Se inició la indagación previa para determinar quiénes participaron de las protestas que degeneraron en la agresión contra el embajador de Chile en Ecuador, Juan Pablo Lira, y el apoderado de la empresa Bielorusnet, Andrei Nikonkov.

La agresión ocurrió el 29 de noviembre pasado, tras salir de la Secretaría de Hidrocarburos, en Quito, donde efectuaron  la entrega y apertura de ofertas de 4 de los 13 bloques petroleros que salieron a licitación de la XI Ronda Suroriente.

La investigación de la Fiscalía se basa en la posibilidad de que se cometió el delito de amenazas y lesiones, lo cual motivó la notificación a dirigentes que estuvieron presentes en la manifestación, identificados mediante videos tomados en el lugar  y versiones de testigos.

Esto motivó que sean llamados a declarar: Franco Viteri, presidente de la Runuare; Gloria Ushigua, de la nacionalidad Zápara; Patricia Gualinga, dirigente del pueblo Sarayacu; Klever Ruiz, presidente de la nacionalidad Zápara; Jaime Vargas, presidente de la nacionalidad Achuar; Margot Escobar, integrante de la ONG La Hormiga de Pastaza; Bartolo Ushigua, vicepresidente de la Conaie; Humberto Cholango, presidente de la Conaie; Patricio Sake, de la nacionalidad Achuar, quien aparece en un video pegando con una lanza en la cabeza al empresario extranjero; y Andrea Medina.

Humberto Cholango señaló ayer que no tiene miedo a la investigación ya que ese día se retiró del lugar en compañía de todos los dirigentes.

DATOS

El Jefe de Estado Rafael Correa denunció el hecho el 30 de noviembre pasado y  pidió que se haga una  investigación, ya que se tiene identificados a los agresores.   

La Fundación Pachamama fue disuelta por orden del Ministerio del Ambiente el pasado 4 de diciembre, luego de que se comprobó que integrantes de este colectivo participaron en las agresiones.

Humberto Cholango, presidente de la Conaie, dijo que acudirá a la Fiscalía para dar su testimonio sobre los hechos, al igual que los demás dirigentes implicados.

Fiscalía de Pastaza convocó para hoy viernes a 5 de los dirigentes indígenas implicados que residen en esa provincia, para que rindan su testimonio en esta causa.