El presidente de la República, Rafael Correa, anunció que la Policía hará un nuevo intento por ingresar a la comunidad Sarayaku, con el objetivo de solicitar la entrega de Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, sentenciados a prisión por injurias. Si la acción es impedida declarará el estado de emergencia, advirtió el gobernante.

“Vamos a entrar nuevamente con la Policía Nacional, diciendo ‘por favor entreguen a los prófugos’. Si impiden la acción de la Policía con estos grupos armados, declararemos el estado de emergencia”, apuntó Correa en una entrevista con Nortevisión y Radio Ondas Carchenses.

“Nosotros no podemos exponer a nuestros maestros, a nuestros médicos, a que vayan a comunidades donde descaradamente sale gente con traje de camuflaje, con caras cubiertas, y luego dicen que son costumbres ancestrales. ¡Por favor, ya basta de tanta hipocresía!”, subrayó.

Correa indicó que prácticamente la intención es “hacer república aparte dentro del territorio nacional, en nombre de costumbres ancestrales”. “Aquí existe solo una nación, esto está contradiciendo totalmente la Constitución”, manifestó el Jefe de Estado.

También señaló que seudos expertos en derecho, para atacar al Gobierno, justifican la situación.

Por ejemplo, manifestó, “han dicho que no hay grupos armados y paramilitares” en Sarayaku, sino que “son las escopetas que usan para la caza”.

“Sí, la escopeta que usan para la caza, y toditos con botas, pantalón de camuflaje, chalecos y camisetas negras. ¿A quién quieren engañar?, ¿por qué se engañan de esa manera?”. ¡Qué daño hacen al país, a la verdad!”, sostuvo el Mandatario.

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El Mandatario manifestó que ahora se están evidenciando cosas que antes pasaron inadvertidas, “por ejemplo, que estos señores tenían su propia policía. Eso es inconstitucional. La fuerza pública la tiene que manejar el Estado”, afirmó.

También expresó que están “torciendo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que prohibía la entrada de militares para exploración petrolera, etc. Ahorita puede entrar la fuerza pública, militares y Policía, pero están utilizando eso para confundir a la gente”.

Correa reiteró que lo que está sucediendo en Sarayaku es “gravísimo”, se están cometiendo delitos, y por lo tanto “no hay nada que negociar”. “Se actuará con todo el rigor de la ley y se hará todo lo que se tiene que hacer”, remarcó.

En esa misma línea, el jurista Farith Simon indicó ayer, en una entrevista con Radio Visión, que la sentencia de la CorteIDH sobre el caso Sarayaku es clarísima.

El fallo obliga al Estado ecuatoriano, para él, a consultar con la comunidad cualquier actividad en su territorio que pueda afectarles. Sin embargo los indígenas no tienen autoridad para otros temas.

Simon señaló que la sentencia aborda el asunto derecho-propiedad. Recordó que la Constitución aclara que Ecuador es un estado unitario.

En cambio, la asambleísta de Pachakutik, Lourdes Tibán, aseguró ayer que Jiménez ya habría salido de la comunidad Sarayaku.

La asambleísta Tibán, quien habría viajado a la zona, contó que “existe zozobra y amedrentamiento en sus habitantes por los sobrevuelos y la repentina presencia de un helicóptero”.

RENUNCIA DE GOBERNADORA MARCÓ CITA

Con la renuncia de la gobernadora del Carchi, Laura Mafla, inició ayer el gabinete itinerante en el cantón San Pedro de Huaca. El jefe político, Carlos Navisoy, quedó como gobernador encargado para recibir al Jefe de Estado y sus ministros.

El Primer Mandatario, en el salón del Municipio de Huaca, mantuvo un conversatorio con medios de comunicación de la provincia del Carchi.

La salida de la funcionaria habría ocurrido por una mala gestión durante un operativo del Senae a inicios de abril.

Sobre hechos violentos, Correa dijo que “esa gente que cometió tan grave delito por secuestrar a funcionarios públicos deberá ser enjuiciada”.

Por su lado Francisco Hernández, director distrital del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), señaló que están dispuestos a brindar apoyo total a los comerciantes. Anunció que el lunes próximo iniciarán capacitaciones sobre normativa aduanera con comerciantes y que al momento se habrían registrado 72 personas.

Recordó que el fiscal el día del decomiso de la mercadería inició de oficio la denuncia por la agresión a los funcionarios aduaneros por parte de ciertos comerciantes.

Viviana Bonilla, secretaria de Gestión de la Política, dijo que el reemplazo de la gobernadora del Carchi será analizado la próxima semana. Hasta el momento no se conocen nombres de postulantes.