En junio de 2008, Ecuador sorprendía al mundo con la llamada “ciudadanía universal”. Una decisión que abría las puertas del país a cualquier extranjero sin importar su procedencia. Aunque esta medida todavía se encuentra en vigencia al poco tiempo mostró sus falencias.

La primera alerta saltó apenas tres meses después de su nacimiento. El país vivió un inusual éxodo de ciudadanos chinos que usaban nuestro territorio para llegar a Estados Unidos.

Los asiáticos eran víctimas de tratos inhumanos por parte de los traficantes de personas. La respuesta del embajador de ese entonces, Cai Ronguo, fue contundente y pidió a Ecuador que exija la visa a sus compatriotas.

El Gobierno dio marcha atrás y empezó a pedir la visa a los chinos. Este requisito lo mantuvo hasta 2016, cuando ambos países decidieron retirar la exigencia de esos documentos de viaje.

El analista Joaquín Hernández sostiene que al abrir las puertas a todos los viajeros pesó un espíritu demagógico y un afán de reconocimiento internacional del expresidente Rafael Correa.

Él sostiene que el concepto de “ciudadanía universal” no es malo en esencia, porque rescata la igualdad entre todos los individuos.

Pero recalcó que las sociedades deben cumplir un mínimo de consideraciones para la migración, como lo hace Europa.

Estas consideraciones incluyen conocer las consecuencias que tendrá una migración masiva en la sociedad, en su economía y en su seguridad. Eso lo explica la vicerrectora del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN), Katalina Barreiro.

La catedrática sostiene que no se tomaron esa previsiones cuando se abrió las puertas a una migración indiscriminada. Ecuador pronto afrontó problemas que antes no había sentido.

En el continente, la decisión ecuatoriana también preocupó a países como Estados Unidos, Panamá, Costa Rica y El Salvador.
Ellos movieron los hilos diplomáticos para revertir la decisión ecuatoriana que generaba una migración calificada como muy peligrosa.

En los cables de Wikileaks se encontraron evidencias. “Ecuador está provocando la inestabilidad de toda América desde que suprimió los visados”, advirtió Mario Zamora, encargado de la Seguridad de Costa Rica a la embajada de EE.UU.

Ellos denunciaban una avalancha de inmigrantes irregulares de Europa del Este, árabes y africanos. Muchos vinculados a redes de narcotráfico, trata de personas e incluso terrorismo.

Nuevamente, el gobierno de ese tiempo tuvo que retroceder y pedir visa a la población de 11 países.

Estos fueron: Afganistán, Bangladesh, Eritrea, Etiopía, Kenia, Nepal, Nigeria, Pakistán, Somalia, Senegal y la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte). Hasta ahora, los ciudadanos de esas naciones deben presentar el documento de viaje en las oficinas de Migración.

La analista Barreiro recuerda que luego se reformó la Ley de Movilidad Humana, para matizar el concepto de “ciudadanía universal”. La intención era incluir temas de seguridad considerados para la migración.

“Las consecuencias también fueron olas migratorias nunca antes vistas en el país”, recalca Barreiro.

Ella sostiene que tampoco se previnieron grandes flujos de migración. En los últimos 10 años, Haití, Cuba y Venezuela lideran esta lista, distintamente de Colombia que su migración era habitual por la violencia desatada por el narcotráfico y las guerrillas.

La primera oleada fue de haitianos que escaparon de la pobreza que dejó el terremoto de 2010. Ellos llegaron a las ciudades ecuatorianas para buscar una salida a EE.UU., pero se volvieron presa fácil de los traficantes.

Poco después hicieron lo mismo los cubanos. Vinieron más de 200.000 hasta 2015, con picos que llegaron a los 74.000 visitantes en un año.

Esa avalancha disparó el negocio de los matrimonios por conveniencia y trata de migrantes que anhelaban solo llegar a Estados Unidos. Nuevamente, los países vecinos y organizaciones como las Naciones Unidas advirtieron de esta problemática.

De nuevo, el Gobierno tuvo que considerar su política de puertas abiertas y también puso visa a los cubanos. Esta medida rige desde 2015 y se sostiene en la necesidad de proteger a los ciudadanos de ese país de las redes delincuenciales.

El tercer gran éxodo es de venezolanos. Solo el año pasado ingresaron 954.000 ciudadanos de ese país. De ellos 154.000 se afincaron en ciudades de todo el territorio nacional, el resto lo utilizó como una escala para llega a Perú y Chile.

Barreiro y Hernández coinciden que las leyes, como la nacionalidad universal se prueban en la realidad y deben responder a las necesidades no solo del país sino de la región. (I)