El presidente Rafael Correa expuso el problema de las altas indemnizaciones del sector público durante su habitual enlace ciudadano. Como solución propuso una reforma constitucional que permita unificar el sistema laboral ecuatoriano.

El gobernante manifestó que los trabajadores del Estado se rigen por la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), que fija como límite de indemnización 300 salarios básicos. Sin embargo, hay entidades que se manejan con el Código de Trabajo, lo que permite la firma de contratos colectivos que no respetan los límites fijados por la Losep.

El gobernante lamentó que bajo estas condiciones hay empleados públicos que al renunciar reciben liquidaciones de entre 90.000 y 100.000 dólares.

Además estas prebendas permiten la flexibilización de la jornada laboral y hasta el pago de vacaciones para toda la familia del empleado.

“Hay que poner límites a todo esto”, sentenció el Primer Mandatario. Para ello propuso una reforma constitucional que unifique el sistema laboral ecuatoriano.

El objetivo sería establecer límites al pago de las liquidaciones para evitar excesos. Y dijo que el bloque de Alianza PAIS cuenta con los votos necesarios para sacar adelante esos cambios.

De igual manera llamó a todas las bancadas legislativas a debatir sobre el tema.

Correa mostró un cuadro donde se desglosan los despidos por ministerio y cuánto le cuesta al Estado ecuatoriano.

Entre 2011 y 2013, el Gobierno ha desembolsado 641 millones de dólares solamente para el pago de indemnizaciones.

El Jefe de Estado aseguró que esos recursos hubieran servido para construir hospitales y escuelas del milenio en todo el país.

Luego de esa explicación nombró los ministerios que más han despedido personal.

En primer lugar está la cartera de Educación. Correa afirmó que eso responde a que debían jubilar de manera urgente a profesores con más de 75 años que aún ejercían.

Los ministerios de Educación, Salud, Justicia e Interior son los que más han despedido personal

Además añadió que el régimen está decidido a renovar la planta docente, solo que antes los maestros preferían seguir trabajando porque la jubilación era muy baja.

Sin embargo, indicó que ahora que el salario básico es de 318 dólares, los profesores reciben una liquidación justa.

En segundo lugar está la cartera de Salud, donde se ha desenrolado doctores, mientras que el tercer puesto lo ocupa el Ministerio de Justicia debido al despido de los guías penitenciarios.

En la cuarta ubicación aparece el Ministerio del Interior por el despido de policías.

Con este anuncio, Correa advirtió sobre un boicot de la prensa corrupta que intentará crear el caos en el país.

Aseguró que el objetivo de algunos medios será desestabilizar al país con informaciones incorrectas para convocar a una huelga general, lo que no ha ocurrido durante el tiempo que Correa gobierna Ecuador.

La intención, agregó, será crear un escenario similar al del 30 de septiembre de 2010, cuando una reforma al sistema laboral público desembocó en una huelga de policías, que terminó en el secuestro del Presidente.

Pese a ello insistió en la necesidad de aplicar reformas legales que eviten el despilfarro, pues a su juicio el país requiere ingentes recursos para obras de infraestructura, además de un relevo generacional en el servicio público.

Servicio de protección

Correa también anunció que una vez aprobada la Ley de Seguridad se creará un cuerpo especializado denominado “Servicio de Protección de Altas autoridades del Estado”.

“Queremos con la nueva Ley de Seguridad una reforma completa y hacer un cuerpo especializado de seguridad de altas autoridades del Estado”, dijo el Mandatario.

Correa destacó el trabajo de los militares, pero aclaró que ellos tienen otra formación porque acostumbran a enfrentar al enemigo, mientras que la seguridad presidencial tiene que estar en contacto con los ciudadanos.

“Queremos formar este cuerpo especializado, pero como en todo, ya existió una campaña de prensa que señala que queremos crear la guardia pretoriana del presidente. No saben lo que hablan”, cuestionó.

Empresa militar dio asesoría a Chevron

El presidente Rafael Correa denunció los alcances de un contrato firmado hace una década por una empresa de las Fuerzas Armadas para brindar servicios de seguridad e inteligencia a la transnacional Chevron.

El Jefe de Estado informó que los documentos del contrato firmado durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, entre la empresa Sepriv, de las Fuerzas Armadas, y la petrolera estadounidense, los enviará para el análisis de la Contraloría del Estado, debido a la presunción de peculado.

El Mandatario señaló que este contrato benefició a Chevron con la construcción, utilizando fondos públicos, de una residencia dentro de una base militar en la Amazonía, lo cual se contrapone con las leyes nacionales que prohíben una instalación privada dentro de un campamento militar.

Los documentos señalan también que la contratista militar Sepriv se habría beneficiado con el pago de 3 millones de dólares de la empresa petrolera.

“Exijo una explicación de las Fuerzas Armadas sobre este tema”, remarcó el Jefe de Estado, quien alertó a la ciudadanía sobre los riesgos, incluso contra su vida, por hacer esta denuncia.

Además Correa mostró los nexos entre antiguos funcionarios de gobierno con la petrolera, en el marco de la campaña “La mano sucia de Chevron”.