Tras un análisis técnico, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) emitió el 16 de febrero pasado el informe concluyente No. 145-2017 y lo envió a la Contraloría General y a la Fiscalía para que establezca presuntas responsabilidades administrativas, civiles o penales en contra del prefecto de Manabí, Mariano Zambrano, por contratos entre el Estado y empresas ligadas a él, a su hijo asambleísta y más familiares.

En tres artículos y una disposición final, el informe de 33 páginas del CPCCS saliente da por conocido y acoge parcialmente las  recomendaciones del informe concluyente de investigación, iniciado para determinar presuntas irregularidades cometidas por el Prefecto de Manabí, al celebrar contratos con el Estado, mediante compañías donde sería accionista junto con sus familiares, en contra de expresas disposiciones legales.

El informe fue presentado mediante memorando de 26 de enero de 2018 a Carlos Contreras, secretario Técnico de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.

El tema y las voces implicadas
Como han denunciado  los juristas Francisco Bravo y Marcelo Farfán; el exlegislador Leonardo Viteri, y la asambleísta Ana Galarza, el Prefecto y su hijo, que es asambleísta y lleva su mismo nombre, habrían incurrido en el delito de perjurio al entregar su declaración patrimonial jurada omitiendo sus acciones y cargos en el Consorcio Mardcomsa-Marzam, que tiene contratos con el Estado.

Consideran que eso transgrede la Constitución del Estado, el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep) y la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas - Código de la Democracia.

Por ejemplo, un contrato data de 2012, suscrito entre la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) y Marzam para el transporte multimodal (marítimo y terrestre, recepción, almacenamiento y despacho), para el abastecimiento de combustible fuel oil 6 y diésel para la Central Termoeléctrica Jaramijó, por $ 18,6 millones.

Otro contrato da cuenta de la suma de $ 5,7 millones.

Frente a esto, el Prefecto dijo públicamente, en agosto pasado y tras las revelaciones a la prensa de Manabí y del país, entre ellos a EL TELÉGRAFO (ver facsímiles), que es un ataque mediático que obedece a intereses políticos.

“Ni mi hijo ni yo estamos incursos en prohibición alguna, tal como maliciosamente afirman (quienes tienen) protervos intereses y  pasquines informáticos replicados en varios medios”, dijo.

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Añadió que su declaración juramentada sí contiene todos los activos y pasivos que constituyen su patrimonio, lo que ha realizado ordenadamente desde que ha ingresado al ejercicio público.

Por su parte, su hijo dijo que “es menester aclarar que mi padre y yo no incurrimos en la prohibición general prevista en el art. 62 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública”.

Jorge Zavala Egas, abogado de Marzam, aclaró en Ecuavisa que lo señalado por Leonardo Viteri sobre la relación contractual entre el Estado y esa empresa del Prefecto y su familia no era ilegal.

Las declaraciones se realizan luego de que Viteri asegurara que el Consocio firmó contratos por $ 48 millones con el Estado y que la relación entre el Prefecto y Marzam es “innegable”.

Zavala se respaldó en un dictamen de la Procuraduría General del Estado (PGE), del 5 de enero de 2012, que resolvió el problema con el carácter de vinculante para la administración pública diciendo que los servidores públicos y sus parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y las personas jurídicas en las que estos tengan participación, están impedidos de suscribir contratos con la entidad en donde el servidor público ejerza sus funciones.

Sin embargo, el también asambleísta por Manabí, Ricardo Zambrano, en una entrevista con Ecuador TV el 31 de agosto pasado, se unió a las voces que exigieron a la Contraloría una auditoría.

Incluso, mediante oficio remitido el 19 de octubre pasado al titular de la Asamblea, José Serrano, la PGE confirmó que estaban ejecutando una tarea de control.

Esto, a su vez, en atención al oficio ingresado a la PGE el 4 de octubre por el asambleísta Vicente Taiano.

Él requirió el “informe en el que se determine si las empresas Marzam Cia Ltda.; Marítima de Comercio Cía. Ltda.; Mardcomsa y Naviera Marnizam Cía. Ltda, de las cuales es accionista el Prefecto de Manabí, incurren en las inhabilidades determinadas en la Ley Orgánica del Servicio de Contratación Pública, respecto de sus facultades para contratar con el Estado”.

