En el tiempo político que transcurre en América Latina se han configurado escenarios mediáticos antes impensables, a los que abonan por igual la prensa de derecha internacional y entornos de activismo otrora relevantes -en confusión que ya no parece casual-, en los que se proyectan de modo sistemático titulares y contenidos que desdibujan a los gobiernos progresistas, y encumbran cada vez más a individuos de curioso trayecto convertidos, sin más, en ‘héroes’. Veamos un caso.

Apareció en Miami, en el Foro de Promoción Democrática Continental, más conocido como la Contracumbre de la Celac, celebrada para afianzar la unidad de la derecha latinoamericana e internacional, apuntalar la oposición regional contra los gobiernos progresistas y desarrollar una “estrategia de lucha ante el avance de la Celac”, que según el ‘exiliado’ cubano Julio Shiling, coordinador de la contracumbre, “…solo sirve a los intereses de la subversión en las Américas”.

Su voz, la del ecuatoriano Fernando Villavicencio, que denunció en ese evento al gobierno de la Revolución Ciudadana por el presunto allanamiento de su domicilio, se sumó a aquellas de los más reconocidos exponentes del exilio cubano en Miami, que urgieron al conjunto de oposiciones al Socialismo del Siglo XXI, a actuar al unísono y con celeridad, para expiar al “castro comunismo”, al “chavismo-madurismo” y a las otras “dictaduras”: ecuatoriana, boliviana y nicaragüense, como también a la “democracia reducida” en Argentina.

En el evento, Villavicencio compartió agenda con personajes que, según los organizadores, fueron “pocos, pero representativos de las distintas tendencias de oposición a las cinco dictaduras”, entre ellos: Ofelia Acevedo, viuda del opositor cubano Oswaldo Payá; la opositora venezolana Ana Mercedes Díaz, el boliviano Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia, señalado en su país por actividades desestabilizadoras y autor de la consigna: “todos los opositores deben unirse para derrotar a Evo Morales, el que no esté en esta línea es un agente del Gobierno”.

Luego de la gira por Estados Unidos, donde visitó varias entidades, Fernando Villavicencio apareció este mes de mayo en Sarayaku, pueblo indígena de la Amazonía ecuatoriana, donde conjuntamente con su asesorado, el exasambleísta Cléver Jiménez, del movimiento Pachakutik, y su colega Carlos Figueroa, se han declarado ‘asilados’ y, con la anuencia de la dirigencia local saliente, se han internado en la comunidad. Los tres se rehúsan a acatar una sentencia emitida por la Corte Nacional de Justicia, por injuria cometida al acusar de crímenes de lesa humanidad al presidente ecuatoriano Rafael Correa.

La argucia por la que fueron sentenciados inició el 30 de septiembre de 2010, cuando un sector de la Policía, con actores políticos de la derecha y las élites, perpetró un intento de golpe de Estado. El pueblo se movilizó masivamente a defender el proceso de la Revolución Ciudadana y al presidente Rafael Correa, retenido contra su voluntad en el hospital de la institución policial en Quito. Luego de un día entero de resistencia pacífica, el pueblo y el Ejército Nacional lograron liberar al Presidente y superaron el intento de golpe.

Ante su fracaso, la derecha y otros sectores de oposición emitieron las más absurdas tesis, para acusar a la víctima y sellar el caso con total impunidad. En ese marco, el exasambleísta Cléver Jiménez y sus asesores Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, presentaron una demanda legal contra el presidente Correa, acusándolo como criminal de lesa humanidad, bajo la entelequia de haber ordenado al Ejército disparar, para ser liberado del golpe que se le infligía. Esta desacertada imputación fue desechada y calificada como maliciosa y temeraria 9 meses después, por la Fiscalía de la Nación.

Ante tan grave acusación –pues como se sabe los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y extraterritoriales- el Presidente interpuso una contrademanda por injuria, misma que, luego de un sonado juicio, culminó en enero de 2014 con la sentencia emitida por la Corte Nacional de Justicia, en la que se condena a penas de 18 meses de cárcel a Jiménez y Villavicencio y 6 meses a Figueroa.

