Entre enero y junio de 2019, la Contraloría General del Estado aprobó 732 informes generales y penales. Estos son de las operaciones de las instituciones del sector público y de las entidades de derecho privado que manejan fondos del Estado. Esos informes generales contienen datos valiosos sobre las omisiones en la aplicación de la ley.

En febrero, la Contraloría aprobó el informe del examen especial al cumplimiento de los requisitos para el traspaso de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados y su administración en el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

La auditoría determinó que, previamente a la transferencia, no se verificó el aporte de recursos públicos a los fondos a través de informes finales de auditoría externa.

Además, los representantes legales y administradores de los fondos fueron designados sin concurso de méritos y se concedieron préstamos a los empleados de los Fondos de Jubilación y Cesantía sin que ellos participen. También están los exámenes aprobados a los proyectos mineros Cascabel (entre  Imbabura y Carchi) y Llurimagua (Imbabura).  

Las auditorías develaron la ausencia de estudios ambientales y de medidas para minimizar la afectación a cuerpos de agua, flora y fauna.

El jurista César Coronel indicó que tras 10 años “de corrupción permanente y solapada”, el contralor Pablo Celi tiene una “tarea titánica” de despachar la mayor cantidad de informes.

Señaló que es importante continuar con las investigaciones de los actos de corrupción del Gobierno anterior y que estas “sean serias, objetivas, minuciosas. Tampoco deben dejar cabos sueltos”.

Mientras que el jurista Franklin Moreno opinó que la Contraloría debería revisar actualmente el caso Odebrecht y su intención de regresar al país.

“La Contraloría debería revisar los informes emitidos en la época de (excontralor Carlos) Pólit porque ahí está el encubrimiento y se necesita transparentar ese tema y la relación de Odebrecht y de otras empresas”, dijo.

La Contraloría también informó en este primer semestre sobre las responsabilidades dispuestas en ejercicio de la potestad sancionatoria de la institución, las glosas y las órdenes de reintegro, que suman $ 625’244.750. Además confirmó multas por $4’067.206 y se recaudaron $ 4’265.336 como resultado de la labor de coactivas. (I)