La corrupción está en el podio de las preocupaciones de los ecuatorianos. Una encuesta de la empresa Click Report dice, a noviembre pasado, que ocupa el tercer lugar de la lista.

Esta calificación tiene sustento. En los dos últimos años, los escándalos que involucran el manejo de recursos públicos han sido permanentes.

Por ejemplo, la Fiscalía  General del Estado identificó 56 casos considerados como prioritarios, sin contar con los más recientes en donde  indaga los cobros ilegales de asambleístas y exlegisladores a sus colaboradores, hecho que le costó el puesto a la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña.  

Sumados estos casos, los expedientes que tiene a su cargo el órgano de justicia ascienden a 60. Dentro de este compendio de procesos, el más importante sigue siendo la red de corrupción relacionada con la constructora Odebrecht.

Hay 29 expedientes abiertos por las obras de la empresa brasileña. Uno de ellos, por asociación ilícita, terminó con la sentencia a seis años de prisión en contra del exvicepresidente Jorge Glas.

Otros nueve son por lavado de activos. El abanico de delitos aumenta con casos de concusión, cohecho, captación ilegal de dinero, delincuencia organizada, defraudación tributaria,  testaferrismo y falsedad ideológica, entre otros.

Un supuesto manejo irregular de los sectores estratégicos también es indagado. Se han detectado casos de enriquecimiento ilícito, uno de peculado, otro por cohecho y cuatro donde se analiza a los responsables de otras infracciones.

Hay siete expedientes fiscales en otras instituciones del sector público, como la Secretaría de Comunicación, el IESS, la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. En ellas se analizan posibles delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, defraudación tributaria y lavado de activos.

Y la lista parece que no terminará muy pronto. El consejero de Participación Ciudadana, Luis Hernández, anuncia que en los próximos días harán públicos los resultados de sus investigaciones a cuatro proyectos ejecutados en el gobierno pasado, en los que existen sospechas de corrupción.

Incluyen las hidroeléctricas Toachi-Pilatón y Manduriacu, Refinería del Pacífico y el dinero que nunca llegó para reconstruir Manabí y Esmeraldas.

De las denuncias a la recuperación del dinero
La ministra del Interior, María Paula Romo, sostiene que aún hay mucho que hacer en materia de corrupción. Destacan los avances que impulsa el Gobierno para recuperar la institucionalidad del país. En otras palabras, que jueces y fiscales actúen con independencia para sancionar a los responsables.

“Hay la voluntad de que se esclarezcan las cosas”, dijo la funcionaria en una visita a la Asamblea, institución que también tiene un rol en combate a la corrupción.

En la agenda del Parlamento están en trámite tres leyes que buscan recuperar el dinero ilícito, producto de actos ejecutados por fuera de la ley. Dos fueron impulsados por la función Ejecutiva.

La propuesta pretende decomisar los bienes a los sentenciados por corrupción, facilitar la recuperación del dinero y agilizar los procesos de repetición para hacer responsables a los funcionarios involucrados. 

Contempla una recompensa de hasta el 20% del monto recuperado a quienes entreguen información efectiva para ubicar los recursos.

Los proyectos enviados por Carondelet se encuentran en la Comisión de Justicia, pero su trámite ha sido cuestionado por el Gobierno.

En la mesa legislativa se defiende respondiendo que se trabaja en su redacción.

La legisladora de Alianza PAIS Ximena Peña cree que el trabajo de esta comisión en otras leyes ha sido bueno, pero a diferencia de otros grupos legislativos la articulación con el Ejecutivo no ha sido sencilla. 

Otro cuerpo legal fue presentado por la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas. La iniciativa ya pasó el primer debate y regresó a la Comisión de Participación  Ciudadana.

Dicho proyecto busca que la ciudadanía se empodere de la lucha contra la corrupción, investigando y supervisando que los responsables sean sancionados.

La ONU pide acciones globales
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advierte que cada  “año se paga un billón de dólares en sobornos y se calcula que se roban $ 2,6 billones anuales a través de la corrupción, suma que equivale a más del 5% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial”.

Países pobres o en vías de desarrollo son los más afectados. Por la corrupción se pierde una cantidad de dinero 10 veces mayor a la dedicada a asistencia oficial para el desarrollo. (I)