El procurador general del Estado, Diego García, informó que ha presentado su renuncia "irrevocable" al cargo después de 10 años en funciones. 

La dimisión la presentó la tarde de este miércoles, ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la Asamblea Nacional, minutos antes de convocar a una rueda de prensa. 

Ante la prensa, García dijo que tomó la decisión pensando en sus objetivos personales y en los de su familia. "Mi decisión es tomada personal y familiarmente, con miras al regreso de mi ejercicio profesional privado, una vez que ha concluido mi servicio público a lo largo de estos 10 años". 

Recalcó el trabajo realizado con su equipo en la Procuraduría que, indicó, continuará hasta la designación de un nuevo titular de la entidad. Temporalmente asume el subprocurador, Rafael Parreño. "Esperamos una transición bajo los esquemas de la ley", apuntó. 

También aseguró que "la defensa del Estado está garantizada". 

Indicó que el caso Odebrecht está aún "en etapa inicial" y adelantó que ayer envió a la Asamblea Nacional la información actualizada sobre los casos que se sigue en materia de corrupción.

Especialmente, puntualizó, un "detalle completo" del caso Odebrecht en el que ha sido sentenciado, en primera instancia, el exvicepresidente, Jorge Glas, a seis años de prisión.

"Hemos llegado a una sentencia con una reparación", recordó al recalcar que "esto va a continuar adelante" antes de asegurar que la Procuraduría está preparada y tiene un plan para hacer frente a todos los casos pendientes.

Según García, desde 2008 la Procuraduría ha enfrentado "con éxito" y obtenido "importantes resultados en materia de arbitraje de inversiones, defensa que le permitió evitar el pago del 83 % de los valores reclamados por los inversionistas en medio de un sistema de Solución de Controversias de Inversión que hoy es cuestionado a nivel mundial".

Como muestra del trabajo coordinado entre instituciones, indicó que la Procuraduría "ha liderado el proceso de salida" de Ecuador de la lista de países con deficiencias estratégicas en la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo hecha por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

"En cuanto a la defensa del Estado en jurisdicción nacional, los resultados obtenidos son 7 de cada 10 sentencias favorables al Estado ecuatoriano a lo largo de 10 años", detalló la Procuraduría en un comunicado. (I)