra el presidente Rafael Correa.

"Resulta incomprensible que la CIDH, con fundamento en los criterios de la Relatora Especial para la Libertad de Expresión, intente equiparar el derecho a la libertad de expresión como una facultad para influir en el sistema judicial y modificar una decisión soberana tomada en derecho", subrayó Albuja.

El segundo punto es sobre el cuestionamiento de la CIDH a la Independencia del Poder Judicial en Ecuador, al señalar que "durante el 2013 la Comisión ha recibido información sobre situaciones que pudieran afectar la de independencia e imparcialidad de los y las operadores de justicia en la región".

"El Estado ecuatoriano rechaza enfáticamente este tipo de aseveraciones que intentan desacreditar el Sistema de Justicia Nacional", manifestó el Embajador. Agregó que "mientras que en otros organismos como las propias Naciones Unidas es objeto de estudio y admiración, resulta por lo menos llamativo que los argumentos utilizados sobre la falta de independencia de la Función Judicial por la CIDH concuerde con los mismos argumentos que la empresa Chevron-Texaco está utilizando contra el Estado ecuatoriano".

Adicionalmente, el Ecuador llamó la atención a la CIDH que en un caso mencionado en uno de sus capítulos confunde el nombre de la República del Ecuador con el de la República Bolivariana de Venezuela.

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