El análisis jurídico de la PGE, que ofreció entregar en 180 días la información, también busca esclarecer si el dictamen de ese ente facultó a las empresas de Zambrano a contratar con el Estado. (I)

En evidencia la relación contractual de las empresas
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social señala que en el informe 145-2017 se evidencian, entre otras, las siguientes conclusiones:

“Los hechos analizados han permitido evidenciar que el prefecto de Manabí, Mariano Nicanor Zambrano Segovia; su cónyuge, María Piedad Vera Loor; su hijo Mariano Zambrano Vera, asambleísta por Manabí, y demás familiares, son propietarios de un conjunto accionario de un grupo de compañías, de las cuales cinco, Marzam Cia. Ltda., Marítima de Comercio Cía. Ltda. Mardcomsa; Naviera Marnizam Cia. Ltda., Automotores Manabitas Cía. Ltda. y Manhost S.A., han mantenido relaciones contractuales con instituciones públicas”.

Entonces detalla que entre ellas se encuentran Petroecuador EP; la  Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP); Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Montecristi; Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de  Paján; Dirección General de Aviación Civil; Dirección Regional II; Centro de Movilización de Manta; y Hospital General Rodríguez Zambrano de Manta.

El informe añade que el Prefecto de Manabí ha venido ejerciendo sus funciones durante tres períodos consecutivos, entre los que pueden definirse como punto de partida los siguientes momentos: desde el 5 de enero de 2005 al 6 de enero de 2009, ciclo en el que no se observan actuaciones contractuales entre el Estado y las compañías, en las que el denunciado consta como accionista.

Luego se visualiza el período que empieza desde el 31 de julio de 2009 hasta el 14 de mayo de 2013. En este -según el informe-  ya se avizoran suscripciones contractuales con el Estado.

Finalmente el tercer período comprendido desde el 24 de mayo de 2014 hasta el 24 de mayo de 2019, “en el cual se puede observar con claridad la suscripción de contratos con el Estado. Los calados proyectados en este tipo de contratos
de provisión de servicios suscritos con el Estado sumarían unos $ 73’195.514.50”.

En informe remitido por el Consejo de Participación Ciudadana a la Contraloría y la Fiscalía, según señalaron en el documento, respondió a una denuncia. Los Medios Públicos intentaron ayer, en varias ocasiones, contactarse vía telefónica con el Prefecto de Manabí y su hijo para tener su versión frente al informe pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta. (I)

González dice que no es un informe de última hora
La última sesión ordinaria del  Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se dio ayer en Guayaquil con la presencia de 4 de los 7 miembros del pleno.

El orden del día estuvo conformado por 6 puntos, que iban desde pedidos, denuncias y conformación de veedurías  ciudadanas, hasta informes técnicos y detalles del índice de transparencia 2015-2018.

La jornada se alteró por la suspensión de una primera sesión, que analizó el reglamento para la elección de Contralor. Esta  discusión tuvo distintos criterios entre los consejeros sobre realizar o no este proceso una vez entregados los resultados de la consulta popular. Al final acordaron no tratar el tema.

Raquel González, presidenta del CPCCS, aseguró que tienen todo listo para entregar un Consejo con la información de participación ciudadana, lucha contra la corrupción y designación de autoridades, tanto en digital como físico con la presencia de un notario, pero existen peticiones para la conformación de veedurías que buscan ser observadores de la instalación del consejo transitorio.

Una vez terminada la sesión, González explicó que la resolución pública sobre contratos del prefecto de Manabí, Mariano Zambrano, fue una denuncia que llegó desde la ciudadanía al Departamento de Admisiones y que el cuerpo colegiado conoció luego de pasar todas las etapas para iniciar el caso, mas no una investigación que nació del CPCCS.

Una vez estudiada por la respectiva comisión “quienes participaron en ella fue la subcoordinación de admisión, que asignó un técnico responsable que investigó porque recién la conocimos en el pleno anterior”, señaló.

De acuerdo a la funcionaria, este informe es parte de un proceso investigativo y no está entre sus competencias determinar si es o no vinculante y por ello enviaron el informe a la Contraloría.

“No somos sancionadores, remitimos a las instancias como Contraloría, a la que se envió ese informe para que sea insumo, porque nosotros no trabajamos de oficio, de oficio trabaja la Fiscalía”, aclaró. Recalcó que no se puede tratar este caso como “un informe sacado de última hora; los documentos salen en su tiempo, indicando que no fue conocido por el pleno, hasta que llegó por una denuncia ciudadana y fue cuando la tratamos que conocimos el caso”. (I)