La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional, así como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) concuerdan en que es necesaria la desvinculación de los miembros de esta función con partidos o movimientos políticos, así como el registro de las organizaciones sociales.

A pesar de que el Proyecto de Código Orgánico del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social aún se encuentre en discusión dentro de la mesa legislativa, ya ha traído controversias.

Entre las reformas que plantea el nuevo cuerpo normativo están las de cambiar el Consejo de Participación Ciudadana que, según el presidente de la Comisión, Héctor Yépez, “garantizaría que no se deba a un partido político”.

Bajo esta propuesta, la reforma prohíbe los vínculos políticos, la afiliación a un partido y la participación en altos niveles de gobierno durante los últimos 10 años tanto para las autoridades que integren el CPCCS como para las que elija el organismo.

Edwin Jarrín, vicepresidente del CPCCS, está de acuerdo en que los miembros que encabezan el Consejo no hayan pertenecido a partidos o movimientos políticos en un periodo determinado; “puede ser cinco años, que es el mismo periodo de gestión”. Enfatizó que “de otra manera es discriminatorio, es como  si tú a los 40 años quieres concursar y a los 20 fuiste militante de la juventud de cualquier partido”.

También está de acuerdo con que este punto de la reforma afecte a las autoridades electas por el CPCCS.

El artículo 89 del Código también plantea que sea el CPCCS el que se encargue de registrar a todas las organizaciones sociales.

Sobre esto, Jarrín consideró que es un tema necesario el registro de las organizaciones sociales. “El hecho de que estén inscritas aquí puede ser de utilidad para la difusión e invitación permanente a participar en los diferentes mecanismos que se impulsan”.

Recordó, bajo este tema, que uno de los problemas que mantienen es “que a las asambleas ciudadanas no asiste ninguna entidad con competencia para registrarlas y ningún gobierno autónomo descentralizado puede facilitar algún tipo de recurso para fortalecerlas”.

Para la socialización del nuevo Código de Participación Ciudadana, la Comisión ha realizado visitas a ciudades del país. La última de ellas fue la de Quimsacocha (Azuay) a donde fueron el sábado.

Dentro de la sesión dialogaron con representantes del Consejo de Gobierno del Movimiento de los Indígenas de Ecuador (Ecuarunari).

Allí, Yépez aseguró que el Código que se discute “pretende garantizar la revocatoria del mandato para que el pueblo pueda remover a sus autoridades, siempre que el proceso se ajuste a las causas claras establecidas en la ley”.

Para Yépez, las visitas permitieron conocer las preocupaciones ciudadanas sobre su participación dentro del Estado, las mismas que “serán prioritarias al momento de plasmar el Código”.

A pesar de que en la comisión no existen integrantes del Movimiento Alianza PAIS, el Código que buscan aprobar fue enviado por Johanna Cedeño, asambleísta de esa agrupación. Este, dijo, busca mejorar los mecanismos de participación ciudadana. (I)