En la sede de la Cancillería ecuatoriana se realizó el II Taller Nacional: “Hacia el Instrumento Vinculante sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos”. El objetivo es preparar un documento que será expuesto en la segunda reunión del grupo intergubernamental de Empresas y Derechos Humanos. Ese evento se efectuará en Ginebra (Suiza), en octubre de este año.

La subsecretaria de Organismos Internacionales Suprarregionales, Carola Íñiquez, consideró que este es “un tema que no ha podido progresar durante más de 70 años justamente por el fuerte lobby que tienen las empresas”. Actualmente Ecuador preside el grupo intergubernamental antes citado, “lo que es muy importante, pues se trata de una propuesta innovadora en la lucha por la protección de los derechos humanos”. En este foro participan 193 Estados y Sudáfrica respalda la propuesta ecuatoriana.

La representante permanente del Ecuador antes los organismos de la ONU en Ginebra, María Fernanda Espinosa, aseguró que el documento será un aporte vital para la construcción del Buen Vivir en el país. Pero también es una aspiración legítima para las 1.300 organizaciones de la sociedad civil que lo impulsan.

La embajadora criticó los dobles estándares que tienen las empresas transnacionales cuando causan afectaciones al ambiente o más, a los seres humanos. Como ejemplo, mencionó los casos de Bangladesh, India, Golfo de México y el propio Ecuador con el caso Chevron-Texaco que durante sus operaciones petroleras en la Amazonía, afectaron gravemente el suelo, los ríos y fuentes de agua y a la población de las zonas aledañas a las labores.

El objetivo es fijar reglas claras para los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), que son usados por las transnacionales para demandar a los estados ante centros de arbitrajes internacionales.

“Este tratado básicamente tiene la función de regular la operación de estas compañías dondequiera que estén ejerciendo sus actividades en relación con estándares de derechos humanos y ambientales”, señaló Espinosa en una posterior entrevista a la agencia Andes, luego del taller.

Actualmente existe un diálogo en marcha con 16 instituciones del Estado para consensuar una posición nacional, previa a la reunión de negociación prevista en octubre en la ONU. Por ejemplo, con la Defensoría del Pueblo, la cual dijo Espinosa, “cumple un rol importante en el proceso y ha tenido una participación activa”.

Quito alista además una consulta regional en la cual participarán 18 países. También se realizará un proceso similar en los  países asiáticos y está pendiente otro en el continente africano.

La representante ecuatoriana ante la ONU señaló que las transnacionales no pueden tener solo derechos y ninguna obligación, amparados por los TBI. “La idea es armonizar, equilibrar, todos los derechos que tienen las transnacionales y también sus obligaciones de cumplir estándares mínimos de garantías ambientales. Es lo mínimo que se puede pedir”.

Y es que muchas de estas empresas tienen el doble o el tiple del Producto Interno Bruto de los países donde operan,  lo que les sirve para montar campañas internacionales contra los estados. (I)

PARTICIPANTES

En el taller intervienen delegados de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), la Procuraduría, el Ministerio Coordinador de la Producción, la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y de Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones del Ministerio de Ambiente, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, entre otros. (I)