El defensor público encargado, Ángel Torres, entregó al presidente de la Asamblea, César Litardo, el proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría Pública para su respectivo análisis y aprobación.

El funcionario enfatizó que  la propuesta de normativa consolida las directrices necesarias para la prestación de un servicio de asistencia legal integral y gratuita.

Además el proyecto considera la creación de la Escuela Defensorial que se encargará de la formación, capacitación técnica y especialización de los defensores públicos de carrera.

Al respecto, el jurista Franklin Moreno indicó que la moral y la ética pública no requieren de una escuela de capacitación, pues quienes fueron designados como defensores públicos ya conocen los procedimientos constitucionales y legales.

Mientras que el abogado Hernán Ulloa cree importante que toda institución tenga una escuela de capacitación para que se mejore la atención al público.

Ambos expertos aclararon que la entidad es necesaria, pero lo principal es apoyar legalmente a personas que lo necesitan.

No obstante, hay críticas por la labor que realiza actualmente la entidad.

Moreno mencionó que los defensores públicos deben actuar con transparencia, es decir, asistir debidamente a la persona que no tiene dinero para pagar un profesional privado.

Además sería importante que el Consejo de la Judicatura observe, analice y realice evaluaciones periódicas de la labor que hacen estos funcionarios.

“La ética y moral de los defensores públicos es primordial para garantizar el debido proceso a la persona que forma parte de una causa y que a ellos les corresponde patrocinar”, enfatizó el experto.

Ulloa señaló que la Defensoría Pública no cumple, pues muchas veces la entidad brinda sus servicios a personas que sí cuentan con los recursos económicos para contratar a un abogado.

“Si la entidad interviene en cada caso, de cualquier procesado que alegue que no tiene dinero para contratar a un abogado, estaríamos afectando el derecho al trabajo de miles de juristas a nivel nacional”, señaló.

Además se necesita un Defensor Público que conozca del trabajo de la entidad, que sea un abogado litigante, “no de oficina, una persona que esté empoderada de la problemática que existen en las audiencias”.

Por su parte, Francisco Valente, presidente del Movimiento Indígena del Guayas, manifestó que la entidad debería fortalecer más su trabajo en defensa de los derechos de las personas vulnerables especialmente en zonas rurales donde es difícil acceder a un asesoramiento legal.

De enero a agosto de este año, la Defensoría Pública atendió 163.195 solicitudes de personas y grupos vulnerables que se encuentran en estado de indefensión.

De la cifra indicada, 85.373 fueron relacionadas al ámbito penal, 56.460 no penales y 21.362 asesorías jurídicas varias.

El Defensor Público dijo que la entidad brinda asesoría y patrocinio jurídico a las personas que no puedan costear un abogado.

Explicó que en materia penal, la Defensoría acepta casos sobre delitos contra la integridad sexual, trata, genocidios, lesa-humanidad, asesinato, femicidio, homicidio, desapariciones, adolescentes en conflicto.

Asimismo en los casos no penales, se da defensa en temas de familia, mujer, niñez y adolescencia, alimentos, régimen de visitas, salida del país, movilidad humana, casos civiles.

Torres aclaró que las personas en estado de indefensión son las que por edad, género, estado físico, circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales, no puedan contratar los servicios de un abogado.

El funcionario dijo anteriormente que la entidad tiene 733 defensores, de ellos solo 685 se encuentran activos, distribuidos en 198 puntos de atención, en las 24 provincias del país, por lo que al momento tienen un déficit de por lo menos 180 abogados gratuitos. (I)