En el proceso legal salió a la luz una maraña de falsedades, espionajes y complicidades de Jiménez, Villavicencio y Figueroa, con personajes de dudosa monta, y hasta con la compañía transnacional Chevron, que se rehúsa a indemnizar a las comunidades y pueblos indígenas amazónicos, por los daños causados a la naturaleza y a la salud.

Intentando huir de esta sanción legal, estos señores presuntamente se internaron en territorio Sarayaku, colocando a ese pueblo indígena, que no tiene nada que ver con este juicio, en una delicada situación. Mientras sus consocios, de la oposición y los medios, se afanan en transfigurar el caso presentando al pueblo Sarayaku en confrontación con el gobierno de la Revolución Ciudadana y, más aún, se empeñan en exhibir escenarios belicosos, con términos guerreristas, omitiendo que se trata de un caso de prófugos de la justicia y magnificando las diferencias entre sarayakus y gobierno.

Con esa realidad desfigurada se multiplican opiniones en las redes sociales y en los medios, se levantan campañas de solidaridad, se solicitan adhesiones. Y en medio de tantas confusiones, ya nadie escucha o lee los manifiestos y declaraciones de los involucrados, tales como el Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza, que rechaza que “los tres condenados de la justicia pretendan obligar al pueblo a aceptarlos como ‘refugiados políticos’…”, denuncia las divisiones que estos están causando en las comunidades, exige la inmediata salida de los tres prófugos de sus tierras y pide a las autoridades que se los entregue a la justicia.

Asimismo, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural (Gadpr) Sarayaku enfatiza: “La opinión pública nacional e internacional debe conocer que el pueblo de Sarayaku ha sido secuestrado por tres prófugos de la justicia, quienes en estos días estuvieron mentalizando e incitando a los jóvenes y autoridades locales a una rebelión contra el orden democrático vigente, sin importarles en lo mínimo la gravísima situación en que involucran irresponsablemente a un pueblo inocente”. El Gadpr Sarayaku desmiente las versiones de sobrevuelos y supuestas amenazas del gobierno y señala complicidades entre la dirigencia saliente y actores externos, que ponen en riesgo la unidad de la comunidad y hasta la seguridad colectiva. En igual sentido se han pronunciado los pueblos colindantes y de frontera, y el presidente de la Conaie, Humberto Cholango.

En este entorno de confusiones creadas tampoco se observa que las medidas cautelares otorgadas a Jiménez, Figueroa y Villavicencio por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –no por la Corte Interamericana- en marzo de 2014, fueron recusadas por el Estado ecuatoriano, pues no solo esta instancia no tiene competencia para emitirlas, sino que las alusiones a la libertad de expresión, que son parte del sustento de dichas medidas, distan de un caso de derecho penal, que se enmarca en un intento de golpe de Estado. Peor aún, voces interesadas confunden estas medidas cautelares con unas muy distintas, que fueron otorgadas en 2012 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sí tiene potestad para hacerlo, al pueblo Sarayaku por hechos sucedidos en la década de los 90, relacionados con la consulta previa sobre explotación petrolera en sus territorios.

En Ecuador -como en Bolivia y Venezuela- la oposición busca deslegitimar las constituciones, instituciones y decisiones institucionales, a través de la creación de instancias ad hoc, nacionales e internacionales; se apela en esa línea a mediaciones, intervenciones de terceros, comités de notables y otros métodos, en este y otros casos. Se reinterpreta igualmente el discurso de los derechos humanos para defender los intereses de la oposición y las élites.

Estos procedimientos, que ya se reconocen como parte de la estrategia de ‘golpe sostenido’ o ‘blando’ contra los países de cambio, son reforzados por los medios de información privados, que en Ecuador -como en Bolivia y Venezuela- actúan como voceros de la oposición y pretenden invertir la realidad, convirtiendo en víctimas a todos quienes se oponen al proceso de cambio, incluyendo a golpistas, cómplices y defensores del golpismo.

Es sobre esas realidades deformadas que concurren pronunciamientos contra los gobiernos progresistas, en defensa de improvisados protagonistas que, como Jiménez, Figueroa y Villavicencio, cuentan con una gama de ‘protectores’ que van de Miami a Sarayaku… Solo que ahora, con dudosas confusiones se intenta configurar situaciones belicistas, en un país como Ecuador, que es constitucionalmente territorio de paz.