El prefecto de Manabí, Mariano Zambrano Segovia, la tarde del lunes 9 de abril fue notificado por la Fiscalía Provincial con el inicio de un proceso investigativo por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Esto ocurre luego de que a finales de marzo pasado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) saliente presentó el informe concluyente N° 145-2017. Lo envió a la Contraloría y a la Fiscalía para que establezca presuntas responsabilidades administrativas, civiles o penales.

En tres artículos y una disposición final, el informe de 33 páginas del exCPCCS dio por conocido y acogió parcialmente las  recomendaciones del informe concluyente de investigación, iniciado para determinar presuntas ilegalidades cometidas por el Prefecto. Esto, por celebrar contratos con el Estado mediante compañías donde sería accionista junto con sus familiares, en contra de expresas disposiciones legales.

La denuncia inicial fue presentada por los juristas manabitas Francisco Bravo, Marcelo Farfán y el exlegislador Leonardo Viteri.

Mencionaron que el Prefecto de Manabí y su hijo, el asambleísta Mariano Zambrano Vera, habrían incurrido, incluso, en el delito de perjurio, al entregar su declaración patrimonial jurada omitiendo sus acciones y cargos en el Consorcio Mardcomsa-Marzam, que mantiene contratos con el sector público.

Por ejemplo, un contrato data de 2012, suscrito entre la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) y Marzam para el transporte multimodal (marítimo y terrestre, recepción, almacenamiento y despacho), para el abastecimiento de combustible fuel oil 6 y diésel para la Central Termoeléctrica Jaramijó, por $ 18,6 millones.

Otro contrato da cuenta por la suma de $ 5,7 millones.

Aquello -según los denunciantes- transgrede la Constitución, el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (Losncp, la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep) y la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas - Código de la Democracia.

Frente a esto, el Prefecto indicó públicamente, en agosto pasado, que se trataba de un ataque mediático que obedece a intereses políticos. “Ni mi hijo ni yo estamos incursos en prohibición alguna, tal como maliciosamente afirman (quienes tienen) protervos intereses y pasquines informáticos replicados en varios medios”.

A Bravo le llama la atención que la investigación de la Fiscalía sea por un solo tipo de delito, pues destacó que en el informe del exCPCCS se menciona otros más.

“La pregunta es por qué el fiscal provincial, Enrique García, no acogió el informe total del Consejo donde se habla que el Prefecto y su hijo han cometido delitos como: tráfico de influencias, testaferrismo y lavado de activos”, señaló Bravo.

Por eso plantearán dos acciones legales: una de ellas la recusación, ya que el Fiscal que inició la investigación fue el mismo que pidió el archivo de la causa meses atrás.

“No hay garantías de transparencia para que sea el mismo fiscal quien lleve adelante la investigación”, dijo.

Hasta el cierre de esta nota, el Prefecto no respondió las llamadas a su teléfono para conocer su versión respecto al inicio de esta indagación fiscal, de carácter penal en su contra. (I)

Antecedente
La denuncia
Fue presentada por los juristas Francisco Bravo, Marcelo Farfán y el exlegislador Leonardo Viteri. Sostienen que el Prefecto de Manabí y su hijo, el asambleísta Mariano Zambrano Vera, habrían incurrido, incluso, en el delito de perjurio.

3 artículos y una disposición final contienen las 33 páginas del informe del ex CPCCS.

Contratos violarían la ley
Las empresas en donde consta como accionista el Prefecto y sus familiares tendrían contratos con el Estado. (I)