La corrupción al igual que la pandemia es uno de los problemas más graves que enfrenta el país y, desde luego, el Gobierno de turno.

Desde diferentes frentes se ataca este mal, que no es nuevo, pero que sí afecta mayormente a todos los ecuatorianos, en el contexto de la emergencia por la que se atraviesa, producto del covid-19.

¿Cuál es su opinión sobre todo este entramado de corrupción?

La lucha por la corrupción debe ser permanente, debe ser una política de Estado, no una coyuntura; no debe ser cercana a las elecciones; debe ser institucional y sistemática. A buena hora la Fiscalía ya se centra en más casos. Debe ser una política institucional y mantenerse en el tiempo.

En ese contexto, ojalá se mantenga, pero fundamentalmente que se respete el debido proceso, porque acusar a personas sin aplicar el debido proceso termina perjudicando la aplicación de la justicia. Que caigan quienes tienen que caer, pero en la medida que se mantenga el debido proceso y que las personas que tengan que dar cuentas las den.

En medio de la pandemia se destapan actos de corrupción como los supuestos contratos con sobreprecio para la compra de insumos médicos.

Más que un Gobierno, la justicia debe de promover la ausencia de impunidad del presente, el pasado, y evitar que haya más en el futuro; siempre, obviamente, dentro de lo que establece el marco de la legalidad.

¿Cómo ve usted el reciente caso de Daniel Salcedo, vinculado con el expresidente Abdalá Bucaram y su hijo “Dalo”?

Creo que eso lo tiene que determinar la justicia; me parece que este contratista ha trabajado con varias entidades y funcionarios de Estado, pero eso no es un problema, que una persona haga negocios con el Estado no es malo, el problema son los negociados; entonces la justicia debe determinar si existen (negociados) y esto no debe tener un tinte mediático ni político ni de redes sociales, sino que es un tema exclusivamente judicial.

¿Cree que los entes de control tardaron en reaccionar?

Nunca es tarde para aplicar la justicia, pero creo que debe ser, insisto, permanente e institucional, no solo en función de uno u otro personaje y, fundamentalmente, aplicar el debido proceso a las personas que se compruebe fehacientemente que tienen culpabilidad.

¿Por qué se ha arraigado tanto en el país este problema de corrupción, en sus distintas formas?

Esto viene ocurriendo desde 1830 cuando se fundó la República; lamentablemente no es un problema actual, es un problema endémico, sistemático que está arraigado en nuestra sociedad y sobre todo en el ejercicio público. Ahora eso no significa que lo privado sea sinónimo de transparencia, también se ve corrupción en el ámbito privado y podemos ver gente que viene del mundo privado como Collor de Mello (expresidente de Brasil), Ricardo Martinelli (expresidente de Panamá), Pedro Pablo Kuczynski (expresidente de Perú).

No es un tema de lo público o lo privado, sino de transparencia en general y es fundamental, en ese sentido, que el manejo de la cosa pública pase por personas más transparentes y que los gobiernos cada día tengan más control y menos poder.

¿Cómo hacer que el manejo de la cosa pública pase por manos transparentes si algunos políticos dan vuelta de un partido a otro y son los mismos, que muchas veces, siguen en el poder?

Lo que pasa es que la corrupción en general está enquistada en algunos sectores, incluso desde nuestra cultura, por ejemplo el tipo que se pasa la luz roja, el vigilante... el tema es estructural, arraigado en la cultura, hay que erradicarlo y eso va a tomar un tiempo; es un cambio de actitud y obviamente en el hecho de que se involucren personas transparentes y en la trasparencia de los procesos.

No se puede generalizar que todos los empresarios son malos o ladrones, o que todos los políticos son ladrones, o que todos los funcionarios públicos lo son; el generalizar también es una forma de corrupción. En ese sentido creo que viene un tema de cultura en el cual va a tener que hacerse un cambio radical y eso viene desde las personas que elijamos.

¿Cree que el tema de la corrupción, la sociedad lo ve como algo lejano y que solo se remite a lo que está pasando ahora?

La corrupción está arraigada en el Ecuador y es un problema con el que tenemos que tratar y los organismos de control, la justicia, deben cumplir con su rol, pero lamentablemente la misma política suele estar involucrada en ese sentido.

¿Cómo ve el panorama preelectoral en medio de una crisis sanitaria y económica por la pandemia?

Lo que veo es un ambiente en el cual la agenda de la gente va a estar sin duda en lo económico y también esto va a pasar una factura al Gobierno. Habría que ver cuál es su posición electoral. Alguien va a tener que pagar la factura del Gobierno y no sabemos si va a ser Otto Sonnenholzner, si es Guillermo Lasso.

Es muy temprano, pero consecuencias va a tener, con los despidos, con los recortes en salud, en la educación. Entonces, estas son banderas que son fáciles de tomar por cualquier fuerza política empezando por el correísmo, que de alguna forma podría capitalizar este tipo de situaciones que el Gobierno tomó por las razones que sean.

Habrá una agenda que va primero en lo económico y segundo en el tema de la salud, también por la pandemia, y lo que sucedió en Guayaquil. Hay una infinidad de factores y de situaciones que van a elaborar un escenario en el cual alguien debería capitalizar electoral y políticamente esta situación.

Y en teoría, la única oposición que tiene el Gobierno, al menos formal, es el correísmo y los indígenas. De ahí los socialcristianos y CREO han sido aliados circunstanciales y, en el caso de Sonnenholzner -que no está claro todavía si va a ser candidato oficial y que es la mejor figura del Gobierno- también es otra opción que estaría en el tapete.

¿Cree que el paro de octubre incidió en la crisis que tenemos ahora?

La crisis de octubre lo que generó es ponernos dos presidenciables más en la carrera que son Leonidas Iza y Jaime Vargas.

Lo que se hizo en octubre de alguna forma fue presentar en la escena a la Conaie como alternativa electoral, que no lo era antes de octubre, y eso creo que fue producto de un error comunicacional que cometió el Gobierno. Hay que reconocer que la comunicación del Gobierno ha cambiado para bien en manos de Gustavo Isch.

¿El objetivo del paro indígena de octubre, más allá de reclamar por el decreto 883, era también recuperar el liderazgo perdido?

Hay que reconocerle a este Gobierno que de alguna forma le devolvió un poco ese oxígeno a las agrupaciones sociales que habían perdido.

Sectores como la Conaie, los sindicatos, estuvieron muy afectados durante el correísmo; se debilitó su capacidad de articulación, algo que revocó el gobierno de Moreno y finalmente terminó afectándole porque estos grupos sociales de alguna forma volvieron a institucionalizarse como movimientos sociales. (I)