El 30 de enero pasado, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) manifestó que América Latina es ya la segunda región más letal para periodistas a nivel mundial.

Según estadísticas del informe regional para América Latina y el Caribe “Tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios”, publicado este año por la Unesco, 174 periodistas fueron asesinados entre 2012 y 2019 (ver gráfico) en la región, “consolidando una tendencia que va en aumento”.

Aquello sitúa a la región en segundo lugar en cuanto a crímenes contra periodistas. 

El informe establece que los comunicadores suelen ser blanco de amenazas y ataques especialmente por sus trabajos de investigación y de información respecto a tres fenómenos: el crimen organizado, la corrupción y el abuso de poder en la política.

El estudio añade que si se clasifican estos delitos según el medio para el que trabajan, los periodistas de radio son más vulnerados (ver gráfico).

El hecho preocupante es el aumento de ataques físicos no fatales: secuestros, golpizas, destrucción de equipos, amenazas de muerte, ataques sobre la infraestructura, detenciones ilegales y tortura.

Pese a ello, pocas o raras veces se han iniciado procesos legales por estos hechos.

El informe de la Unesco revela que las mujeres periodistas siguen siendo vulnerables en cuanto a los riesgos para su seguridad física.

El 86% de las profesionales encuestadas dijo haber sufrido acoso en su lugar de trabajo y que han recibido  amenazas y hostigamiento debido al contenido de su trabajo periodístico.

A su vez, la violencia en línea contra las mujeres ha aumentado desde 2012, por ejemplo a través de campañas de desprestigio en internet, que incluyen referencias sexuales, amenazas de violencia sexual y de muerte; publicación de fotos privadas y otros materiales para estigmatizar a las periodistas.  

Esa situación ha hecho que muchas de ellas practiquen la autocensura y abandonen las redes sociales digitales.

Los comunicadores, además de ser vulnerados en sus derechos, se ven desamparados por deficiencias en el sistema de justicia de sus países. Según el Observatorio de Periodistas Asesinados de la Unesco, de 2012 a 2019 solo el 13% de casos se resolvió.

Estas y otras cifras, así como el riesgo de ejercer el periodismo y la libertad de expresión, fueron abordados en países de la región a propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra cada 3 de mayo, proclamado así en 1993 por la Asamblea General de la ONU.

Ecuador se une a las medidas preventivas y de protección

A pesar de la preocupante situación, en la región se han reflejado los nuevos mecanismos internacionales establecidos por la ONU para la promoción de la seguridad de esta profesión.

Gobiernos de la región han asumido el compromiso de la formación de jueces y funcionarios judiciales, la creación de nuevas legislaciones que protejan al periodista y demás acciones para reducir el nivel de impunidad por los crímenes contra ellos.   

América Latina y el Caribe se ha consolidado como líderes mundiales en el establecimiento de mecanismos que promueven esa protección.

A ellos se sumó Ecuador este 29 de abril con la suscripción del acuerdo para crear el Comité Interinstitucional para la protección de periodistas y trabajadores de la comunicación. Tendrá cuatro integrantes (ver gráfico).

Una propuesta que para Juan Carlos Calderón, director de la revista digital Plan V, es considerada como una oferta del Estado ecuatoriano ante el riesgo que representa ejercer la labor periodística.

“Nuestro trabajo tiene que ver con  informar al país, a los ciudadanos. Ese es un trabajo y lo asumimos con absoluta responsabilidad, pero el Estado evidentemente tiene la obligación de garantizar que el derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa se genere también desde la seguridad”, indicó.

 Por su parte Vicente Ordóñez, expresidente de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), se dijo preocupado porque la iniciativa de crear el Comité Interinstitucional para la protección de periodistas excluye de participar a los directamente aludidos.

“Necesitamos acceso a la información, necesitamos garantías a nuestro trabajo, que se abra la información hacia la ciudadanía, y eso poco lo puede garantizar un comité con ausencia de quienes hacemos día a día la comunicación”, expresó.

Ricardo Rivas, hermano del periodista de El Comercio (Paúl) que junto a dos compañeros fue asesinado en la zona de frontera hace más de un año, comparte la preocupación de Ordóñez y se mostró escéptico a la iniciativa,  incluso le llama la atención que no se haya incluido al Ministerio de Defensa.

“Pensamos que es un tema de apurar las cosas antes de que salga un informe final con posibles recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hacia el Estado, por   el tema de la seguridad periodística que debe enfrentar”.

Resaltó que es importante que el país conozca esos temas, pero que más vital es que se plasme en mecanismos de acción, pues  no se ganará nada si el Comité no tiene independencia, “solo ahí se hablará de un avance en temas de protección”.

César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios,  aclaró que el Comité no solo estará conformado por representantes estatales. “Tiene que ser de alto nivel y no necesariamente funcionarios de los ministerios, sino personas por fuera, expertos y periodistas...”.  

Confirmó que esta semana se realizará la primera reunión de este organismo. (I)