La Corte de Apelaciones de Ontario (Canadá) reconoció por unanimidad que tiene jurisdicción y competencia para validar la sentencia ecuatoriana contra Chevron y ejecutarla en ese país. Pablo Fajardo, abogado de la Unión de Afectados por las Operaciones de la Petrolera, calificó ayer la decisión como un triunfo para las víctimas de la contaminación ambiental.                              

Dijo que con este reconocimiento, que fue ratificado por los tres jueces de la Corte, se dio un paso importante para embargar los activos de Chevron en Canadá y así lograr que pague la indemnización estipulada en la sentencia ecuatoriana.

La multinacional tendría  una inversión (extracción de petróleo) en ese país superior a  los 10.000 millones de dólares. “Este fallo nos abre las puertas para pronto poder cobrar a la empresa y ejecutar la sentencia de Ecuador en esa jurisdicción”, señaló.

Sin embargo, la empresa estadounidense presentó un recurso de apelación en Canadá, por lo que  la  Corte Suprema de ese país será la última instancia, pero es “muy difícil que tengan éxito; este fallo es muy  importante en la lucha contra Chevron-Texaco”, añadió.

Ese reconocimiento de las cortes canadienses abre las puertas para que los afectados interpongan nuevas acciones para ejecutar el cobro en 15 países más, entre ellos Australia, en donde la compañía tiene más activos, pues allí alcanzan los 40.000 millones de dólares.

De los 60 países en que Chevron posee activos, la Unión de Afectados interpuso, hasta ahora, acciones en tres: Canadá, Brasil y Argentina.

Julio Prieto, otro de los abogados ecuatorianos de los afectados, afirmó que el proceso judicial en Argentina sigue su curso normal y que hace un mes se envió la notificación a Chevron Corporation. En ese país, los activos suman 2.000 millones de dólares.

Mientras en Brasil se espera una sentencia que podría emitirse en el tercer trimestre de 2014. Los activos suman entre 6.000 y 8.000 millones de dólares en esa nación.

En noviembre pasado, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador fijó en 9.500 millones de dólares la indemnización que debe pagar la transnacional a los afectados.