Al menos 30 propuestas de reformas al Código de la Democracia se plantearían a la Asamblea. Así lo reveló el titular del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Patricio Baca Mancheno, durante una entrevista para ELTELÉGRAFO. Para el jurista los últimos procesos electorales han permitido identificar vacíos legales que deben ser corregidos.   

Actualmente se impulsa una propuesta de reformas al Código de la Democracia, ¿sobre qué bases se ha puesto en marcha la iniciativa?
Luego de los procesos electorales de 2013 y 2014 encontramos ciertos asuntos y disposiciones legales que deben ser modificados, sobre todo porque el Código debe actualizarse para garantizar de mejor manera la representación popular y fortalecer futuras elecciones.  

¿Es decir que existen vacíos legales en el Código?
Por supuesto, recordemos el hecho lamentable de Muisne (Esmeraldas) donde un alcalde (Walquer Vera) ganó las elecciones y recibió la credencial, pero no se posesionó en la sesión inaugural a causa de su muerte. Allí se generó un vacío en la ley. El CNE tomó una decisión que el pueblo de Muisne aceptó, pero que no estaba en el código. Los consejeros viajaron a Muisne, se designó al vicealcalde y este asumió la Alcaldía.

¿Qué otros aspectos han encontrado en el código que ameriten reformas?
Debemos garantizar un mejor control de los gastos de campaña. El responsable del manejo económico tiene que presentar los gastos de campaña; él tiene la obligación de presentar las cuentas, pero deben generarse mayores y mejores controles.

¿Cómo se maneja actualmente la información sobre el uso de los gastos de campaña?  
La organización política, previo al proceso electoral, debe designar un responsable del manejo económico, pero deben irse generando procesos de entrega de información por etapas para evitar la acumulación de información. Un mecanismo podría ser que el responsable económico entregue por etapas la información sobre el dinero que ingresa a la organización política y lo que se gasta en la campaña electoral. Ahora tiene que esperar a que culmine el proceso y de allí otros 45 días para hacerlo.  

¿Habrá alguna reforma para el funcionamiento del TCE?
El Tribunal debe asumir otra función, debería tener una facultad similar a la que tiene la Corte Nacional de Justicia para dirimir un conflicto, en este caso de índole electoral. Ambos organismos tienen la misma jerarquía constitucional y legal y bajo esas circunstancias el Tribunal debería tener esa misma capacidad de análisis e interpretación de una parte de la ley y tener la potestad de emitir pronunciamientos.

¿Qué organismo está asumiendo esa responsabilidad?
Ninguno. Cuando se produce un conflicto de competencias entre el CNE y el TCE quien dirime es la Corte Constitucional. No deberíamos esperar a que se produzca un hecho para que el tribunal actúe. La ley debe anticipar esos hechos para que no existan esos riesgos. Otra de las obligaciones que debería analizarse dentro de las facultades del TCE es la capacidad de sancionar con destitución a los funcionarios de elección popular si cometen una falta o violación a la ley, pero estas autoridades no podrían ser destituidas por un juez. No me parece que un alcalde con mucha aceptación deba ser destituido por un juez, no creo que debe permanecer esa norma o debería haber otro tipo de sanción.  

¿Estos temas ya han sido discutidos con el CNE?
El TCE desde hace un mes trabaja en propuestas de reformas al Código de la Democracia y hasta el momento hemos identificado que se podrían plantear unos 30 cambios. Del CNE conozco que también trabaja con sus propuestas y habrá que analizar y discutir en conjunto porque estamos claros de que el presidente del CNE es el titular de la Función Electoral y si queremos llegar con propuestas a la Asamblea tenemos que hacérselas llegar al titular del CNE.

¿Se están socializando estas reformas con otros sectores, como las organizaciones políticas o la ciudadanía misma?
Todos los ecuatorianos podemos, utilizando los mecanismos legales, plantear reformas, pero las organizaciones políticas también deben formular sus propuestas e incluso la ciudadanía porque en un proceso electoral participamos todos y debemos asumir la responsabilidad en el nivel que nos toca y nuestra función como jueces garantistas de derechos es hacer respetar la ley.

¿Hay fechas para tener listas las reformas?
El proceso electoral será en enero o febrero de 2017, un año antes no se pueden hacer reformas al Código de la Democracia, lo que implica que deberían estar listas hasta diciembre de 2015; además habría que ver cuándo se convoca al próximo proceso electoral, así que tenemos todo 2014 y 2015 para el análisis, la discusión y aprobación de las reformas al código por parte de la Asamblea Nacional.

¿Será suficiente el tiempo?
Creo que estamos a contrarreloj, pero es importante que la gente empiece a discutir estos asuntos.

¿Cómo se está informando al ciudadano para que participe en la toma de decisiones?
El TCE es un organismo que administra justicia electoral y uno de los temas es que mientras más conozca la gente sus derechos consagrados en la Ley y la Constitución, ésta tendrá la posibilidad de que cuando se produzca una violación a sus derechos pueda reclamar. El TCE está interesado en fortalecer la institución con visitas a ciudades para que estudiantes y ciudadanos conozcan temas relacionados al derecho electoral.

¿Qué ciudades han visitado?
Hemos visitado Manta, Loja, Quevedo, Machala, Sangolquí. La próxima semana estaremos en Queens y New Jersey (EE.UU.) con los migrantes y cuando regresemos estaremos en Latacunga y Riobamba. Son jornadas  académicas que hacemos para este año y el próximo. Queremos que más ciudadanos se involucren en temas electorales.  

¿Cuáles han sido las principales inquietudes ciudadanas en los sitios que han visitado?
Una de las cosas que ha llamado la atención es que quieren conocer lo que ha hecho el TCE, además ya saben que existen sanciones a los actores políticos que infringen la ley, que pueden tener mayor participación, que tienen herramientas y jueces para reclamar como ciudadanos por alguna infracción electoral.

¿Cómo percibe el nivel de participación del ciudadano?
Las Constitución de 2008 es de avanzada, permitió ampliar la  participación del ciudadano, que jóvenes de 16 a 18 años puedan elegir, que miembros de la fuerza pública puedan optativamente sufragar y también los extranjeros residentes con más de 5 años en Ecuador. Hizo que miles de ciudadanos se incorporen en la toma de decisiones.