Una auditoría integral a la institución. Ese fue el anuncio que efectuó el presidente de la Corte Constitucional, . El pedido lo hizo a la Contraloría General del Estado.

Las declaraciones las efectuó el jueves 7 de febrero, durante un encuentro con la prensa en el que estuvieron los nueve magistrados posesionados por la Asamblea el miércoles 6 de febrero.

Recalcó que es necesaria la fiscalización para determinar el uso de los recursos: “es indispensable para conocer lo que pasó anteriormente”.

También comentó que verificarán todas las quejas que se han presentado sobre malas actuaciones, o cualquier tipo de denuncia fundamentada contra los jueces o funcionarios de la Corte.

Salgado acotó que debe recuperarse la imagen de la institución y que por ello están empeñados en hacer un trabajo honesto y transparente. “No somos legos de ningún  gobierno; vamos a profundizar la independencia de esta Corte que ahora sí está compuesta por expertos juristas”.

Según el magistrado, el presupuesto que tiene la Corte Constitucional no es suficiente, de ahí que pedirán se mejore. “Si queremos tener estos sistemas informáticos mejorados, para que el usuario pueda seguir su causa desde cualquier computador, son necesarios los recursos económicos”.

La nueva Corte empezó con el análisis del personal de la entidad, en donde, a criterio de los magistrados, existen áreas en las que hace falta personal o tienen demasiados empleados.

Por este motivo examinarán los departamentos que componen la institución, para determinar la cantidad de colaboradores que necesitan.

Salgado mencionó que en la Secretaría se encuentran en trámite 8.979 casos, de los cuales 2 mil se presentaron durante los 6 meses que duró la vacancia constitucional.

“3.291 están en sala de admisiones y 1.486 en la de selección, por otro lado hay causas que se han quedado rezagadas y con todo eso se calcula que deben llegar a 14 mil”.

También señaló que estudiarán la posibilidad de hacer reformas en el despacho de los procesos y evitar que se represen con la aplicación de un mejor sistema de admisiones, pues el 80% de las peticiones son acciones extraordinarias de protección.  

Para el efecto revisarán todas las normativas de la Corte, porque hay reglamentos que deberían eliminarse, “pues no pueden alterar la ley, peor estar en contra de la Constitución”, aseguró. (I)